“Hay voluntad política para avanzar con los cambios migratorios”, aseguró un vocero del gobierno en diálogo con Filo. Y confirmó la intención del Ejecutivo de enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley 25.871 que busca obtener el respaldo jurídico para agilizar las deportaciones.
En lo que va del año 150 personas fueron deportadas, según datos oficiales.
El debate se precipitó la última semana tras las detenciones durante las protestas por el Presupuesto 2019, donde cuatro extranjeros fueron apresados. Entonces, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, así como el senador justicialista Miguel Pichetto, anticiparon el debate que se viene.
QUÉ QUIERE EL GOBIERNOEl borrador del proyecto oficial que será puesto a consideración de Diputados y Senadores busca busca herramientas que permitan la expulsión automática de inmigrantes ilegales que cometen delitos y entre las principales medidas contempla:Crear un fuero migratorio
Policía Migratoria
App en celulares de policías para la detección de extranjeros sin radicación
Controles más rigurosos en las fronteras
LAS CRÍTICASDesde la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, (CAREF), una ONG que trabajaba por los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, sostienen que los cambios que el gobierno anuncia en la Ley Migratoria son de carácter “restrictivo y regresivo”.Gabriela Liguori, Coordinadora General de CAREF, considera que las autoridades argentinas “están tomando el ejemplo de países como Estados Unidos o la Unión Europea, y tienden a obstaculizar el ingreso al país de la población migrante, así como el acceso a la regularidad de las residencias”.
Según Liguori, “partiendo del supuesto de que el estado debe proteger a su ciudadanía, se alimenta una perspectiva xenófoba y persecutoria”.
“Estas políticas promueven la discriminación y la exclusión por el solo hecho de no ser nacional”.
MÁS RESTRICCIONESLa titular de CAREF explicó que Migraciones viene desestimando trámites para regularizar la radicación de extranjeros y denunció un incremento exponencial en el valor de las tasas.”Pasaron de cobrar $300 a $3.000 para el inicio de un trámite a personas que son del Mercosur. Y para quienes no pertenecen al bloque esa tasa pasó de $600 a $6.000. Por otro lado los turnos se están otorgando de aquí a un año. Es decir, personas que tienen toda la documentación para obtener su radicación, hoy no pueden acceder porque el propio estado está dilatando los tiempos. Y en caso de que el interesado requiera hacer el trámite más rápido podrá acceder a un ´turno expres´ a un costo extra de $10.000″. Esto, indica Liguori, genera “irregularidad migratoria y un obstáculo económico que es prácticamente imposible de resolver por las familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza”.
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