Las declaraciones del ex ministro de Educación, Sergio Bitar, en las que defendió la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE), desató una inmediata respuesta desde el Movimiento Deuda Educativa, organización que “funó” hace algunas semanas al ex secretario de Estado en la Cámara de Diputados, y lo acusaron de “no reconocer que el contrato del CAE es ilegal”.
Juan Pablo Rojas, el mismo deudor y dirigente que encaró a Bitar y a Nicolás Eyzaguirre en la Cámara, señaló que “lo que Sergio Bitar omite de manera contumaz, es que el Crédito con Aval del Estado, es un crédito ilegal”.
Agregando que: “Hoy existen en la justicia seis demandas colectivas por serias infracciones a la Ley de protección a los derechos de los consumidores, y la Ley del SERNAC Financiero, a la cual ya se han sumado cerca de diez mil jóvenes, quienes solicitan la anulación del cuestionado crédito”.
La molestia de los estudiantes se desató debido a los dichos de Bitar, quien señaló a El Mercurio que “si tuviera que volver a tomar la decisión (de crear el CAE) en las circunstancias de entonces, haría lo mismo”.
“Nos gustaría ver a los creadores del CAE con otra actitud, más humilde, menos arrogante. Reconocer un error enaltece, pero lo que vemos con las declaraciones del ex ministro Bitar es una bofetada para todos quienes deben pagar créditos con tasas abusivas. Incluir a la banca privada en la implementación de una política pública es desconocer el rol del Estado en cuanto a garantizar el derecho a la educación”, agregó Rojas.
“Tenemos confianza en que la Comisión Investigadora sacará conclusiones claras respecto a los desaciertos del Crédito con Aval del Estado. Aquí hay cobros abusivos e instituciones que actuaron de manera negligente, o que derechamente, no hicieron su pega, y eso es lo que la Comisión debe dejar en evidencia”, señaló el Coordinador Nacional de Deuda Educativa.
“Nadie dice que no queremos pagar los créditos, pero la gente quiere y debe pagar lo justo, no tres veces el valor de la deuda”, agrega Juan Pablo Rojas.
Las seis demandas que ha presentado el Movimiento Deuda Educativa, a través de la Coordinadora Demanda CAE, son patrocinadas por el abogado y académico, Belisario Prats Palma, quien busca, a través de los tribunales de justicia, conseguir que se declaren como ilegales los contratos que firmaron los estudiantes que accedieron al Crédito con Aval del Estado.
