Un ingeniero que se vuelve chofer de taxi es el ejemplo más claro de cómo la mala asignación de recursos es la principal razón del estancamiento de la productividad y del bajo crecimiento económico de México.
Así como los trabajadores no se emplean en ocupaciones congruentes con sus habilidades, los apoyos ayudan a sobrevivir a empresas improductivas y dejan morir o no ayuda a crecer a las de mayor producción, señala el estudio Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los individuos con las mismas habilidades y educación, trabajando la misma cantidad de horas, invirtiendo la misma cantidad de dinero y con acceso a las mismas tecnologías, producirían más y México crecería más rápidamente si hubiera una gestión eficiente de los recursos, subraya el informe.
La mala asignación se interpreta aquí como una situación en que la distribución de individuos entre diferentes ocupaciones, la distribución de empresas entre diferentes sectores o tamaños, y la correspondencia entre empresas y trabajadores de diferentes habilidades, distan mucho de ser óptimas.
Santiago Levy, autor del libro y vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, critica el apoyo a las empresas pequeñas por motivos sociales y el alto índice de empresas informales en México.
Las empresas informales absorben una cantidad importante de capital y trabajo y están en toda la economía, aunque la mayoría se encuentran en las manufacturas, el comercio y los servicios. En 2013, éstas representaron el 90% de todas las empresas, absorbieron más del 40% del acervo de capital y el 55% del empleo.
La distinción entre empresas con trabajadores asalariados y no salariados es más relevante que la distinción entre empresas formales e informales.
Las empresas con trabajadores asalariados (legales o ilegales) son entre un 40% y un 80% más productivas que aquellas con trabajadores no asalariados.
Las empresas con más de 50 trabajadores asalariados son las más productivas de todas.
El problema es que en México las políticas están diseñadas específicamente para ayudar a las pequeñas empresas, sin distinguir si se trata de empresas con trabajadores asalariados o no asalariados, mientras que otras políticas están específicamente diseñadas para ayudar a empresas pequeñas con trabajadores no asalariados.
Esto es resultado del mal funcionamiento de instituciones clave que influyen en la vida cotidiana de trabajadores y empresarios, apunta el informe.
Pero aunque todas las instituciones funcionaran perfectamente, hay políticas que sesgan el tamaño y la composición contractual de las empresas de maneras que son perjudiciales para la productividad. No se trata únicamente de instituciones que funcionan mal, hay algunas políticas que son profundamente problemáticas.
El estudio critica también la eficacia de las exenciones al IVA como instrumentos redistributivos, pues dice que mientras el segmento de alta productividad de la economía es fuertemente gravado y el segmento de baja productividad fuertemente subsidiado.
Los sindicatos y la corrupción
Los sindicatos del sector público, dice el autor, son en parte responsables de la baja calidad de los servicios públicos, y del pequeño subconjunto de empresas privadas en mercados oligopólicos que extraen rentas y son en parte responsables de la mala asignación del crédito a las demás empresas.
A esto se suman las faltas a la ley y la corrupción.
“El cumplimiento imperfecto de contratos es un efecto colateral de un estado de derecho débil, una situación que permite el ejercicio del poder discrecional por parte de funcionarios públicos para favorecerse a sí mismos y a un número pequeño de empresas muy grandes y de individuos influyentes, y que facilita el tráfico de influencias, la impunidad y la corrupción”.
Grupos poderosos —políticos, empresarios, sindicatos— obstruyen y socavan el funcionamiento efectivo de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los contratos y aplicar las leyes de competencia.
El informe sostiene que la manera más efectiva para aumentar el crecimiento y la productividad, y acrecentar la cohesión social, es reformar las políticas e instituciones que apuntalan la mala asignación.
Propone, entre otras medidas, reemplazar la actual multitud de programas sociales y de transferencias con un único programa de seguridad social para todos, reemplazar las regulaciones sobre indemnizaciones por despido por un adecuado seguro de desempleo, eliminar las exenciones al impuesto al valor agregado (compensando a los hogares menos pudientes por la pérdida de ingresos), reducir los impuestos a la nómina, y fortalecer la autonomía de las instituciones judiciales encargadas de hacer valer los contratos.
“Se han hecho muchas propuestas para acelerar el crecimiento en México, desde invertir más en infraestructura hasta mejorar la educación”, afirma Santiago Levy. “Pero como están las cosas, los esfuerzos invertidos en ellas serán mal recompensados. Mientras perduren las instituciones y políticas que generan la mala asignación”.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.
