El nuevo proyecto estrella del Gobierno, la Ley de Aula Segura, sigue encontrando detractores, ya que muchas voces la encuentran inconstitucional porque no garantiza un mecanismo de apelación para los estudiantes.
A partir de la inconstitucionalidad, la oposición ha dilatado el trámite del proyecto, pero los últimos incidentes en el INBA, donde un estudiante se ve con bombas molotov, reavivó el debate, lo que fue aprovechado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos para seguir defendiendo la ley.
“Siento que cuando presentamos esta ley les resultó incómoda y ellos (la oposición) intentaron algo que yo nunca había visto, que es este retardo en la discusión al llevar el proyecto a la Comisión de Constitución. Y ahí, tres senadores de oposición declararon su opinión, que por respetable que sea, es simplemente una opinión, porque el único órgano capaz de declarar la inconstitucionalidad de un proyecto es el Tribunal Constitucional”, señaló en entrevista con el diario La Tercera.
Sobre la inconstitucionalidad de Aura Segura, Cubillos es tajante: “El proyecto es constitucional porque respeta y garantiza los derechos constitucionales de dar seguridad a la comunidad educativa, dar el derecho de educación a todos los estudiantes y el derecho al debido proceso. Pero además es constitucional porque la Constitución impone al Estado el deber dar protección a la población”.
Aula Segura permitirá a los directores de los colegios poder expulsar a sus estudiantes, aún cuando no esté establecido en el reglamento interno del establecimiento. Los críticos del proyecto aseguran, sin embargo, que esto no solucionará los hechos de violencia en el INBA, o en otros recintos educacionales. Cubillos es clara: “Cuando se dice que el proyecto no soluciona el problema de fondo, no se está considerando el problema de fondo que tiene ese liceo en particular, y ese liceo hoy tiene estudiantes que cometen hechos de violencia. Y cuando un director puede actuar con firmeza, se soluciona el problema de ese liceo. Además, ese alumno aparte de enfrentar las sanciones penales, enfrentará la sanción de la expulsión, será separado de los compañeros con los que ha interactuado y tendrá más posibilidades, quizás, de dejar el camino de violencia”.
“Soy enfática en decir que los casos que aborda Aula Segura no son de problemas de convivencia escolar, sino de violencia. Lanzar una molotov es un problema de violencia. Y nunca hemos querido que ambas cosas se aborden de la misma manera, porque sería injusto con los jóvenes que de verdad tienen un problema de adaptación o de convivencia, lo que se tiene que tratar de otra manera. Cada escuela tiene sus encargados y manuales de convivencia, y nosotros, como ministerio, queremos, a través de programas específicos, seguir apoyando esa labor”, agregó.
¿La expulsión no generará segregación? Cubillos no lo cree, ya que “aquí también hay que considerar lo que dicen los propios liceos emblemáticos y los padres de esos liceos. Dicen que por qué tienen que sacar ellos a sus hijos de ese liceo, o por qué ese profesor tiene que irse a otro colegio para tener las garantías de seguridad. Nos parece lógico que el estudiante que decida automarginarse sea el expulsado, y no que los otros estudiantes se vean obligados a dejar el liceo, que es quizás el liceo al que quisieron postular toda su vida”.
Uno de los problemas que genera dudas en la ciudadanía es si el alumno expulsado podrá encontrar un colegio que lo reciba, ya que quedará estigmatizado. La titular de la cartera indica que “la Ley de Inclusión garantiza que todos los establecimientos que reciben subvención y tienen cupos deben aceptar al alumno que postule. Nosotros estamos procurando a través de la Seremi de Educación el conversar con los directores y sostenedores, para que el colegio que reciba al alumno tenga buen nivel de convivencia escolar y un buen apoyo psicosocial. Pero nada de eso funciona si no están también los padres y las familias comprometidas”.
