Diversas agrupaciones de derechos humanos, además de varios diputados, salieron al paso de las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien calificó de “grave” la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema por notable abandono de deberes.
A través de un comunicado, los firmantes criticaron que el ministro Larraín “desconoce la independencia del Congreso Nacional y pretende ejercer una presión indebida en contra de los parlamentarios que tienen que resolver la acusación constitucional”.
En la misiva recordaron que la acusación constitucional “es una herramienta que prevé el Estado de Derecho”. Incluso, rememoraron que el Presidente Sebastián Piñera -en su época de senador- concurrió con su voto a la destitución de un ministro del máximo tribunal.
“La acusación constitucional es la justa respuesta a una demanda que nace desde las propias agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, frente al otorgamiento de libertades condicionales a responsables de violaciones de DD.HH., desconociendo abiertamente el derecho internacional – que obliga a todos los órganos del Estado, incluido el Gobierno y el Poder Judicial- y facilitando la impunidad”, sostiene la declaración.
“Rechazamos que el Ministro de Justicia, una vez más, tome posición por la impunidad de los victimarios”, finaliza.
La carta está firmada por Lorena Pizarro, presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Alicia Lira, presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y los diputados Ricardo Celis, Tucapel Jiménez, Manuel Monsalve, Jaime Naranjo, Daniel Núñez, Carmen Hertz, Marcela Hernando, Cosme Mellado, Alejandra Sepúlveda, Tomás Hirsch, Diego Ibañez y Miguel Crispi.
