Un nuevo CAE para consolidar el mercado en educación


Con mucha parafernalia anunció el Gobierno el nuevo crédito que reemplazará el CAE, sacando a relucir como principal fortaleza de este, justamente una de las demandas que ha levantado el Movimiento Estudiantil en la última década: Fin al CAE y sacar a la banca de la educación.
La verdad es que al parecer los mismos estudiantes hemos tenido poca capacidad de respuesta, ya que estamos conociendo una derecha que en vez de plantearse con una ofensiva privatizadora en términos burdos como lo hizo en su primer Gobierno, parece haber aprendido de la Concertación su capacidad para procesar las demandas sociales, generando así reformas que perfeccionen el modelo y a su vez parecen responder a los Movimientos Sociales.
No obstante, si como estudiantes queremos recuperar el terreno perdido, debemos volver a la raíz de nuestras demandas históricas e instalarlas en términos concretos y programáticos. Hoy nos enfrentamos a un escenario de reordenamiento de las fuerzas privatizadoras en educación y un retroceso de la concepción de la educación como derecho social en el debate público.
Muchos se preguntaran ¿porque nos oponemos al nuevo CAE (o SiFS)?. La respuesta es muy sencilla y salta a la luz para cualquiera que haya entendido lo que paso en esta país en el presente siglo. Este nuevo crédito instala un debate de fondo y completamente ideológico, que genera discusión incluso al interior de la misma derecha. Debate claro que no tiene que ver con si consideran la educación como un derecho social o un bien de consumo. El objetivo que hoy se autoimpone la derecha es hacer avanzar al mercado en educación y el sistema de créditos, – hasta ahora en resistencia- haciendo elegir a las instituciones privadas entre mantenerse en la “beca” gratuidad o si sumarse al nuevo CAE.
Las críticas desde el estudiantado son evidentes, seguramente las más icónicas son el DICOM público de deudores o la retención de sueldo, sin embargo la disputa de fondo que viene a instalar este nuevo crédito es la nivelación de la cancha entre universidades privadas y estatales, como respuesta a la supuesta preferencia – legítima por lo demás si es que ocurriese, pero sabemos que no es así – a las Universidades del Estado sobre planteles privados. El crédito viene a plantear una corrección al modelo de educación para intentar reinstalar el más puro laissez faire en educación.
Elementos como el empeoramiento del cobro de la cuota mensual – para estudiantes de universidades estatales, pasando de un 5% a un 10% – profundizan la precarización de la vida y del derecho a estudiar de miles de compañeres. El nuevo crédito permite que las instituciones fijen los precios que gusten entre el séptimo y el noveno decil, a diferencia de lo que ocurre con la gratuidad, ya que los aranceles tienen topes hasta el noveno decil. Justamente en este último punto se inscribe el corazón del proyecto, debido a que genera que en términos financieros sea más atractivo estar en el crédito que en la gratuidad, incentivando así a rectores a salirse de este beneficio, bajo la excusa de que este crédito es prácticamente igual a la gratuidad y más atractivo, pero honestamente lo me temo que lo que buscan es poder aumentar sus honorarios por medio del cobro indiscriminado en los deciles superiores. No podemos permitir que los mismos mercaderes en un debate montado con el Gobierno lleguen al desquicio neoliberal de llamarle gratuidad a un crédito.
No podemos permitir que personeros como José Rodriguez, rector de la U. Andres Bello, perteneciente al Grupo Laureate sean quienes determinen en base a críticas vacías que se hace y no se hace con los recursos del Estado, que Federico Valdes, rector de la Universidad del grupo Penta hable vagamente y de manera poco rigurosa de fijación de precios o el Rector de la Universidad de los Andes acuse de esquizofrénico el sistema, ya que supuestamente se les pide calidad y se les quita recursos al mismo tiempo.
Cuando la verdad, es que lo que les molesta es que les pongan freno al cobro indiscriminado de aranceles en sus Universidades, por ejemplo Medicina en la Universidad de Los Andes cuesta casi 8 millones de pesos, cuando su arancel de referencia está fijado en poco más de 3,5 millones de pesos, realidad que se replica en todas sus carreras. Creo que estos actores deben entender que el Estado no tiene la obligación de entregarles recursos a sus instituciones y que para poder acceder a ellos se deben cumplir ciertos requisitos.
La estrategia ya es conocida, poner en tensión con “fuego amigo” al Gobierno para hacer avanzar la agenda privatizadora, porque la verdad que con este crédito los únicos que ganan son los mismos proyectos ideológicos que conciben la educación como una mercancía.
Por todo esto es que el Movimiento Estudiantil debe ser inteligente en el análisis, saber instalar la crítica y volver a ser un actor relevante en el debate público, ya que lo que tenemos enfrente no es un simple crédito más, sino que es la consolidación del mercado en educación, la reinstalación de la miseria y el endeudamiento como medio legítimo para estudiar, ya no buscando excusarse solo en necesidades económicas, sino en un fundamentalismo ideológico: La educación concebida como bien de consumo.
En síntesis el Gobierno ha abierto un nuevo conflicto, que además de seguir el guión de la educación de mercado, se reinventa en términos técnicos y comunicacionales como no lo hacía hace años para disputar el sentido común. Muchos de los temas antes planteados tendrán ocasión de ser discutidos por los estudiantes de Chile en la próxima plenaria CONFECH a desarrollarse en Valparaíso este mes, donde buscaremos definir una agenda de movilizaciones que genere oposición social a este proyecto que al igual que en otras décadas deja a merced del endeudamiento los sueños de miles de jóvenes chilenos.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



Source link

Related Posts