Lindo país esquina con vista al mar se llamaba la maravillosa obra teatral de ICTUS que debutó en 1979. Es la imagen que me inspira la política exterior chilena, sometida bipolarmente al éxito de la causa contra Bolivia en La Haya y al bochorno de la entrega de asilo político en Francia al asesino del Senador Jaime Guzmán.
Estoy convencido que Palma Salamanca debe ser juzgado en Chile. El Gobierno deberá desarrollar las gestiones necesarias para intentar que ello ocurra. Sin embargo, mientras algunos llaman a “golpear la mesa” en nuestra relación con Francia, no puedo evitar preguntarme qué es lo que ve ese país en nuestra institucionalidad democrática, particularmente en nuestro Poder Judicial, que le lleva a pensar que no están dadas las condiciones para un procedimiento justo e independiente en un caso como éste. Resolver esa interrogante es quizás una de las cuestiones más importantes hoy.
Por lo demás, no es primera vez que ocurre. El año 2012 fue Alemania la que se negó a conceder una extradición requerida por nuestro país. En ese caso se trataba de una solicitud que afectaba al médico de Colonia Dignidad, Harnutt Hopp, acusado de complicidad con Paul Schäfer para abusar de menores. Es decir, en un lapso de seis años, dos países europeos amigos de Chile se oponen a una extradición originada en procesos judiciales chilenos.
¿Tendrá que ver con la reputación que construyen afirmaciones como la del actual Ministro de Justicia que hace muy pocos meses sostuvo que el gobierno debía “netear” con nominaciones de jueces más afines a la derecha lo que consideraba un proceso sistemático de nombramientos de jueces de signo contrario?.
El mismo ministro, vale la pena recordar, que en su calidad de Senador no titubeó en defender con fuerza a Colonia Dignidad, emblema ya sabemos de las violaciones a los derechos humanos en Chile. ¿O será por la evidencia acreditada de uso de pruebas falsas en contra de imputados mapuche? ¿O por la falta de condenas relevantes en el caso de financiamiento ilegal de la política, o la dificultad para establecer el pago de indemnizaciones por abusos de menores por parte de sacerdotes, o la cantidad de violaciones de derechos humanos que permanecen impunes?
Como sea, no es irrelevante señalar que el Poder Judicial se encuentra entre las instituciones peor consideradas por los chilenos.
Una segunda pregunta se refiere más bien a la forma en que los chilenos vemos al mundo. Informaciones de prensa señalan que alrededor de 16 embajadores, algunos en países tan importantes como la misma Francia, aún no han sido nominados.
A la euforia por el éxito en La Haya por la controversia con Bolivia le haría bien incorporar en el análisis la pobreza ya estructural de nuestra política exterior. ¿Cuál es nuestra posición y cuáles nuestras acciones frente a la crisis humanitaria y política de Centroamérica, una zona del continente en la que históricamente hemos sido bien considerados? ¿Nos acordaremos de ellos sólo cuando los necesitemos nuevamente por un conflicto con alguno de nuestros vecinos? ¿De qué forma nos aproximamos al resquebrajamiento de la Unión Europea, un aliado político y comercial de enorme relevancia? ¿Cuál es nuestra apuesta de largo plazo para el cono sur y Sudamérica?
Lo concreto es que, así como no nos consideran ni valoran lo bien que quisiéramos, tampoco nosotros vemos ni entendemos el mundo. Y nuestra Cancillería, hace rato ya, no da el ancho para ayudarnos a hacerlo.
Así las cosas, mientras los procedimientos judiciales y diplomáticos siguen su curso, sostengo que vivimos un llamado de atención que abre una oportunidad enorme para debatir sobre dos piezas fundamentales de la vida democrática de un país: Su justicia y su política exterior. Por supuesto, podemos elegir como han sugerido varios dirigentes políticos, enfrentar esto como una cuestión de “estrategia comunicacional” para hacer frente a una “red de la izquierda” que impide que se haga justicia.
Intuyo que sería un error.
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