México.- La Procuraduría General de la República y J. Duarte abrirán hoy sus “cartas” ante las autoridades judiciales para dirimir si el proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa amerita o no llegar a juicio.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez federal de control del Reclusorio Norte, presidirá este miércoles a las 16:00 horas una audiencia en la que será debatida y valorada la legalidad de cada uno de los más de 100 datos de prueba que ofrecerán las partes.
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El juez ordenará excluir las que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, no se refieran al objeto de la investigación o hayan sido obtenidas ilícitamente. Si resultan suficientes y pertinentes, habrá juicio.Desde el pasado 21 de agosto, al presentar la acusación, la PGR pidió que el ex Gobernador de Veracruz sea condenado a 25 años de prisión -15 años por lavado y 10 por asociación delictuosa-, en caso de que sea llevado a juicio.En el mismo documento, solicitó por anticipado el decomiso de 41 bienes inmuebles, 21 de ellos parcelas en Campeche, 6 propiedades en la Ciudad de México, 5 en Quintana Roo, 4 en Veracruz, 4 en Guerrero y 1 en el Estado de México.
Pero, en relación a las pruebas, por ahora sólo se conocen públicamente las que ofreció la PGR contra Duarte y no las de descargo que él presentó ante el juez. Las pruebas del ex Gobernador serán dadas a conocer esta tarde en la audiencia.A principios de mes, Reforma reportó que la Procuraduría ofreció 110 datos de prueba con los cuales pretende llevar a juicio a Duarte, 72 interrogatorios a testigos, 33 escrituras y documentos diversos y 5 series fotográficas y redes de vínculos.Entre los testigos ofrecidos por la PGR están el ex diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad y el ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita.
También Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, a quien un testigo colaborador de la PGR señala como supuesta ex pareja sentimental de Duarte, y Ari Berger Alazraki, apoderado de Berger Joyeros, la joyería de Polanco en la que otro testigo con beneficios dice haber adquirido prendas para Karime, esposa del ex, mandatario.La PGR también pidió interrogar ante el juez a cinco notarios de cuatro entidades federativas, entre ellos Alejandro Pérez Teuffer Fournier, Notario 44 de la Ciudad de México, quien dio fe del testamento de Moisés Mansur Cysneiros en favor de Duarte y su esposa.José Manuel Merino Madrid, director General de Procedimientos Internacionales de la PGR, y Rubén Alcántara Aguilar, el analista de inteligencia que elaboró el flujograma de los desvíos de Veracruz, figuran en la lista de los testimonios ofrecidos.Además están contemplados dos funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre ellos Rodrigo González Bolaños, responsable de presentar la querella contra Duarte ante la PGR, y tres trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, entre ellos Ardelio Vargas Carrillo, administrador de Supervisión 2.
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En la lista también está Arturo Orci Magaña, Auditor Especial del Gasto Generalizado de la Auditoría Superior de la Federación.Del Gobierno de Veracruz, la PGR está proponiendo interrogar a seis funcionarios, entre ellos el tesorero Adrián Viccon Basto; Víctor Medina Aguirre, jefe del Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información, y José Manuel Ruiz Falcón, director de Centro Histórico del Puerto de Veracruz.Adicionalmente, están 15 representantes de Banco del Bajío, BBVA Bancomer, HSBC, CIBanco, Inbursa, Banorte, Multiva y Santander, así como 2 peritos de contabilidad, 3 de valuación inmobiliaria y 11 de traducción de la PGR.
Exgobernador de Veracruz, J. Duarte. Foto: Reforma
Duarte tiene una opción para evitar la embestida judicial que pretende la PGR: buscar alguna forma de terminación anticipada del proceso y con ello ahorrarse el juicio.El procedimiento abreviado es una de esas salidas, aunque implica que el imputado acepte al menos una parte de su responsabilidad en los delitos, lo que por ahora Duarte y su defensa no han manifestado públicamente.Si el ex Mandatario decidiera irse por este camino, negociaría la aceptación de algún delito y el retiro de otro por parte de la PGR, lo que le aseguraría la pena mínima de prisión y a ésta le restarían la tercera parte de duración.
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