Señor Director:
Cuando se trata de instituciones públicas financiadas por todos los chilenos, es a lo menos exigible que la regla general sea la transparencia de la información, y el secreto sólo la excepción. Si el ciudadano está poniendo parte de su dinero para que el Gobierno funcione, entonces tiene todo el derecho de saber, por ejemplo, cómo se está invirtiendo, en qué se está focalizando. Al final, somos todos accionistas del Estado, y como accionistas, tenemos derecho a saber qué pasa dentro de él.
Hace 10 años se promulgó la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un gran paso en este sentido. Sin embargo, aún falta camino por recorrer para contar con una legislación acorde al tiempo presente, que tome en cuenta las necesidades informativas de hoy, no las de hace 10 años.
El Congreso prontamente tendrá la tarea de discutir un proyecto de ley de Transparencia 2.0 que anunció el Gobierno. Entre las iniciativas de la ley, está ampliar el ámbito de la exigencia de transparencia a nuevos organismos públicos (como el Congreso, el Ministerio Público, y la Contraloría) e incluso a organizaciones de la sociedad civil que reciben montos altos de recursos públicos, entre otras muchas cosas. Aprobar esta ley es aprobar una democracia proba y transparente, en la que sus autoridades no tienen nada que esconder. Es lo mínimo que merecen los chilenos.
Valentina Ramírez, Cientista Política
