El Congreso de Veracruz interpuso un recurso de revisión en contra de la decisión de un juez federal que le ordenó legislar la despenalización del aborto en el estado.
Por tal motivo no acató la orden del Juez Décimo Octavo de Distrito con sede en Xalapa, José Ezequiel Santos Álvarez, quien había dado de plazo el 31 de julio para reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local. La Sexagésima Cuarta Legislatura concluyó su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones sin incluir siquiera el tema en la orden del día.
El recurso de revisión fue presentado el 19 de julio por el Director de Servicios Jurídicos del órgano legislativo y turnado a un Tribunal Colegiado de Circuito, que deberá resolver si confirma, modifica o revoca la sentencia. Se estima que el trámite dure el tiempo suficiente para ser materia de la nueva legislatura, con mayoría de Morena, que entrará en funciones en noviembre.
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La orden del juez Santos Álvarez se dio el pasado 2 de julio, luego de conceder un amparo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Derechos Humanos y Género, Colectivo Feminista de Xalapa y Colectivo Akelarre por considerar que la penalización del aborto resulta “violatoria del derecho a la vida, a la libertad, a la protección de la salud, la libertad de la mujer sobre su cuerpo, de igualdad de género, de no discriminación, la libertad reproductiva, la libertad sexual, el derecho a la libre maternidad, el derecho a la intimidad o privacidad sexual, la libertad de religión y los derechos sexuales”, entre otros.
Esta es la primera vez que un juez federal ordena a un congreso local reformar una ley con efectos generales para toda una población y no sólo en beneficio de quienes promovieron el amparo. El único antecedente similar es la orden que dio la Suprema Corte de Justicia al Congreso de la Unión para expedir la ley reglamentaria en materia de comunicación social antes del 30 de abril de 2018, tras conceder un amparo a la organización Artículo 19. La resolución se emitió luego de que el Congreso no cumpliera con lo estipulado desde 2014 en un artículo transitorio de la Constitución al respecto.
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Guadalupe Osorno Maldonado, diputada por Morena, consideró en entrevista que el recurso de revisión interpuesto por el Congreso es “una ociosidad” y “ganas de dilatar el proceso” porque la Suprema Corte tiene antecedentes jurisprudenciales sobre este tema desde 2008 y ya se pronunció respecto a “dónde se empieza a considerar la vida, dónde empiezan los cuidados prenatales y dónde empieza el derecho de las mujeres a decidir”.
“Lo que buscan es dilatar el proceso para que no sea esta legislatura la que haga las modificaciones; y así vamos a seguir siendo omisos, durante meses, respecto a los derechos de las mujeres, por prejuicios conservadores”, consideró.
Osorno Maldonado explicó que esa dilación puede tardar los meses que le restan a la actual legislatura, hasta su cambio en noviembre. “Entonces seguramente se establecerá la reforma, ya sea porque la Suprema Corte falle a favor del amparo o porque los nuevos diputados y diputadas proponga una iniciativa al respecto. Hay condiciones para que este cambio se dé pronto, así que solo quieren evitar ser ellos quienes hagan las reformas”.
Animal Político solicitó un posicionamiento al diputado panista Sergio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, sin obtener respuesta.
El inicio de todo
La batalla en Veracruz por la despenalización del aborto inició el 28 de julio de 2016, luego que el Congreso local aprobara la iniciativa de ley enviada por el exgobernador Javier Duarte para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte.
Llegaron después las modificaciones a los artículos 149, 150 y 154 del Código penal del estado, que prohibieron la interrupción del embarazo en cualquier etapa, con una sanción penal para la mujer consistente en tratamiento en libertad con medidas educativas y de salud, y dos años de cárcel para quien le practique el aborto, con las únicas excepciones de violación y peligro de muerte para la madre.
“Con esa reforma se estaba criminalizando un derecho de las mujeres”, explicó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. La reforma aprobada fue una iniciativa impulsada por el grupo de corte cristiano ‘Sí Vida’ y presentada por Duarte al congreso el 18 de enero de 2016.
Grupos feministas y de derechos humanos alertaron que en esa entidad era muy alto el número de niñas violadas a las que se les negaba el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y solicitaron declarar la alerta de género por agravio comparado. Ésta se emite cuando un ordenamiento vigente o una política pública trasgrede los derechos de las mujeres.
El grupo de trabajo encargado de preparar el informe sobre la situación en la entidad, para determinar si se decretaba la alerta o no, documentó que entre 2015 y 2016 más de mil niñas de entre 10 y 14 años fueron forzadas a continuar con su embarazo a pesar de que en la mayoría de los casos fue consecuencia de una violación.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, decretó la alerta el 13 de diciembre de 2017. Fue la segunda para la entidad. En 2016 ya se había emitido una por violencia contra las mujeres. El estado quedó como el único del país con dos alertas de género y el primero en recibir la de agravio comparado.
Entre las recomendaciones del mecanismo estaba reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código penal del estado. El Congreso de Veracruz desoyó a la instancia federal. En septiembre de ese año declaró improcedente cambiar los tres artículos en pugna.
Fue entonces que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Derechos Humanos y Género, el Colectivo Feminista de Xalapa, y el Colectivo Akelarre decidieron interponer el amparo que el juez Santos Álvarez resolvió a su favor.
En respuesta, los legisladores veracruzanos argumentaron que no incurrieron en omisión legislativa al desacatar la recomendación de la Alerta de Agravio Comparado, pues el artículo 4to de la Constitución estatal “protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y ninguna herramienta jurídico-administrativa (como la alerta) puede estar por encima de la Constitución”.
La iglesia católica respaldó al legislativo local, luego que en su comunicado dominical el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, considerara “inaceptable e inconcebible que se pretenda poner de rodillas al Poder Legislativo de un estado que se ha pronunciado por la protección de la vida y de los derechos del ser humano, valiéndose de la orden de un juez federal, en todo lo cual se observa inmediatamente un deseo de imposición y de extralimitación de funciones”.
En tanto, las organizaciones de la sociedad civil que están dando la batalla por despenalizar el aborto afirman que han estado recibiendo amenazas. “Hemos recibido correos diciéndonos que así como encuentran a las mujeres víctimas de feminicidio, con moscas en la boca, así nos van a encontrar a nosotras por querer matar a los niños”, indicó María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir.
La activista acusó que el gobierno y la iglesia posibilitan “un ambiente enrarecido” con sus posturas y declaraciones en contra del aborto. “Eso es muy delicado en un estado con un contexto grave de violencia y con presencia de grupos delictivos muy conservadores”.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.
