Una situación compleja se vive en la Municipalidad de Quinta Normal, luego de que el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana suspendiera por dos meses a la alcaldesa demócrata cristiana Carmen Gloria Fernández, por “infracción grave a las normas sobre probidad administrativa en el ejercicio de sus funciones”.
Las acusaciones fueron interpuestas por los concejales RN Natalia Silva Herrera, Hilda Landeros Gallardo y el UDI Lorenzo Mora en contra de la alcaldesa, aludiendo “notable abandono de deberes e infracción grave a las normas de probidad administrativa”.
Son varias las irregularidades que pesan sobre la suspendida alcaldesa que motivaron la decisión del Tribunal Electoral. Entre ellas, destaca el no pago de cotizaciones previsionales “de los funcionarios de la Corporación Comunal del Desarrollo de Quinta Normal, desde enero de 2017 hasta abril de 2018, y cuyos montos ascienden a $140 millones”, señala la resolución.
Al respecto, la concejala Natalia Silva calificó el hecho como grave, y aclaró a El Mostrador que muchos de los trabajadores “no se han podido pensionar por no tener las cotizaciones pagadas. Obligar a la gente que trabaje por muchos años y no permitirle que se vayan a su casa jubilados, eso es muy grave”.
Al respecto, la alcaldesa alegó en su respuesta al tribunal electoral que el no pago de cotizaciones responde a un “déficit histórico de larga data, tratándose de un antecedente que debe considerarse”.
Argumento refutado por Silva, quien en conversación con El Mostrador indicó que “es posible que mucha de esa deuda se vaya arrastrando, yo creo que la peor cantidad de la deuda le corresponde al período de ella, pero el período anterior fue de su padre (Manuel Fernández), así es que finalmente son ellos, los Fernández, los que han cometido el abandono de esta deuda”.
El fallo también hace hincapié en “descuentos voluntarios y legales a los trabajadores, sin enterarlos en las instituciones o personas respectivas (Cajas de compensación, beneficiarios de retenciones legales, Tesorería General de la República), haciendo, por un lado, que los beneficiarios se constituyan en mora y sean objeto de posibles cobranzas judiciales y embargos y, por el otro, que la Corporación se endeude por las multas e intereses”.
En esa línea, el informe señala que “se decretó como medida para mejor resolver pedir los informes pertinentes a Coopeuch y a la Caja de Compensación La Araucana, recibiéndose el oficio de fojas 713 remitido por la primera de dichas entidades, en el que se da cuenta al día 30 de noviembre de 2017, la Corporación Comunal de Quinta Normal no registra deudas en la institución”.
Silva informó que el Concejo se reunirá el próximo lunes 23 de julio a las 18 horas para tratar este tema.
Pese a la resolución del tribunal, en el entorno de la alcaldesa aseguran que la jefa edilicia se mantiene en funciones y que están a la espera de la apelación presentada ante la misma instancia.
Irregularidades en el programa de integración escolar de junio de 2014
La resolución del Tribunal Electoral también señala una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República al programa de integración escolar de junio de 2014. “La cuenta corriente se encontraba desactualizada hasta el mes de octubre de 2013 y los remanentes no utilizados, determinándose un saldo sin ejecutar de $295.800.427, el que sumado al saldo de arrastre del año 2012, totaliza $690.670.071.
Al respecto, Contraloría sostiene que los hechos señalados “podrían revestir el carácter de delito, por lo que remitiría los antecedentes al Comité Judicial a objeto que, de ser procedente, formule la denuncia respectiva. Lo expuesto dio lugar a una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado ante el 6° Juzgado de Garantía”.
