De vuelta de vacaciones, el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito confirmó la posición del máximo tribunal contra la acusación constitucional presentada en la Cámara de Diputados contra los ministros de la Sala Penal, argumentando que “estamos frente a un problema de autonomía”.
“Debe existir siempre autonomía de funciones. Lo que a un poder del Estado le está permitido, no le está permitido al otro”, señaló, añadiendo que se trata de “una situación que sencillamente dificulta el desarrollo de las instituciones públicas y entes públicos”.
Asimismo, Brito aseguró que “no puede operar bien un sistema en el que todos los órganos del Estado se están atribuyendo tener el criterio final y veraz sobre lo que está en discusión (…) Confiamos ciertamente en que esta acusación, en definitiva, no prospere”.
La acusación fue presentada por un grupo de diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama bajo la figura de abandono de deberes a raíz de las libertades concedidas a condenado por delitos de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco.
Primera sesión
En tanto, en la primera sesión de la comisión que analiza la acusación constitucional, el presidente de esa instancia, el diputado socialista Leonardo Soto afirmó que el libelo “es un acto de normalidad democrática”
“Como parlamentarios tenemos el perfecto derecho de hacer una revisión. De hecho, la Constitución nos obliga a ejercer la función de fiscalizar. Creemos que es sano, este es un acto de normalidad democrática y, por lo tanto, no estamos de acuerdo con los cuestionamientos y amenazas de algunos sectores”, dijo Soto.
La instancia contó con la exposición de 3 profesores y expertos en derecho constitucional, Patricio Zapata, Rodrigo Poblete y Claudio Nash. “Me parece que hay un cierto acuerdo en que aquí se está ejerciendo un mandato constitucional y por tanto no está en riesgo el Estado de Derecho”, dijo este último.
También asistió la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -que entregó una carta firmada por más de 200 figuras públicas en apoyo al libelo opositor.
