Demandan a más de 200 jueces en Chihuahua por no publicar sus sentencias

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que promovió un amparo en contra de más de 200 jueces y magistrados de Chihuahua por no hacer públicas todas las sentencias que emiten.
La demanda fue interpuesta, detalla MCCI, dado que los tribunales del estado fronterizo solo hacen público un número reducido de sentencias, en tanto que la difusión del resto de las resoluciones la decide cada juez.
“Esto refleja una opacidad total en Chihuahua y un riesgo potencial para la comisión de actos de corrupción”, argumenta la organización.
Agregan que “entre menos se dé a conocer la manera en la que los jueces y magistrados resuelven, menores serán los incentivos para que dichos funcionarios sean imparciales, pues su labor se encontrará al margen del escrutinio ciudadano”.
De acuerdo con datos de MCCI entre enero de 2016 y julio de 2018, el Poder Judicial de Chihuahua emitió 87 mil 954 sentencias, de las cuales solo ha hecho públicas mil 687, cifra que equivale a menos del 2 % del total.
MCCI tratará de que la denuncia interpuesta sea respaldada por las leyes de transparencia, las cuales obligan a poner a disposición de los ciudadanos las sentencias de “interés público”.
“MCCI considera que la impartición de justicia es de interés público, por lo que todas las resoluciones de los jueces del país deben ponerse al alcance de todos”, expresan en un comunicado.
Por tanto la organización buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine qué debe entenderse por sentencia de interés público.
No es la primera acción de este tipo que se toma pues en marzo pasado se presentó también una demanda de amparo en contra de los jueces y magistrados de Zacatecas por violar esta misma obligación.
Respecto al tema, Gerardo Carrasco Chávez, director de Litigio Estratégico de MCCI resaltó que la acción fue tomada pues “la falta de transparencia y rendición de cuentas son incentivos para que los servidores públicos cometan actos de corrupción”, lo cual impide alcanzar un Estado de Derecho en México.
“Es a través del análisis de las sentencias que emiten los jueces y magistrados, que los ciudadanos podemos verificar si los tribunales mexicanos imparten justicia con apego a los principios que deben imperar en un Estado de Derecho”, finalizó.

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