CONICYT ha anunciado el pasado 12 de julio, que el problema de otorgamiento de los beneficios complementarios de las becas doctorales no se debe a recortes presupuestarios ni a una mala gestión, sino que al incremento significativo en la demanda de estos beneficios frente a una asignación del Presupuesto Nacional que fija el marco de los mismos (37.985 millones de pesos en 2018) y que en los últimos años ha tenido un incremento muy leve del 2,5% en 2017 y 2,3% en 2018.
La Universidad de Santiago de Chile se hace cargo de la inquietud de nuestros 112 estudiantes doctorandos becarios porque esto no sólo los afecta a ellos, sino que a la institución y al país. Más de la mitad de nuestros becarios (56%) han sido perjudicados por esta situación. Lo cual incide en el progreso de sus investigaciones doctorales y/o les obligará a readecuar sus proyectos, dañando la calidad de su formación y de sus programas doctorales y por ende podría influir también en los compromisos que estos becarios han contraído con la misma CONICYT.
Esta problemática, que posee dimensiones institucionales, personales e incluso familiares, repercute ciertamente en la formación avanzada de personas que contribuyen significativamente al conocimiento y al progreso del país.
El incremento en la demanda por becas de postgrado que incluyen estos beneficios ha sido muy importante estos años. En efecto, el desarrollo de la educación superior chilena implica que, entre otros indicadores, la matrícula en postgrados se ha visto incrementada considerablemente. De acuerdo a los datos del SIES en un 65,1% entre 2009 y 2018, incluyendo un incremento del 83,1% de la matrícula de alumnos de Doctorado entre 2007 y 2016.
Nuestra pregunta es ¿qué tipo de política de largo plazo en ciencia y tecnología, y en formación de capital humano avanzado, pretende elevar nuestros indicadores a nivel internacional si los presupuestos respectivos sólo se elevan marginalmente, cuando no se restringen?
Tenemos la convicción que es necesario una toma de conciencia, de parte de las autoridades ejecutivas y legislativas, que no será posible avanzar en un desarrollo integral sin invertir de manera más coherente y eficaz en la formación de capital humano avanzado en el país.
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