Su pasado lo condena: la cuestionada gestión del subsecretario Castillo en su paso previo por el Minsal


El caso del doctor Luis Castillo es de esos a quienes la vida les da más de una oportunidad. Como médico integrante de la Universidad Católica, aparece vinculado al caso del magnicidio del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva, por haber ocultado la autopsia sobre su fallecimiento por 20 años, un insumo clave para determinar que en su deceso intervinieron terceras personas. Tres de ellas están procesadas por homicidio.
A pesar de estos hechos, el nombre de Castillo fue el escogido la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera para asumir como subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, el mismo cargo que desempeñó hasta el año 2013 en la primera administración piñerista. 
El balance de primera gestión de Castillo deja mucho que desear, según el resultado de un sumario firmado el 9 de enero de este año, que determinó que mientras desempeñó funciones en dicho cargo el punto más bajo y débil de su manejo estuvo en él ítem construcción de infraestructutura: hospitales y centros de salud familiar (CESFAM) a lo largo de Chile.
La investigación -encabezada por el abogado Bernardo Martorell e iniciada en marzo de 2014 poco después de asumir el segundo gobierno de Michelle Bachelet- determinó que 13 recintos de salud comprometidos por el Estado y en particular por el gobierno de Piñera, presentaron serias deficiencias en la etapa de construcción, aumento de los precios, irregularidades en las licitaciones y otras faltas que, en la práctica, dejaron la mayoría de las promesas en esta materia incumplidas.
«Las acciones y omisiones del ex subsecretario Castillo al no cumplir con eficiencia y eficacia su responsabilidad a cargo de la subsecretaría de redes asistenciales, efectuar negociaciones directas y recibir órdenes sin representarlas de la Secretaría General de la Presidencia, implicaron un retraso en la construcción de casi toda la infraestructura en salud existente durante la vigencia de su calidad de subsecretario, infringiendo los principios de obediencia reflexiva, control, probidad y jerarquía de los actos», determina el sumario al que tuvo acceso El Mostrador.
Un caso muy ilustrativo es el hospital de Calama. La investigación determinó que hubo «pagos distorsionados o sobre pagos que distorsionan el avance físico y financiero de la obra (…) aumento de obras por 12.800 millones».
El consorcio Comsa Pilasi, que se adjudicó la construcción, quebró, pero no se aplicaron las multas correspondientes. Aparentemente, con el fin de apurar el término de las obras, se licitó de nuevo sin liquidar el contrato anterior, adjudicando la construcción a la empresa RVC, todo realizado en base a un acuerdo de “buenas prácticas” gestionado por Castillo. Según el sumario, no había sustento “administrativo ni jurídico” para el aumento de las obras.

Además se cuestiona el pago a 35 personas que no tendrían relación alguna con el proyecto. Uno de los testigos involucra a la entonces abogada del Minsal, Alejandra Meniconi, y a la oficina de abogados de Herman Chadwick en las negociaciones con las constructoras. “El hospital de Calama contrató a Alejandra Meniconi quien comandó las acciones con abogados de la empresa Herman Chadwick, particularmente ella aparece en la última ampliación de plazo y actualización del valor de la obra a 15 mil millones de pesos”, dijo Pablo Araya Bustos, ingeniero civil de la división de inversiones del Ministerio de Salud. Lo concreto es que en el nuevo hospital de Calama, el último gobierno de Bachelet terminó invirtiendo 54 mil millones extras para continuar las obras.
El sumario consigna, además, que en Calama la“nueva licitación del hospital sin previa liquidación del contrato anterior; luego aparece empresa RVC que realiza gestiones directas con el subsecretario de redes Luis Castillo enviándole una carta en la cual acepta la propuesta de participar en la continuidad de la construcción del hospital. Posteriormente RVC entrega valorización o presupuesto ascendente a 36 mil millones, en una carta enviada al subsecretario Luis Castillo: lo mismo ocurre con Cañete, Chonchi y Dalcahue” .
El Curepto de Piñera
Paralelamente, la investigación determinó que la empresa Pixeles Spa se adjudicó tres obras sin tener como giro la construcción.
El caso del hospital de Pitrufquén también es bueno para reflejar la gestión de Castillo, ya que un informe de la subsecretaría de redes asistenciales de 2o14, estableció que el recinto fue recibido con un 76% de atraso.
Gracias al sumario se pudo comprobar, a través de los testimonios de distintas personas ligadas al Ministerio mientras se construía el establecimiento, que Presidencia -a través de la Segpres- intervino directamente para que no se terminara el contrato con la empresa Ingetal S.A. Los testimonios apuntan directamente a Ignacio Guerrero Toro, que actualmente se desempeña como subsecretario de Economía y precisan que en una reunión éste afirmó que la empresa tenía solvencia para continuar, que por instrucción expresa de la Presidencia se dejaba sin efecto el término del contrato, porque «no existía plan B”.
Si gran parte de la opinión pública recuerda la inauguración de un centro de salud en Curepto el 2008 hecha por Bachelet, que terminó siendo solo fue un montaje, porque el recinto no estaba listo para funcionar, muy pocos recuerdan que algo muy similar ocurrió en el Hospital de Cañete durante el primer gobierno de Piñera.
El plazo original de entrega estaba pactado para octubre de 2010. Pero el Presidente lo inauguró 3 años después. Según declaró Victor Valenzuela – jefe del Servicio de Salud de la Provincia de Arauco- el corte de cinta se hizo a pesar que faltaban dos pasos cruciales: la recepción provisoria de obras, es decir la última inspección para constatar que todo esté en orden y luego, un levantamiento de observaciones, para después inaugurar. Ese es el conducto regular. De hecho, un día antes de la inauguración, se hizo una tercera modificación de contrato, ampliando el plazo de las obras y por supuesto, aumentando el costo en más de mil millones de pesos. No quedó constancia que la constructora Socovesa, pagara las multas.
En una segunda ampliación de este contrato, en 2011, intervino directamente el subsecretario Castillo, otra vez con un acuerdo de “buenas prácticas”, para terminar la obra, pero sin detallar montos ni plazos para la constructora.
Estos antecedentes también fueron parte de un informe que elaboró la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que se hizo para determinar las irregularidades en la puesta en marcha de nueva infraestructura hospitalaria y cuyo informe -de octubre de 2014- también establece las responsabilidades administrativas de Castillo.
Pero como la vida algunas veces da más de una oportunidad, Castillo acaba de ser nombrado en el mismo puesto. Más aún, el sumario no tiene efectos prácticos contra el médico cirujano por cuanto al momento de concluir, no ejercía el cargo por el que fue cuestionado y sancionado. 



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