El Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco al pago de $ 110 millones a cada uno de 29 prisioneros políticos que fueron víctimas de tortura entre 1973 y 1990 y cuyos casos aparecen consignados en la Comisión Valech.
La magistrada Claudia Donoso rechazó los argumentos de excepciones de pago y prescripción planteadas por el fisco y en su fallo señaló que “se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico”.
“Dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener, a juicio de esta sentenciadora, que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado” estableció la jueza en su sentencia.
