“Un medio de comunicación afirmó ayer que la Corte de Apelaciones había condenado a la Iglesia por negligencia en el caso Karadima. Hoy otro medio dice que aún no ha fallado. No sabemos lo que está ocurriendo, pero con lo que está en juego y los poderes que involucra, nada nos sorprende a estas alturas. Esperamos que la Corte resuelva pronto. Entonces, con esa certeza podremos hablar”, escribió ayer –en su cuenta de Twitter– Carlos Cruz, una de las víctimas del otrora poderoso párroco de El Bosque, Fernando Karadima.
A lo que se refería Cruz era a la portada del domingo de La Tercera, en la que se afirmó que la Corte de Apelaciones de Santiago había fallado a favor de la demanda por $450 millones presentada por tres de las víctimas del ex párroco de El Bosque –Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo–, lo que 24 horas después fue desmentido por el presidente de la Novena Sala de dicho tribunal de alzada, Miguel Vázquez, quien señaló que “la causa está en estudio”. Por eso, después de la celebración, entre las víctimas de Karadima se impuso la prudencia para avanzar en el desconocido terreno en que se transformó la causa.
Al interior de la Corte de Apelaciones ayer las recriminaciones iban y venían, como también los cuestionamientos internos por las filtraciones a la prensa de resoluciones de esta índole, que son delicadas y de fuerte impacto en la opinión pública. No por nada, pasadas las 15:00 horas la presidenta de dicho tribunal, Dobra Lusic, salió a asegurar públicamente que “no existe siquiera un proyecto de fallo (…) se analizaron los antecedentes con los que contábamos, se informó por el ministro (Miguel) Vázquez, presidente de la Novena Sala, que no existe hasta la fecha ni proyecto entregado ni menos sentencia sobre esta materia”.
Pero, a pesar de la molestia que abundó ayer en la Corte, la ministra Lusic fue cautelosa y en ningún momento habló de desmentir la información, misma prudencia que tuvo para esquivar la respuesta cuando se le preguntó si al menos los jueces de la Novena Sala habían votado, ante lo que se limitó a comentar que los jueces no podían referirse a eso.
La declaración que puso Cruz en su Twitter fue poco antes de que precisamente hablara la ministra Lusic, ya que a esas alturas del día las víctimas de Karadima estaban en una verdadera angustia. Desde ayer se instaló un abierto temor entre quienes respaldan la entrega de una indemnización de la Iglesia católica a las víctimas de abusos sexuales, les preocupa que el lobby y las presiones en torno a los jueces tenga efectos negativos en la Corte y vaya en contra de lo que habría sido la decisión inicial del tribunal de alzada en esta causa.
Dicha preocupación se sustenta en el hecho de que, si bien Lusic señaló que no había fallo, lo cierto es que, según la descripción de la tabla de dicho tribunal, la causa no está en estudio –como dijo Vázquez– sino “en acuerdo”. Esa descripción de trámite indica que sí existe una decisión sobre la materia, pero que sus argumentos y fundamentos jurídicos aún no se han redactado, un aspecto que siempre resulta excesivamente largo en las causas civiles, a diferencia de las penales.
Este paso en falso que sufrió la causa abre un espacio –agregaron fuentes consultadas– para que el Arzobispado despliegue gestiones a todo nivel para revertir lo que sería la tendencia de la Sala de obligarlos a pagar indemnización a las víctimas de Karadima.
A pesar de ese temor, fuentes de tribunales aseguraron ayer que no existe posibilidad de que el fallo sea desfavorable para Hamilton, Cruz y Murillo, porque no solo el contexto nacional está del lado de las víctimas, dada la condena transversal a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, sino porque las pruebas presentadas en los alegatos la semana pasada fueron demoledoras. Una en particular, explicaron, la carta que el cardenal Francisco Javier Errázuriz, le envía al nuncio Giuseppe Pinto, que apunta claramente al encubrimiento que fomentó la jerarquía de la Iglesia católica ante estas situaciones.
Dicha prueba la presentó el abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, quien también –agregaron en tribunales– dio suficientes argumentos a los magistrados para fallar a favor de las víctimas del ex párroco de El Bosque.
Si bien el riesgo y temor ante el lobby de la Iglesia es real, cercanos al caso explicaron que al interior de dicha institución católica no todos comulgan con seguir esa línea y no son pocos los que consideran que es “imposible ignorar la reparación económica”. Ese choque interno podría llevar a que el Arzobispado de Santiago opte por tratar de llegar a una conciliación con las víctimas, más aún cuando hay señales en los pasillos de tribunales respecto a que un fallo favorable en esta demanda permitiría dar inicio a una nueva etapa, la del pago de indemnizaciones no solo para Hamilton, Cruz y Murillo, sino también para el resto de las víctimas de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
