Todo parece indicar que frente a un excesivo bombardeo de cifras, gráficos y ranking por distintos medios de comunicación, se ha visto atrofiada nuestra capacidad de análisis crítico de las mismas.
En términos prácticos, las instituciones del Estado segmentan por deciles (nos dividen en 10 partes iguales) o quintiles (5 partes iguales) y estar en uno u otro grupo significa acceder o no a beneficios estatales. Ahora bien, convengamos que a los políticos les interesa hablar más del beneficio hasta el sexto decil que utilizar la frase de hasta el tercer quintil, pero la población objetivo es la misma.
Para el mercado chileno, la clasificación socioeconómica dominante es la propuesta por la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) que nos dividió originalmente en 7 grupos (desiguales en cantidad de miembros) denominados A, B, C1, C2, C3, D y E. En el club de los 3 primeros grupos de privilegiados participaban tan pocos miembros, que para poder identificarlos como un grupo atractivo para el consumo, popularmente se conocieron como los ABC1.
Hoy en día esta propuesta se ha actualizado a una clasificación de grupos socioeconómicos por nivel de consumo, definiendo las categorías en AB (clase alta), C1a (clase media acomodada), C1b (clase media emergente), C2 (clase media típica), C3 (clase media baja), D (vulnerables) y E (pobres). Estos resultados se obtuvieron cruzando estadísticas públicas de la Encuesta de Presupuestos Familiares y Encuesta CASEN.
En un semestre de mayor dinamismo en el consumo, a pesar de la debilidad del mercado laboral, los titulares resaltan la disminución de los grupos pobres y el aumento de la clase media. Sin embargo, hay algo particular en que deseo centrar mi análisis: el grupo AB, los llamados clase alta, quienes promedian un ingreso mensual del hogar en 6.452.000 que representa el 3% de los hogares del Gran Santiago y el 1% nacional.
Según esto, actualmente no hay político importante (senador, diputado, ministro, subsecretario, etc.) que no pertenezca a esta clase social. Mayoritariamente, una clase social defiende y trata de perdurar los derechos de su grupo. Aquí está la explicación del por qué nuestra clase política es menos progresista que sus votantes y al mismo tiempo, cualquier reforma termina siendo una reformita. Salvo contados casos, nunca más anduvieron en transporte público, se anotaron en una lista de espera de salud o no pudieron optar a un bien o servicio de calidad. Si no experimentan los problemas reales de la gente, seguirán insistiendo en solucionar puntos de una agenda pública pro-votos, que según las últimas elecciones sólo interesan al 49% de los potenciales votantes con ese derecho y que nos tiene acotado a la discusión sobre seguridad ciudadana, empleo, matrimonio igualitario, aborto, transparencia, asamblea constituyente, entre los más relevantes. Sobre el debate de qué hacer para reducir las brechas de desigualdad, nada.
Resulta paradójico que el Estado sea productor y reproductor de la clase alta. El servicio público no debiera ser sinónimo de ingresos equivalentes a esta clase social de consumo. Este debiera ser el principal argumento de la rebaja en la dieta parlamentaria, relegando a un segundo plano querer parecernos más al promedio de la OCDE.
En términos didácticos un hogar AB, en promedio, es capaz de generar ingresos por sobre los 50 millones al año. Un hogar que subsiste con el ingreso mínimo sólo en torno a los 3 millones. El rostro del jefe o jefa de hogar AB no debiera de tener la figura de los y las Matte, Yarur, Angelini, Piñera, Saieh, Ponce Lerou, Paulmann, Fontbona, que en términos reales poseen tanto que obligarían a segmentar en al menos 50 grupos a la sociedad chilena. Los rostros de los privilegiados, a parte del empresariado, son los políticos. A no confundir servicio público con servido a partir de lo público.
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