La acusación constitucional que se prepara contra los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, que dejaron en libertad a siete reos de Punta Peuco sigue generando incomodidad en el poder judicial del país.
Es por eso que diversos nombres del mundo judicial han criticado la acusación, indicando que vulnerará el poder que se les confiere como jueces. Los últimos en sumarse fueron un grupo de abogados penalistas, representados por Luis y Nurieldín Hermosilla, Davor Harasic, Paula Vial y Gabriel Zaliasnik, quienes, en una carta firmada por 25 magistrados, señalaron que “la existencia de la facultad de acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema no excluye la necesidad de un uso cauteloso y prudente de una herramienta que, de ser utilizada fuera de los casos previstos en la Constitución, puede afectar de manera ilegítima la idea de separación de poderes”.
En la misiva, publicada en el diario El Mercurio, argumentan que “una acusación constitucional como la referida pone en peligro la confianza de una de las instituciones base de nuestro Estado de Derecho y constituye una intromisión del poder político en las funciones que le son propias”.
En esa misma línea, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a la acusación constitucional, calificándola como “ilegítima”: “Dentro del Estado de Derecho, los fallos judiciales se impugnan por los recursos judiciales. Establecida la sentencia final de término, no hay otra autoridad dentro del Estado que pueda revisar los fundamentos de las decisiones. Ahí concluye todo y, por lo tanto, no es posible que de una manera legítima se pretenda tratar de rever todo lo que han dicho los jueces”, señaló, en entrevista con el diario El Mercurio.
“Ellos han extralimitado sus potestades constitucionales, y por lo tanto, es ilegítimo”, argumentó.
En caso de que prospere la acusación constitucional, Muñoz teme que marque un precedente: “Abre una puerta, pero el riesgo más evidente es que quien analiza ese aspecto es la misma Cámara de Diputados. Nos preocupa porque de esta manera se va a poder interpretar la Constitución de la manera que ellos estiman. No hay una acusación constitucional en contra de los congresistas que no respeten la Constitución en la forma como ella está escrita. Por lo menos que la pueda interponer una autoridad externa a los congresistas”.
