La teleserie en el seno de la Contraloría General continúa. La impugnación que presentó la hoy ex subcontralora Dorothy Pérez a la solicitud de renuncia que le hizo su jefe directo, Jorge Bermúdez, desató una batalla legal sin precedentes, la que tiene su eje en la interpretación de la Ley Orgánica de Contraloría (N°10.336) y la discusión sobre quién tiene la potestad para remover los cargos establecidos como inamovibles. Una ambivalencia interpretativa que abrió el espacio para que entrara en escena el Gobierno.
Es que el conflicto interno en el órgano contralor ha servido de excusa perfecta para que algunos traten de cobrar ciertas facturas a Bermúdez y apuntar a lo que consideran el controvertido rol que ha cumplido este en el último año, debido a su línea de “golpes transversales” que han complicado a la oposición, pero sobre todo a la administración de Sebastián Piñera.
En la Contraloría se prendieron las alarmas con la inesperada arremetida de La Moneda en el conflicto y reconocen que no esperaban que el Gobierno se involucrara públicamente, con las declaraciones que a fines de la semana pasada hicieron la ministra vocera Cecilia Pérez y su par de la Segpres, Gonzalo Blumel. No solo ellos, el propio Presidente Sebastián Piñera se refirió a la polémica entre Bermúdez y Pérez, en el marco de un seminario por los diez años del Consejo para la Transparencia, instancia en la que utilizó el caso de la ex subcontralora para recalcar que “las leyes no son tan claras ni transparentes como debieran ser (…) el que tiene que interpretar muchas de las leyes, que es la Contraloría General de la República, hoy día tiene una disputa de cómo interpretar su propia ley”.
El Ejecutivo no se quedó ahí. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, agregó que esta falta de claridad en la interpretación de las leyes se ve reflejada en los dictámenes de la Contraloría, los que –dijo– “no siempre tienen una sola línea, la jurisprudencia administrativa no siempre es constante ni es uniforme”.
Hay preocupación en el reducido círculo de confianza que tiene Bermúdez. Aseguraron que la cercanía política de Dorothy Pérez con la ex Concertación ya era considerada un posible flanco de críticas desde dicho sector hacia el actuar del contralor, pero la aparición en el tablero del Gobierno –temen– puede afectar la autonomía de las definiciones que toma la institución en el mediano plazo.
Historia de desencuentros
El conflicto con Dorothy Pérez se desató luego que la Fiscalía citara declarar en calidad de testigo a la entonces subcontralora, en el marco del caso por fraude en Carabineros, que lleva el persecutor Eugenio Campos. El 20 de agosto, Bermúdez le comunicó a la abogada del requerimiento del Ministerio Público y, acto seguido, le pidió su renuncia. La razón: perdió la confianza en quien era su brazo derecho en la institución, debido a Pérez le habría mentido sobre su responsabilidad en el inactivo rol que tuvo la Contraloría en el caso.
Las garantías iniciales que le dio Pérez a Bermúdez, hicieron que el contralor la defendiera ante la Comisión de Defensa del Senado, instancia en que afirmó que su entonces subcontralora no tenía conocimiento del actuar de dos funcionarios –Juan Munieres y Carlos Moreno– de la División de Auditoría Administrativa, quienes hoy son acusados por no haber investigado el fraude al interior de la policía uniformada entre 2010 y 2014, período en que Pérez era jefa de dicha división.
Pérez le habría indicado al contralor Bermúdez que ella no tenía ningún conflicto con el caso y que nunca tomó conocimiento de los detalles. Respecto a su esposo, funcionario de Carabineros, la abogada habría explicado que él era oficial y piloto, una rama que no tendría nexos con los involucrados con el millonario fraude. “El contralor le creyó, era una persona de su confianza”, reconocieron desde el organismo.
Eso sí, cercanos a Bermúdez explicaron que la remoción de Pérez no respondería solo al hecho de que le mintió y que fue citada como testigo, sino que también al miedo sobre las responsabilidades que eventualmente podría tener la abogada en el caso. Tras el sumario interno realizado por Contraloría, se determinó que era real la omisión de Moreno y Munieres, razón por la cual fueron desvinculados, investigación interna en la que también salió a relucir la amistad de Pérez con Munieres y que concluyó que, efectivamente, la subcontralora, mientras era subjefa de la División, habría actuado por omisión al no investigar el fraude en Carabineros.
Ex colaboradores de Pérez recalcaron que “puede que el contralor haya actuado precipitadamente”, que el hecho de que el Ministerio Público la llamara a declarar no significa que “sea culpable de algún delito” y que Bermúdez debió esperar el resultado de la investigación.
Cuestión política
Dorothy Pérez ocupó un cargo de confianza institucional del contralor, eso “no significa que haya sido parte de su círculo de hierro”, destacan desde el seno de la entidad.
Ella respaldó la postulación de Bermúdez tras el fracaso de la nominación de Enrique Rajevic, que había sido impulsada por el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet en 2015. Mantenía una cercanía con el ex ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, confianza cimentadas durante su paso como encargada de la División Jurídica del Mineduc. Mientras él estaba en la cartera y al ser consultada por el nombre de Bermúdez, ella le comunicó su buena apreciación sobre el abogado.
Tras su retorno a la Contraloría, Pérez fue nombrada subcontralora por Bermúdez, pero la confianza entre ambos no habría durado mucho, ya que tienen concepciones distintas acerca del rol que debe jugar el organismo. La abogada tendría –explicaron en la entidad– un perfil mucho más político-partidista, lo que poco a poco la habría ido alejando del círculo de hierro de Bermúdez, que es un abogado ligado al mundo ambiental, con una visión más “republicana y directa” de la institución.
Dicen que Bermúdez muchas veces ha sido cuestionado por ser “llevado a sus ideas” y no escuchar el consejo de alguno de sus subalternos, críticas que vendrían directamente de Pérez, quien en distintas ocasiones le habría hecho saber su desacuerdo con algunas investigaciones del organismo. Una de ellas, la auditoría que abrió la Contraloría en contra de Codelco, en la que se detectaron irregularidades en la compra de bienes y servicios entre partes relacionadas, tema en que la abogada Pérez habría recomendado no entrar en una pugna judicial con la minera estatal.
No fue el único caso, ya que en el organismo destacaron que la resolución sobre el reglamento de objeción de conciencia para la Ley de Aborto en tres causales, también habría generado diferencias entre Pérez y Bermúdez y, así, “una serie de resoluciones bien controvertidas”.
Ese tira y afloja se vio agudizado por un caso de acoso laboral en el equipo de comunicaciones de Contraloría, del cual Pérez quedó a cargo cuando retornó a la institución. A medida que fueron pasando los meses, comenzaron los reclamos por una serie de filtraciones a la prensa que no estaban siendo controladas por los encargados de ello. A eso se sumaron los cuestionamientos por el trato dado por Elena Martínez, la jefa de prensa, al resto del equipo.
Un funcionario denunció a Martínez por acoso laboral, Bermúdez habría consultado a Pérez respecto al tema, quien le habría negado la figura de acoso, pero sí reconocido los problemas la interior del equipo. Finalmente, tras un informe de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), en donde se daba cuenta del acoso laboral, Bermúdez degradó a Martínez.
La cruzada de la Contraloría
La llegada de María Soledad Frindt como subcontralora vendría a reforzar el pequeño equipo del titular del organismo, quien hoy tiene sus principales confianzas puestas en Carlos Peña y Camilo Mirosevic, miembros de su gabinete. No solo eso, en la entidad fiscalizadora explicaron que, como se trata de una funcionaria de carrera en el organismo, ayudará a Bermúdez a mantener un mayor control interno, toda vez que cuenta con el respaldo de los funcionarios, lo que mitigará las tensiones internas que generó la resistencia de Dorothy Pérez a renunciar.
Para nadie es un misterio que las últimas resoluciones de la Contraloría este año le han llevado a sumar más enemigos que amigos, principalmente en el mundo político. Sus determinaciones en el caso Conaf, el desfalco en Carabineros, el caso Sename y una serie de resoluciones en contra de municipios, como los de La Florida y Recoleta, han generado molestia transversal en el mundo político.
Desde la Contraloría destacan que no es común ver a personalidades del mundo político tocando a su puerta y que, a pesar de que muchas veces pueden tildar a Bermúdez de “progresista”, nadie tiene claridad sobre cuál es su opinión más personal respecto a temas políticos.
En el Congreso lo ven como una autoridad “bastante impredecible”, en comparación con su antecesor, Ramiro Mendoza, quien, una vez que dejó la institución, terminó desembarcando en la campaña presidencial de Sebastián Piñera. La opinión del Senado sobre el contralor no es un dato menor, ya que en el caso de una remoción de Bermúdez, está solo se puede concretar por una solicitud directa del Presidente de la República, con aprobación de la Cámara Alta.
El caso de la ex subcontralora ahora está en tribunales. La defensa de Pérez, está liderada por el abogado Ciro Colombara.
Según la defensa de Pérez, la Ley Orgánica de la Contraloría, en su Art. 4, determina que el cargo de subcontralor es inamovible, pero desde la Contraloría señalan que el Art. 3 de dicha ley determina que todos los funcionarios son de confianza del Contralor General de República, razón por la cual Bermúdez tendría la potestad para solicitarle la renuncia. Aún restan varios capítulos de este conflicto.
