La Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017, será uno de los temas sometido al escrutinio internacional el próximo 7 de noviembre, cuando se realice el Examen Periódico Universal (EPU) de México en Ginebra, Suiza.
En los documentos a los que tendrán acceso las naciones de la ONU para dar recomendaciones a México sobre la situación de Derechos Humanos en el país, se incluyen los señalamientos de mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones ciudadanas en contra de dicha Ley, que permite al presidente mexicano ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, por un tiempo determinado, cuando se identifiquen “amenazas” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes.
Suiza, por ejemplo, ya adelantó que cuestionará a México sobre si esa ley va conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, en aspectos como las facultades que otorga al Ejército para recabar información de inteligencia, y el uso de la fuerza ante protestas públicas.
“Es un tema importante, y desde luego la recomendación nuestra es derogarla. Esa ley, muchas de sus disposiciones, abiertamente violan las obligaciones internacionales del Estado”, dijo de cara al EPU Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, que forma parte del #ColectivoEPUmx.
“Independientemente del análisis constitucional, se están contradiciendo obligaciones que tiene el Estado bajo instrumentos como el pacto internacional de derechos civiles y políticos, y esa violación no solo es un tecnicismo y un problema jurídico, sino que refleja una situación de desequilibrio, de asignación equivocada de tareas en el modelo de seguridad que ya ha demostrado ser un fracaso”, agregó.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos menciona en el informe para el EPU que la legislación no brinda certeza, confunde las nociones de seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, y solo contribuye a consolidar un modelo de seguridad que no ha dado resultados en el país, con el Ejército y la Marina haciendo tareas que deberían corresponder a policías civiles.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, dijo a Animal Político que sería positivo que la Ley de Seguridad Interior fuera abrogada, aunque se está a la expectativa de la resolución que tome sobre ella la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de si el tema es tocado con fuerza en el EPU.
Esperamos tener un “cambio de paradigma hacia un modelo de seguridad humana, seguridad que valore los derechos humanos”, mencionó Jarab, en cuanto a un posible viraje al iniciar el próximo gobierno.
ONU-DH en México ha insistido en el punto de que el gobierno mexicano presente un calendario realista para el retiro de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.
Cuando ocurrió la promulgación, a pesar de la advertencia de organismos nacionales e internacionales sobre la militarización del país, el presidente Peña Nieto dijo que la Ley de Seguridad Interior no sería utilizada, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre su constitucionalidad, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.
Aunque dijo que no se aplicaría, Peña Nieto defendió que tiene como objetivo dar certeza a las fuerzas armadas, en la preservación de la seguridad interior, y establecer límites a su actuación cuando los estados solicitan su presencia para combatir al crimen.
La CNDH, el pasado 4 de noviembre, publicó un comunicado en el que pidió a los ministros de la Corte invalidar la Ley de Seguridad Interior, pero en su totalidad, sin dejar en pie algunas de sus normas que plantean subordinación de autoridades civiles ante las Fuerzas Armadas; lo anterior, luego de que se conocieran detalles del proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo.
En su reporte para el EPU, el gobierno mexicano solo dedicó un párrafo a esa Ley, repitiendo que “regula y dota de certeza jurídica la actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) durante amenazas a la seguridad que rebasan las capacidades de las autoridades locales”, aunque también señalando que su aplicación está suspendida y “bajo revisión judicial”.
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Futuros integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien será presidente de México a partir del 1 de diciembre, han mencionado que también esperarán a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie.
Lo anterior, aunque el partido de López Obrador tiene la fuerza en el Congreso para quitarla del camino.
“Morena dijo como oposición que estaba absolutamente en contra, y ahora solo tendría que aplicar su mayoría para abrogarla, si quisieran hacerlo no sería más que un trámite”, apuntó el senador Emilio Álvarez Icaza, exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Organizaciones ciudadanas, la CNDH y Amnistía Internacional también alertaron en su reporte para el EPU que la Ley de Seguridad Interior refuerza el papel del Ejército y la Marina en la seguridad pública, sin prever un control civil adecuado de las fuerzas armadas.
La Ley, advirtieron ONG como CEJIL, Artículo 19, Centro Prodh y Tlachinollan, amenaza la libertad de asociación y de expresión, define de manera “extremadamente vaga” las amenazas a la seguridad interior, y encomienda al Ejército y Marina labores para recabar datos de inteligencia.
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El #ColectivoEPUmx, que agrupa a más de 200 organizaciones ciudadanas, señaló en su documento para el Examen Periódico Universal que la Ley pretende normalizar y profundizar la militarización de la seguridad pública.
Lo anterior, “contradiciendo abiertamente las repetidas afirmaciones del Estado mexicano a lo largo de más de una década en el sentido de que la militarización era una medida temporal”, y estableciendo “un esquema de subordinación de las autoridades civiles del país a la cadena de mando militar, violando la Constitución y llevando al país por un camino autoritario que desconoce el régimen democrático que debería caracterizar nuestro Estado”.
La Ley, se advierte a la comunidad internacional, “reserva toda información relacionada con su aplicación por razones de seguridad nacional; define conceptos como amenazas a la seguridad interior de manera sumamente amplia; asigna a las Fuerzas Armadas tareas de inteligencia; y permite prórrogas ilimitadas de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; todo lo anterior, sin establecer controles civiles mínimamente adecuados sobre el actuar de las Fuerzas Armadas”.
Estas alertas sobre la Ley de Seguridad Interior se dan mientras en México, como ha ocurrido desde 2006, persiste la llamada “guerra contra el narco”, una política de Estado que, acusan organizaciones ciudadanas, ha provocado una serie de abusos y “crímenes atroces”, violaciones a derechos humanos que en su mayoría siguen en la impunidad.
“La tortura en México es en su mayoría cometida por elementos de las fuerzas armadas”, se menciona en el informe Crímenes de Lesa Humanidad en el Marco de la Lucha contra las Drogas, elaborado de cara al EPU 2018 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y otras organizaciones.
La PGR, se detalla en el documento, informó sobre 1,847 investigaciones iniciadas, de 2015 a 2017, por casos de presunta tortura cometidos por militares.
“Hasta el momento, tenemos conocimiento de tan solo cinco sentencias definitivas sobre hechos de tortura que involucran a personal de la Sedena”, acusaron las organizaciones.
“México debe aceptar la crisis de derechos humanos en la cual se encuentra inmersa como un primer paso para tomar medidas para revertir los asesinatos, los actos de tortura y la desaparición forzada y aceptar la cooperación y asistencia técnica, política y financiera de la comunidad internacional”, concluyeron.
