Corría el 31 de agosto del 2013, y la atmósfera política y social que se vivía previo a la conmemoración de los 40 años del golpe cívico militar se podía palpar. Como pocas veces, se multiplicaron los reportajes en profundidad en televisión pública generando un ambiente que dio pie a una frase de Sebastián Piñera que marcaría no sólo a un Gobierno, sino que también a un Presidente y a la derecha de nuestro país.
Fue un sábado, por medio de una entrevista en La Tercera que el entonces mandatario daba el primer pie para lo que sería finalmente su “legado” en materia de Derechos Humanos en su primer gobierno y que se complementaría con el cierre del Penal Cordillera días después.
En la ocasión, el entonces jefe de Estado señalaba textual que “si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y, particularmente, de los atropellos a los derechos humanos y la dignidad de las personas, por supuesto que hay muchos. Por de pronto, las máximas autoridades del gobierno militar, que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo. Pero no solamente ellos. Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”.
Desde la UDI se planteó un reclamo formal acusando que se cuestionó de manera “injusta” a muchas figuras de la Alianza, incluso a algunas que hoy “forman parte de su propio gobierno”. El suicidio del ex jefe de la CNI Odlanier Mena, tras enterarse del cierre del Penal Cordillera, sacó frases del tipo “Piñera se manchó las manos con sangre”, como esgrimía el hijo homónimo del también fallecido ex jefe de la DINA, Manuel Contreras; o la reacción del coronel en retiro, Cristián Labbé, quien acusaba al Gobierno de “traición”.
Pero las consecuencias no se quedaron ahí, porque las palabras del Mandatario removieron los espíritus en la UDI tanto así que llevó a un “coronel” y a otro histórico a hacer un punto de inflexión en la materia. Primero fue el en ese entonces ministro vocero, Andrés Chadwick, quien mostró su arrepentimiento. “Yo, siendo partidario de ese Gobierno, me arrepiento de no haber hecho algo más, de no haber levantado una voz, de no haber tenido una mayor preocupación, una mayor atención para haber tratado de evitar una situación que a mí no me gusta, y que condeno con toda mi fuerza, como fueron esas violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.
El otro es el actual ministro de Justicia Hernán Larraín. “Pido perdón por no haber colaborado de modo suficiente a la reconciliación en mi trabajo. Y también pido perdón por no haber sabido perdonar a quienes me han ofendido y se han acercado en señal de reencuentro. Desde ya, hoy lo hago en mi nombre: pido perdón. Esta es mi voz para la reconciliación. Pero es necesario oír la de todos”, finalizó.
Borrar con el codo
Los tiempos cambiaron, y si hoy el Presidente es nuevamente Sebastián Piñera, lo cierto es que llegó a La Moneda en gran medida por su arrastre en el mundo de la derecha más conservadora y la denominada “familia militar”, que simpatiza con el ex UDI y ex candidato presidencial José Antonio Kast.
La “buena prensa” del actual líder de Acción Republicana representa una amenaza constante a los movimientos de La Moneda en materia de DDHH. Sin embargo, Piñera está flanqueado por la UDI, y la hoy máxima autoridad del gremialismo, Jacqueline Van Rysselberghe, se ha encargado de contener a JAK.
Pero hoy la máxima autoridad del país se encuentra en una encrucijada. Así lo reconocen parlamentarios de su propio sector tras los fallos de la Corte Suprema que concedieron el beneficio de la libertad condicional a 7 condenados por delitos de lesa humanidad y que cumplían su pena en Punta Peuco.
El Mandatario no ha querido referirse al caso. Su estrategia ha sido guardar silencio, y enviar a sus ministros a “hacer la bajada comunicacional”. En Justicia, el ministro Hernán Larraín dijo que “si la ley lo permite, ¿por qué negarle a alguien que recurra a ese derecho? Y si el juez considera que corresponde, ¿por qué cuestionar su decisión?”.
En el caso de la vocera Cecilia Pérez, su respuesta fue que “Chile es una República democrática, nos rige el Estado de derecho, hay tres poderes del Estado independientes, y sus facultades tienen que ser respetadas; como Poder Ejecutivo, respetamos decisión autónoma e independiente de la Corte Suprema, así como también hemos respetado en otros casos”.
En paralelo, en el Ejecutivo se han encargado de recordar que los fallos de la Corte Suprema nada tienen que ver con el proyecto que alista el Gobierno y que guarda relación con eventuales beneficios carcelarios a los enfermos terminales o de Alzheimer y que alcanzaría también a quienes cumplen condena al interior de Punta Peuco.
Pragmatismo presidencial
Para quienes se preguntan qué cambió entre el Sebastián Piñera de los “cómplices pasivos” y el Sebastián Piñera del silencio ante la salida de los reos de Punta Peuco, la respuesta que uno encuentra al interior de Chile Vamos apela principalmente al pragmatismo del líder de la derecha nacional.
Parlamentarios que han trabajado cercanamente con el dos veces Presidente aseguran que su silencio en la materia se debe al “justo equilibrio”, enmarcado en la agenda valórica que ha avanzado a contrapelo de la derecha más extrema representada al interior y también por fuera del oficialismo.
Las mismas fuentes aseguran que el Mandatario “no ha cambiado sus convicciones; es más, las ha profundizado”, pero reiteran que al haber generado las condiciones para discutir otras leyes que estaban fuera del programa “está haciendo el balance” con quienes se sienten perjudicados. Y, en ese contexto, la apuesta es no “hacerle olas”, sostienen.
Pero también están quienes apuestan a que la jugada de Piñera está bien pensada. Su lógica apuntaría a que el Presidente “evita enlodarse en estos conflictos y los traspasa a su conglomerado”, lo que desde Renovación Nacional consideran “adecuado”.
Además, desde RN y también Evópoli aseguran que el Jefe de Estado “volvió a pololear con las Fuerzas Armadas y la familia militar”, tras las heridas dejadas en su primer gobierno cuando acusaron el no cumplimiento de las promesas en campaña, más bien, todo lo contrario. Hay un punto en el que varios al interior de Chile Vamos coinciden y es que la frase sobre los “cómplices pasivos” Piñera la terminó “pagando demasiado caro”. Y su silencio en esta pasada es la prueba fehaciente de que “aprendió de la vez anterior”.
En este escenario, el silencio, sumado a lo ya fallado por el máximo tribunal, sólo ha contribuido a revolver aún más las aguas al interior del oficialismo pues –aseguran- la señal desde la casa de Gobierno va dirigida principalmente la UDI y a José Antonio Kast, “un sector menor que se ha visto golpeado por la discusión valórica”, y que acá encontraría la retribución esperada.
Desde Evópoli, por su parte, no esconden su molestia con el discurso empleado por la UDI y también por JAK, un punto de vista “amparado” por esta administración, a su juicio. Un parlamentario admite que “nos violenta”, pero al mismo tiempo prefiere mirar la parte del vaso “medio llena” y valora que el retroceso en el discurso de la derecha más conservadora los ayuda a desmarcarse de los ejes dictadura y Pinochet.
Este mismo caso ha calado en la interna de Renovación Nacional, que hoy cuenta con un abanico de parlamentarios más diverso, “desde la diputada Camila Flores en adelante”, aseguran. En esta tienda, el fallo de la Corte Suprema se ha discutido en varias ocasiones y en diversas instancias, señalan. Lo califican como un tema “complicado”, y resienten que en La Moneda se escucha más al gremialismo: “El gobierno nos pide lealtad, pero parece estar siempre más cerca de la UDI en sus señales”.
Respecto de cómo creen que se va a escribir la historia de esta segunda administración de Piñera en materia de Derechos Humanos, la respuesta es apelando a una cita de Winston Churchill: “nuestros adversarios están al frente, nuestros enemigos atrás”.
Las veces que sí se comentaron los fallos
Cuando se trata de DDHH, el Gobierno se ha escudado en el silencio y en la excusa de la no intervención entre poderes del Estado. El problema es que en apenas 5 meses al mando, han sido varias las veces en que el Ejecutivo no ha tenido ningún problema en comentar fallos judiciales y entrar en polémica con la Suprema.
El 22 de mayo y tras conocerse el asesinato de una mujer de 63 años en la comuna de La Reina fue el propio ministro Chadwick, quien explícitamente hizo una advertencia a los tribunales correspondientes. “No queremos más excusas de los tribunales y esto lo pide Chile entero”. Estas palabras del ministro del Interior provocaron el primer roce con la Suprema, que a través de su presidente Haroldo Brito respondió señalando que “es una expresión que no es ajustada. El sistema de justicia en este país ha alcanzado un desarrollo permanente. Basta mirar las cifras para ver cómo se reacciona respecto a la criminalidad (…) las formas en cuestión no las aceptamos como adecuadas, pero las entendemos dentro de un contexto y dentro de sus preocupaciones”.
Luego, el 2 de junio, el mismo ministro Chadwick -y a quien se sumó más tarde a través de Twitter el Presidente Sebastián Piñera- arremetió en contra del juez de garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, quien dejó en libertad a dos sujetos que portaban armas y municiones en un vehículo con vidrios polarizado, declarando ilegal su detención.
En la ocasión, el jefe de Interior dijo que “el juez de Garantía de San Antonio ha actuado contraviniendo la ley olvidando un deber fundamental que debe tener cada juez que es la aplicación criteriosa y correcta de las normas legales”. Las palabras fueron apoyadas por el Mandatario a través de redes sociales: “Muy grave que Juez de Gtía de San Antonio deje en libertad personas que llevaban en su auto peligrosas armas y municiones. Existen disposiciones legales expresas para evitarlo. Necesitamos que nuestros tribunales apliquen la ley y colaboren con la seguridad de nuestras familias”.
Los comentarios del Ejecutivo sobre el accionar del Poder Judicial continuaron el 11 de junio, tras el fallo del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco y que sentenció tanto a José Peralino Huinca como a José Tralcal Coche y Luis Trancal Quidel por el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. En esa oportunidad, el jefe de gabinete del Presidente no dudó en pronunciarse al respecto, y señaló que “es un duro golpe al terrorismo y una potente señal para todos aquellos que pretenden usar la acción violenta, la acción terrorista para sus propios intereses, un duro golpe, eficaz, una buena señal para todos aquellos que están participando en acciones terroristas. Así que, en ese sentido, el Gobierno está satisfecho y ve con una visión muy positiva esta sentencia”.
El 20 de junio, Andrés Chadwick también comentó un fallo judicial, esta vez para manifestar su opinión contraria al fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio de la libertad condicional a Freddy Fuentevilla, condenado a 15 años por el asesinato del cabo Luis Moyano el 2007. “No nos gusta como señal (…) no nos gusta que personas que han participado en crímenes tan graves como el asesinato de un carabinero obtenga beneficios tan prontamente”, agregó en esa oportunidad la mano derecha del Presidente, confirmando que la doctrina de no comentar los fallos judiciales en este segundo Gobierno de Piñera sólo corre para las violaciones de derechos humanos en dictadura.
