Ciudad de México.- La iniciativa presentada el pasado 6 de septiembre por el legislador del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, para “detener” la privatización del agua fue bien recibida entre simpatizantes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y organizaciones sociales en defensa del derecho al agua.
En su iniciativa, Batres propone derogar el capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales. Durante su exposición de motivos desde la tribuna del Senado de la República, Batres expresó que su propuesta buscaba hacer valer el artículo 4, párrafo sexto de la Constitución, que reconoce el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico.
“El Estado mexicano es el encargado de garantizar que los gobernados tengan acceso al agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible […] es facultad exclusiva del Estado velar por el cumplimiento de este precepto constitucional”, dijo.
Sin embargo, especialistas entrevistados por Monitor Expresso advierten que la propuesta del legislador de Morena se trata de un acto de simulación. Así lo sostiene Miguel Ángel Montoya, consultor político, asesor parlamentario sobre gestión integral del agua, y quien además participó activamente en la redacción de la reforma que plasmó el derecho al acceso al agua y al saneamiento en la Constitución.
Montoya reconoce que la propuesta de Batres tiene el mérito de haber puesto en el Congreso el tema de la ‘desprivatización’ del agua, ya no así su privatización, no obstante, considera que la iniciativa es no solamente inviable y engañosa, sino que deja a un lado la obligación constitucional de emitir una Ley General de Aguas, un instrumento que serviría para dotar de criterios generales la gestión del agua y lograr que sea una actividad sin fines de lucro, equitativa y sustentable.
En cambio, Batres elude esta responsabilidad y propone modificar la Ley de Aguas Nacionales, que no tiene nada que ver con el servicio público de suministro y que, desde
1984 es una atribución de los ayuntamientos y los estados, que han venido modificando las leyes locales para que sea gestionado por particulares. Desde la década de 1990 los servicios públicos de suministro se han venido otorgando a un mayor número de empresas privadas que, lejos de desplegar infraestructura para garantizar el acceso al agua en las zonas de alta marginación, han hecho del abastecimiento de agua un jugoso negocio al amparo del Estado.
Lo que sí corresponde a la Ley de Aguas Nacionales es el otorgamiento de concesiones, pero Batres tampoco propone transformar de fondo un modelo que se ha pervertido y que ha beneficiado a las grandes corporaciones, lamenta Montoya, quien comenta que cuando se hace referencia al modelo concesional que se ha profundizado durante el neoliberalismo, hay que tomar en cuenta que se refiere no únicamente a las concesiones que se han otorgado para el servicio público de suministro a empresas como Aguas de Barcelona (Aguascalientes) o Aguakan (Quintana Roo), sino también a las que han puesto las aguas superficiales y subterráneas bajo el control de empresarios para su explotación de manera irrestricta.
“En la iniciativa es clara la intención de no trastocar este modelo concesional y, por ende, no afectar los grandes intereses en el sector […] de querer en verdad hacerlo, la iniciativa debió reformar cinco títulos, 18 capítulos y por lo menos 96 artículos de la Ley de Aguas Nacionales”, apuntó el consultor político en un artículo publicado en La Jornada el 28 de septiembre.
En opinión de Montoya, la “propuesta pirotécnica” de Martí Batres “le tapa el ojo al macho”, pues aunque su iniciativa establece la prohibición de que el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgue concesiones al sector privado, no es el titular de la Comisión sino los 13 Organismos de Cuenca los responsables de su otorgamiento.
* Monitor Expresso solicitó en varias ocasiones una entrevista con el Senador Martí Batres para hablar de su iniciativa sobre el agua, pero no se obtuvo respuesta.
