Los ocho puntos del Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO


Ciudad de México.- Bajo la premisa de que el combate de las “causas” es la única salida para resolver de fondo los problemas de inseguridad y violencia que imperan en México, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado ayer por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contempla entre sus ocho puntos el impulso de programas de desarrollo social para combatir la pobreza y la marginación, la formulación de una política sobre el consumo de drogas prohibidas, y la conformación de una Guardia Nacional como responsable de la seguridad pública.
1.- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia
Para el presidente electo el principal problema de México es la corrupción. Como parte de su estrategia de paz y seguridad, López Obrador propone tipificar la corrupción como un delito grave. Se sostiene en el plan que en México no se persiguen los “delitos de cuello blanco”.
El presidente electo plantea establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos; eliminar el fuero, erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y tiempo real el dinero utilizado para adquisiciones, así como realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de llevar a cabo cualquier adquisición.
2.- Garantizar empleo, salud y bienestar
“La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, sostuvo AMLO en repetidas ocasiones durante la campaña electoral rumbo a la presidencia este año. En su propuesta se menciona que la disminución de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable que permitirá reducir la comisión de delitos.
“Con programas de desarrollo y bienestar sectoriales, el gobierno fortalecerá el sector social de la economía e impulsará su entrada en energía y telecomunicaciones”, se lee en el documento.
3.- Pleno respeto y promoción de derechos humanos
En primer lugar, se propone tipificar como delitos, con sanción definida, los incumplimientos de recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos.
En segundo lugar, se sostiene que es indispensable fomentar una cultura de derechos humanos entre la sociedad. El presidente electo propone incorporar en los planes oficiales de estudio temas relacionados con el respeto de los derechos humanos.
Además, se establece que no habrá represión ni tortura durante el próximo gobierno. En el documento Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 se apunta que la administración que encabezará AMLO no permitirá que se cometan actos ilegales desde el poder y se investigará cualquier denuncia relacionada con derechos humanos.
4.- Regeneración ética de la sociedad
La falta de oportunidades ha provocado un franco deterioro del tejido social. Las crisis económica y social han derivado, de acuerdo con el diagnóstico del presidente electo, en una crisis de valores. México está sumergido en una crisis ética, sostiene.
El plan sobre paz y seguridad se plantea llevar a cabo una regeneración moral y ética. Por una parte, la Constitución Moral no significa la imposición de conductas o valores, sino ofrecer lineamientos de convivencia entre individuos y deberes con la colectividad. Por otra parte, la regeneración ética se hará visible a través del ejercicio de un gobierno austero, honesto, transparente incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho y sensible respecto a las necesidades de la población sumida en la marginación.
5.- Reformular el combate a las drogas
De acuerdo con la propuesta presentada por Alfonso Durazo, la política prohibicionista hacia el consumo de drogas ha sido ineficaz. Durazo expresó que el consumo de drogas es un problema de salud pública y que su prohibición no hace sino incentivar mayores ganancias a los grupos dedicados a la producción, distribución y venta de drogas prohibidas.
Sustituir la política prohibicionista por una política de regulación sobre las drogas tendrá impacto internacional, sostiene el documento, pues Estados Unidos constituye uno de los mayores mercados de droga (27 millones de consumidores habituales y decenas de miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis). El objetivo, se apunta, es lograr una negociación bilateral que permita canalizar los recursos que actualmente se destinan a combatir el trasiego de drogas hacia programas de reinserción y desintoxicación.
6.- Emprender la construcción de la paz
Uno de los resultados de la realización de la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación es que está claro que no se ha impartido justicia entre la mayoría de los muertos, lesionados, torturados, ausentes y desplazados. Los delitos han quedado en la impunidad, se lee en el documento.
La propuesta es buscar la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes que se han llevado a cabo. Adicionalmente, emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas.
7.- Recuperación y dignificación de las cárceles
De acuerdo con la estrategia de seguridad del presidente electo, es necesario recuperar el control de los penales de manos de la delincuencia y separar a los imputados de los sentenciados. Además, es necesario dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos, así como garantizar el respeto de los derechos humanos al interior de las cárceles.
8.- Plan de seguridad pública
Las Fuerzas Armadas seguirán realizando tareas de seguridad pública, dado que la policía federal como las policías estatales carecen disciplina, capacitación y profesionalismo. “Es imperativo que nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz, principalmente en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, la cual debería asumir a mediano plazo las funciones de preservación de las instalaciones estratégicas y la protección civil a nivel federal en todas sus facetas”, se apunta en el documento.
La Guardia Nacional estará a cargo de la seguridad pública y, cuyo mando operativo, estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano, y de la Armada de México, en el caso de las zonas costeras. Esta reorientación, se apunta en el documento, estrechará los lazos militares entre los militares y la población, permitirá adicionalmente emplear todo el potencial de los institutos castrenses en el desarrollo económico nacional.



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