2017, el más violento contra defensores de la tierra

Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras. Siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia. 
Después de estos ataques, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos instruyó al gobierno mexicano a trabajar con esas comunidades para definir e implementar medidas para su protección. Pese a eso, en febrero de 2017 hubo un asesinato más, el de Juan Ontiveros Ramos.
A su compañero activista le autorizaron recibir protección del gobierno, pero luego del brutal asesinato de Ontiveros prefirió dejar su comunidad y esconderse en una cueva. Ese es el nivel de violencia que viven en todo México quienes buscan proteger sus recursos, alerta el informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017, ¿A qué precio?, de Global Witness.
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El estudio expone que aunque México ha sido desde hace tiempo un país peligroso para los defensores de la tierra y el territorio, en 2017 la situación se agravó: de tres asesinatos en 2016 se escaló a 15 durante el año pasado. 13 de esas personas asesinadas pertenecían a comunidades indígenas.
También a nivel global 2017 fue el año más sangriento para los defensores de la tierra. Casi cada semana cuatro activistas fueron asesinados por defender sus hogares y el ambiente. 60% de esos ataques se registraron en América Latina.
La agroindustria superó a la minería como el sector más violento. “A  menudo, poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, puntualiza el documento.
Un caso de los que documenta Global Witness es justo el de la Sierra Tarahumara, donde la presencia del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado agresiones a defensores, procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno.
Integrantes de la organización civil Alianza Sierra Madre han tenido que salir del territorio. Isela González, activista de derechos humanos de esa OSC, denuncia en entrevista que el nivel de hostigamiento y amenazas que enfrentan es tal que ya no pueden ir a las comunidades si no es escoltados por policías. “A ese nivel de amenazas estamos, pero no vamos a dejar de ir porque las comunidades se quedarían más aisladas”.
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El problema empezó, dice González, a partir de 2007 con la declaración de guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto ha continuado. Se desató una disputa por el control de los territorios y esa disputa se hace con el actuar de sicarios.
“Después los caciques de la zona de Coloradas de la Virgen, comunidad a la que  históricamente han intentando despojar de sus territorios de bosque de pino y encino, establecieron nexos con estos grupos y a través de ellos empiezan a agredir y amenazar a la población y a los defensores de derechos humanos”, asegura la activista.
En Choreachi, agrega “personas relacionadas con grupos del crimen organizado  han incursionado en el territorio de la comunidad para la siembra de estupefacientes y utilizan armamento de alto poder para generar un clima de terror”.  
Todos estos problemas, en la Sierra Tarahumara, en México y en otras partes del mundo, se agravan, dice Ben Leather, encargado de Incidencia de Global Witness por la falta de una implementación adecuada de un marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas que asegure una consulta y un consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos que se planea llevar a cabo en sus tierras.
También hacen falta medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial, pero también de crimen organizado. México, señala el informe, es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica esto no funciona.
“Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatiza a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural”.
El informe de Global Witness insta al Estado mexicano, pero también al equipo de transición y a la nueva administración que está por entrar, a trabajar para  implementar tres grandes líneas de acción:
1.- Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
2.- Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo y garantizar su seguridad.
3.- Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni protejan, deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.
Aquí puedes consultar el informe completo.

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