Diversas críticas ha merecido la carta que 43 personalidades políticas nacionales han enviado a la presidencia del Poder Judicial brasilero en apoyo a la candidatura del ex Presidente Lula da Silva. En particular se les ha reprochado el desconocimiento del estado de derecho y la independencia de la judicatura en Brasil, así como el respeto a las normas democráticas de no intervención foránea.
Estas duras reacciones se han realizado ligeramente sin considerar cruciales elementos de contexto que hacen perfectamente legítimo este escrito y que muestran que, más allá de las apariencias, Brasil vive una profunda crisis política -deliberación castrense incluida- lo que arroja serias dudas sobre la imparcialidad y justicia de los juicios que enfrenta el ex Presidente. Las instituciones que en esa democracia deben decidir si hay delito o no muestran severas debilidades.
El actual juicio no da las suficientes garantías legales para un juicio justo e imparcial. De acuerdo a Open Democracy: “la sentencia del juez Sergio Moro no presenta ninguna evidencia concluyente del crimen de corrupción y lavado de dinero; los trámites del proceso en los tribunales se han acelerado en un tiempo récord y se han ignorado los derechos que prevé el derecho procesal; el Supremo Tribunal ha hecho uso de una interpretación muy restrictiva de la ley al decidir sobre el habeas corpus en detrimento de los intereses del acusado”. (17/04/2018).
Por su parte, tal como se evidenció en las últimas semanas, la judicatura brasilera muestra conductas erráticas, contradictorias y enfrenta fuertes presiones que cuestionan su neutralidad. Según el abogado Ivar Hartmann de la Fundación Getúlio Vargas, “La gente cree que el poder judicial está políticamente contaminado y, por lo tanto, duda de su independencia y también de que las decisiones de la Justicia se basen únicamente en fundamentos legales”.
A su vez, este juicio se inscribe en el permanente intento de la derecha brasilera de lograr el poder sin elecciones judicializando la política al extremo. De hecho, esto lo ha venido realizando con anterioridad vía acusaciones presidenciales o impeachment encontrando en el poder legislativo el espacio favorable para eliminar a sus rivales. El Presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) enfrentó con éxito 14 intentos de impeachment, 13 en su segundo mandato (1999-2002). Los intentos contra el ex Presidente Lula se remontan al año 2005 con el fracasado intento de destitución por el escándalo llamado Mensalao, o compra de votos de parlamentarios. Finalmente, en agosto de 2016, lograron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, procedimiento usado por los gobiernos anteriores, sin reparo alguno por parte del Congreso.
En la actualidad el Ejecutivo está aislado, bajo sospecha y sin apoyo popular. El actual presidente en ejercicio, Michel Temer, cuenta con un 4% de simpatía en la opinión pública (Ibope, junio 2018). El Tribunal Supremo abrió una nueva investigación en su contra por sospechas de negociar sobornos para financiar ilegalmente sus campañas electorales. Ocho ministros del gabinete y treinta y nueve legisladores de la cámara baja están siendo investigados – entre ellos, Aloysio Nunes Ferreira, Ministro de Relaciones Exteriores, y el Presidente del Senado, Eunicio Oliveira.
Por su parte, el poder legislativo está sumido en serias acusaciones de corrupción. El 40% de los integrantes del Senado tiene procedimientos abiertos por corrupción (El País, 26/10/2017) y el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, impulsor del juicio de destitución de Dilma ha sido condenado a 15 años por esta razón. A su vez, los hechos de corrupción política no son tratados de igual forma: el Senador Aécio Neves, acusado de delitos de soborno y obstrucción de la justicia, fue restituido por sus colegas del Senado.
La confrontación política ha rebalsado los marcos institucionales y el uso de la violencia por parte de la derecha se ha incrementado. En marzo recién pasado, seguidores de Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha y segundo favorito de los comicios de octubre, bloquearon la entrada a las ciudades con maquinaria agrícola, atacando con piedras, palos, petardos y disparos sobre los autobuses de la caravana de Lula.
Los medios de comunicación, altamente concentrados, informan parcialmente y crean negativo ambiente social durante procesamiento a Lula. La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (Intervozes) ha mostrado durante el juicio a Lula el desequilibrio informativo que ha transgredido la garantía constitucional y el ejercicio de la ciudadanía. Los medios analizados (Folha de São Paulo, Estadão y O Globo) observaron una asimetría de trato sofocando las voces pro Lula y criminalizando a quienes discrepaban del discurso oficial presentado por el Ministerio Público Federal (MPF) y la Justicia. Uno de los contenidos identificados señalaba la necesidad de condena de Lula para lograr la estabilización de la economía.
Como si lo anterior no fuera suficiente, a comienzos de abril oficiales de Ejército amenazaron con un golpe militar si Lula no era encarcelado. Las presiones militares al Supremo Tribunal Federal fueron claras por parte del comandante en jefe del Ejército, Eduardo Villas-Boas: “Aseguro que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales”. Declaraciones que fueron públicamente apoyadas por miembros de su alto mando. El general Paulo Chagas le respondió: “Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes!!”; el general Geraldo Miotto se cuadró con entusiasmo señalándole: “COMANDANTE!!!. Estamos juntos en la misma trinchera”; y el general Dias Freitas remató: “Estamos juntos, comandante”.
En este contexto de serias debilidades de las instituciones democráticas, del estado de derecho, de la subordinación militar, y de una prensa unilateralizada y una derecha violentista, la demanda por un juicio justo e imparcial para el ex Presiente Lula es un deber de todo y cada uno de quienes luchamos por la recuperación de la democracia en nuestro país
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