La noche de este 26 de septiembre se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, por lo que miles de ciudadanos tomaron las calles para exigir justicia en el caso.
Antes de la marcha que partió del Ángel de la Independencia, al Zócalo capitalino, manifestantes realizaron una misa en recuerdo de los jóvenes estudiantes.
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Asistentes a la marcha realizan el conteo de los estudiantes en el #Zocalo pic.twitter.com/MSvVkcxXy6
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Cuatro sacerdotes estuvieron en la cima de las escalinatas del monumento al Ángel, y con cantos y una homilía, el contingente rezó por los estudiantes desaparecidos.
Activistas, integrantes de organizaciones, familiares de desaparecidos y estudiantes de diversos planteles, como la UNAM; la UAM y el IPN se concentraron previo al inicio a la marcha.
“Las víctimas tenemos que acompañarnos y exigir no más impunidad”, Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, asesinado en Culiacán, Sinaloa en la marcha #Ayotzinapa4Años pic.twitter.com/RlNl8gLb8c
— Cencos (@cencos) 26 de septiembre de 2018
Con el grito de “justicia” y el pase de lista de cada uno de los estudiantes, ciudadanos demandaron castigo a los culpables. “Vivos se los llevaron vivos los queremos”, gritaron durante la caminata.
Bajo una fuerte lluvia, la marcha estuvo acompañada con música que interpretaron estudiantes de la Escuela Nacional de Música. Pese al mal clima, los manifestantes aplaudían y llamaban a mantenerse firmes en su reclamo y en esta marcha, que se desarrolló de manera pacífica.
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Doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, recuerda que el 26 de septiembre es de lucha por sus desaparecidos pic.twitter.com/FUBqJqrEPf
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Este aniversario es el último que tendrá a Enrique Peña Nieto como presidente, pues fue durante su mandato cuando ocurrió la agresión y el desarrollo de la investigación oficial llamada “verdad histórica” por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
La PGR concluyó en Enero de 2015 que los estudiantes fueron asesinados por grupos delictivos de la zona, para después incinerarlos y arrojar sus restos al Río San Juan, en el estado de Guerrero. Un año después, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desginó a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para elaborar una investigación.
Tras detectar irregularidades de las autoridades en el caso, el grupo de expertos denunció obstáculos a su trabajo, así como espionaje a sus integrantes. Al final, el gobierno decidió no renovar su estancia en el país.
Apenas en junio de este año, un tribunal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reparar el proceso de investigación tomando en cuenta a las víctimas y a expertos independientes, pese a que la PGR se dijo impedida para hacerlo.
Hasta ahora hay 119 personas procesadas por el caso, 69 por secuestro y 50 por delincuencia organizada o portación de armas, de acuerdo con el fiscal del caso, Alfredo Higuera.
