ASF detecta falla en entrega de antirretrovirales a pacientes con VIH/SIDA



La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el control de medicamentos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida), como que las entregas estén desactualizadas en el sistema electrónico, que se den antirretrovirales por adelantado, o autorizaciones a nombre de pacientes que ya estaban dados de baja.
Esto último ocurrió en el centro de atención especializada del puerto de Veracruz, Veracruz, el segundo con más pacientes del país. De 2 mil 824 personas que son atendidas en este lugar, la ASF revisó las recetas de una muestra aleatoria de 87. La auditoría 2017-5-12K00-15-0223-2018 reveló que encontró “la existencia de recetas autorizadas por el médico en expedientes de pacientes dados de baja”, aunque no especificó cuántos casos ocurrieron.
El informe también expuso que ninguna de las 87 recetas tenía el sello o firma del responsable de farmacia y en 26 (el 30%) hubo diferencias entre la cantidad de medicamentos entregados que registraba en el sistema electrónico y la que acreditaban las propias recetas. Además, la clínica no contaba con un área de almacén, aunque tras la auditoría las autoridades ordenaron habilitar una.
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La ASF también auditó la Clínica Especializada Condesa, en la Ciudad de México, que es la más grande con 11 mil 661 pacientes, de los que revisó 260 expedientes. La principal inconsistencia hallada fue que se surten medicamentos para dos o más meses, lo cual está autorizado por la Dirección para agilizar la operación, pero no obedece a lo establecido en los lineamientos.
En ambas entidades, la Auditoría encontró que era común que los encargados de farmacia anoten las entregas de antirretrovirales primero en una hoja de Excel, y hasta después carguen la información en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (sistema SALVAR), lo cual contradice lo indicado en los manuales de operación. También detectó que hay un desfase entre la fecha en que los médicos dan una receta en papel y hasta que aparece en el sistema.
“Las actividades de control para asegurar la correcta integración de expedientes clínicos, y el manejo adecuado de recetas médicas y entrega de medicamentos a los pacientes, no fueron efectivas”, sentenció la ASF.
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Por todo esto, una de sus recomendaciones fue “evaluar la pertinencia de incorporar a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) al Sistema Nacional de Expediente Clínico Electrónico, con el fin de mejorar la calidad en la atención de usuarios de los servicios y seguir un estándar para su correcta integración”.
La Auditoría tomó como muestra las clínicas de Ciudad de México y Veracruz porque están en las entidades del país que más casos de VIH/SIDA se atienden. La primera encabeza la lista con 17 mil 634 personas en tratamiento; le sigue Veracruz con 8 mil 109; el Estado de México, con 7 mil 229; Jalisco, 5 mil 690; y Chiapas, que tiene 4 mil 445 pacientes.
Los últimos lugares los ocupan Zacatecas, Baja California Sur y Aguascalientes, con menos de 500 pacientes cada uno al cierre de 2017. En total, en todo el país se atiende a 89 mil personas con VIH/SIDA.
El año pasado, Censida tenía programadas nueve visitas de supervisión a los estados, pero sólo acreditó haber realizado dos, a Veracruz y Tlaxcala, “por causa de limitaciones presupuestarias y el poco personal capacitado y con la experiencia necesaria para realizarlas”, según explicó el organismo a la ASF. Lo respaldó con un oficio del 3 de agosto de 2017 en el que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud notificó que se tomaban medidas de austeridad.
La Auditoría comprobó que el presupuesto ejercido por Censida en 2017 fue de 307.2 millones de pesos, 8.4% menos que en 2016. Aunque eso no afectó el monto para la compra de medicamentos, porque ese dinero está garantizado mediante el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS).
Para eso, se autorizó un monto máximo de 3 mil 303.5 millones de pesos, con el que se adquirieron 32 de 34 antirretrovirales utilizados. El 70%, 24 medicamentos, fueron comprados por adjudicación directa; ocho por licitación, y los dos que no se consiguieron fue porque las licitaciones se declararon desiertas ante la falta de propuestas de los proveedores, según la información entregada a la ASF.



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