El viernes se termina el plazo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que defiende los intereses del Fisco, para presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago e intentar revertir el fallo del Noveno Juzgado Civil de Santiago, que el 24 de agosto decidió entregarle una indemnización de $ 2.480 millones a 31 de los 33 mineros atrapados el 5 de agosto de 2010 en la mina San José.
Según consigna La Tercera, con la resolución judicial, cada uno recibiría cerca de $ 80 millones. Sin embargo, los integrantes del Comité Contencioso Administrativo del CDE, Rodrigo Quintana, Ana María Hubner y Raúl Letelier, organismo que fue notificado de la decisión del tribunal el 29 de agosto pasado, ya tomaron la decisión de presentar un recurso de apelación para evitar esta situación de pago.
En el documento, el organismo buscará defender su tesis que expuso en la contestación de la demanda de indemnización de perjuicios: que el Estado no tendría responsabilidad, porque quien la tiene es la empresa. Asimismo, se plantearía que el Estado fiscaliza miles de empresas y no puede responder por los daños que cada una de esas compañías genera, por el hecho de que se le atribuya un problema de fiscalización. Eso, según esta argumentación, significaría trasladarle al Estado los efectos de lo que todos los particulares realicen en sus propios negocios.
Desde el CDE indicaron que “efectivamente el CDE se encuentra estudiando el fallo, de modo de determinar los recursos que proceden”.
Por su parte, el abogado que representó a los mineros en la demanda, Jorge Ríos, dijo que era “esperable” y no les “sorprende” que el CDE presentara un recurso de apelación. En ese sentido, manifestó que “generalmente, el Consejo de Defensa del Estado ejerce estas acciones cuando tiene una sentencia condenatoria”. Añadió que el organismo “está ejerciendo los derechos que le faculta la ley”.
Sin embargo, indicó Ríos, “el juzgado fue categórico y concluyente respecto de la responsabilidad del Estado, estableciendo la falta de servicio de los órganos públicos, como el Sernageomin, la Seremi de Salud y la Dirección del Trabajo, en forma categórica y aplastante”.
