Tras la inédita reunión de este martes en La Moneda, donde le representaron al Presidente Sebastián Piñera su preocupación por la acusación constitucional interpuesta en contra de tres de sus integrantes, la Corte Suprema volvió a arremeter contra el libelo opositor interpuesto en la Cámara de Diputados.
Este miércoles, el juramento de abogados y abogadas fue la ocasión escogida por el presidente del máximo tribunal Haroldo Brito para insistir en su ofensiva contra la acusación interpuesta contra Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, a raíz de las libertades concedidas a violadores de derechos humanos.
“En esta oportunidad la Corte quiere hablar con ustedes acerca del problema que afecta al sistema de justicia, a consecuencia de la acusación constitucional que ha sido formulada en contra de tres Ministros de este tribunal”, partió diciendo el presidente del máximo tribunal.
En su intervención, Brito reiteró la tesis de la separación de poderes, para confrontar una acusación que consideran indebida, y además insistió en que la acción de los diputados opositores apunta al “contenido” de la resolución. “La Constitución Política de la República y la doctrina más autorizada sostienen la imposibilidad de fundamentar esta clase acción en el contenido de las sentencias, señala.
En este sentido, recuerda que “esta Corte ha sostenido que con la acción se traspasan los límites de la potestad jurisdiccional, pues no se trata de una discrepancia con lo decidido – actitud de debate jurídico del todo conveniente en una sociedad democrática-, sino de la pretensión de exonerar a los jueces como consecuencia de su opción jurídica al tiempo de resolver el recurso de apelación planteado”.
Asimismo, insiste en que “esta Corte también ha sostenido, y así lo reitera, que lo planteado tiene graves consecuencias para el sistema de justicia, porque altera las certezas que deben darse a las personas en cuanto a la definitiva conclusión de los asuntos, luego de haberse formulado las impugnaciones procesales que establecen las leyes, pues la decisión de estos importa el cierre definitivo del juicio”.
A juicio de Brito, “preocupa a esta Corte que se resienta un sistema de justicia que se ha instalado entre los mejor posicionados de la región, en el que se han desarrollados ingentes esfuerzos por parte de nuestra sociedad para su mejor desempeño, sociedad que tiene el convencimiento de que un poder jurisdiccional autónomo que obra conforme a Derecho, de carácter profesional, es una garantía para el reconocimiento y cautela de sus derechos”.
