Dejar a mujeres el trabajo de cuidadoras es discriminación: Oxfam


México está reproduciendo la discriminación y afianzando los privilegios hacia unas cuantas personas al relegar el trabajo de cuidados y del hogar, pues aunque éste ocupa 24% del Producto Interno Bruto (PIB) está totalmente invisibilizado, advierte la organización internacional Oxfam. 
Tres cuartas partes del trabajo del hogar (que incluye cuidar de la casa y de los miembros de la familia) son realizadas por mujeres, cuyo desarrollo se ve siempre limitado por la obligación social de atender sus hogares, lo que marca una importante desigualdad de género, advierte una serie de investigaciones presentadas por Oxfam este lunes.
De acuerdo con los reportes –realizados por investigadores de la Universidad Nacional (UNAM), el Colegio de México, la propia Oxfam y dos sociólogos sudamericanos- las mujeres dedican cuatro horas más que los hombres cada día al trabajo doméstico y de cuidados, en un promedio nacional. Esto significa que ellas hacen estos trabajos durante 26 horas semanales y ellos solo ocho. Esta brecha de género se amplía en las zonas rurales del país, donde las mujeres dedican a estas actividades 33 horas a la semana contra seis de los hombres.
E incluso dentro de las horas que los varones dedican al trabajo doméstico, hay diferencias: ellos realizan tareas breves y no cotidianas, como reparar desperfectos, realizar instalaciones o arreglar el jardín, “lo que sí es trabajo del hogar pero no se hace diario sino eventualmente”, explicó a Animal Político Indra Rubio, coordinadora del Programa de Trabajo de Cuidado de Oxfam. En cuanto al cuidado de personas, la participación masculina es muy breve o nula, según estas investigaciones.
México: asistencialista y cortoplacista
La primera de las cuatro investigaciones presentadas por Oxfam presenta un panorama del trabajo de cuidado en México y América Latina, clasificando las políticas públicas de los países de la región en esa materia. Uruguay es el ejemplo regional: creó un Sistema Nacional de Cuidados basado en consultas con la población sobre sus necesidades. En contraste, México tiene una política de corto plazo y asistencialista: sin evaluaciones ni seguimiento del impacto real en la sociedad; centrada en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y con algunos programas que no tienen conexión entre sí, como las pensiones para adultos mayores y el Seguro Popular. “Tiene que haber un cambio sostenido en la cultura. Debe haber instituciones específicas para atender estas necesidades”, puntualizó Rubio.
La especialista destacó que México cuenta al menos con un sistema de Seguridad Social que incluye facilidades para madres trabajadoras –como las guarderías-, lo que en otros países más desarrollados no existe, como Estados Unidos. Sin embargo, también contrastó la situación de México con la de países europeos en los que existen licencias de paternidad prolongadas o jornadas laborales más cortas.
Tampoco hay en México una política pública de atención integral a adultos mayores, ni siquiera espacios específicos para cuidarlos aun cuando la esperanza de vida sigue aumentando y la población es mucho más longeva.
La única iniciativa que se ha presentado en el país para crear un Sistema Nacional de Cuidados es la de la capital, Ciudad de México, donde en 2017 surgieron iniciativas de ley con este objetivo. Sin embargo, Oxfam las califica todavía como insuficientes porque su enfoque sigue siendo asistencialista y se basa solo en facilidades para trabajadoras formales, cuando la mayoría de las mujeres que realizan el trabajo de cuidado laboran en el sector informal.
Con propuestas como horarios laborales flexibles, licencias de maternidad o guarderías en las empresas privadas, esta iniciativa deja fuera a las trabajadoras informales; sus políticas siguen centradas en el DIF y no contempla la creación de nuevas instancias o mecanismos de atención a grupos específicos, como estancias para adultos mayores o personas con discapacidad.
Pese a ello, la organización considera a este proyecto como un comienzo relevante que puede volverse referente para otras legislaciones estatales y para una nacional, ya que a nivel federal no existe ni siquiera una iniciativa para reconfigurar la manera en que se lleva a cabo este trabajo, que beneficia a todas las demás actividades productivas.
Pagado pero precario
Otro de los patrones de discriminación y desigualdad que se reproducen al no organizar equitativamente el trabajo de cuidado, advierten los investigadores, es la precaria condición del trabajo doméstico remunerado, que se realiza de manera informal y en condiciones desfavorables para quienes lo hacen.
Las trabajadoras y trabajadores del hogar no han conseguido ingresar al mercado formal porque el gobierno mexicano no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ofrece protección específica a estos trabajadores al obligar a los países a reconocerlos en la formalidad y otorgarles los mismos derechos que el resto.
Esta dilación de la ratificación es parte de la visión que se tiene en México sobre el Trabajo de Cuidado, al que se da una dimensión mucho menor de la que tiene, señala Indra Rubio. La marginación y la movilidad son otros factores que afectan a estas personas, ya que suelen tener sus hogares en zonas alejadas y deben realizar largos traslados hacia su lugar de trabajo, lo que les resta aún más tiempo para dedicar a sus propios hogares, a su familia o al descanso.
Esto genera una cadena de desigualdades, advierte la experta de Oxfam, ya que mientras las trabajadoras del hogar salen a trabajar, hay otra mujer cuidando su casa que también tuvo que dejar sus actividades para apoyarla.
Ante este panorama, la organización -cuyo trabajo se enfoca en la desigualdad económica, laboral y social- lanzó un llamado a que los gobiernos federal y local construyan un Sistema Nacional de Trabajos de Cuidado sobre cuatro premisas básicas: reconocer el cuidado del hogar y la familia como un trabajo formal; garantizar el derecho de todas las personas a recibir cuidados profesionales en condiciones adecuadas y provistas por el Estado; redistribuir la responsabilidad del cuidado que recae desproporcionadamente en las mujeres -sobre todo en las más pobres y pertenecientes a grupos vulnerables-, y garantizar condiciones de trabajo dignas y suficientes para los trabajadores del hogar.



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