En los círculos gubernamentales se pensó que la región donde el oficialismo obtuvo su mayor triunfo electoral, era el terreno más fértil para desplegar un nuevo estilo de Gobierno. Eso era el Plan Araucanía, y quien fue el llamado a liderarlo, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, una figura proveniente del mundo empresarial, pero con sensibilidad política frente al desarrollo y la estabilidad institucional del país.
Pero antes de que pudiera cuajar cualquier resultado concreto de ese plan, el Gobierno quedó dando explicaciones, confusas y poco articuladas, sobre la muerte de un joven comunero mapuche a manos del denominado Comando Jungla, un equipo especial de Carabineros, estrenado en junio y, desde entonces, una de las iniciativas más criticadas de la actual administración.
Ello trastrocó el escenario, el que hoy día se mueve entre la ira, la espontaneidad y la obligación de seguir utilizando la fuerza para asegurar la tranquilidad ciudadana, pero en un ambiente políticamente enervado y un Gobierno que no logra despejar la agenda.
De acuerdo a lo actuado por el Ministerio Público –que ya tiene a tres fiscales trabajando en distintas aristas de los incidentes por la muerte de Catrillanca, el episodio de receptación de vehículos y la destrucción de las imágenes sobre la forma en que murió el joven comunero–, la investigación toma un claro curso de homicidio. Lo que, unido a las versiones tergiversadas y falsas de Carabineros, da una señal nítida de que el Gobierno no controla el curso de los acontecimientos.
Al respecto, resulta grave e inexplicable la impericia política gubernamental en el manejo del tema. Lo actuado debilita su principal activo estabilizador, el diálogo, y deja al ministro Moreno al final de la línea de mando. No solo eso, pone al Presidente Sebastián Piñera, a su ministro del Interior Andrés Chadwick, a su subsecretario Rodrigo Ubilla y al general director de Carabineros Hermes Soto, en directa sucesión de responsabilidad y, a la cola, el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, como vocero imprudente.
Ello se ve reforzado por la sucesión de vocerías mal pensadas y confusas que –de hora en hora– han ido cambiando versiones sobre los hechos, siempre con el sonsonete de “apoyamos a Carabineros y respetamos el Estado de Derecho”. El Presidente debe salirse de esa lista y apoyar la acción política, por estrecha que sea, a efectos de cambiar la atmósfera. Lo otro será una sucesión de violencia.
Es en esto, precisamente, donde el escenario experimenta una inflexión grave y profunda, que golpea duramente la credibilidad del Gobierno, su capacidad de controlar y generar confianza en el funcionamiento de sus instituciones. Nunca debería haber actuado como uno de los voceros iniciales el general director de Carabineros. Al hacerlo, no solo se minimizó el papel del poder civil, sino que luego también resultó que todo lo dicho, o parte sustantiva, era falso. Todo indica que sus subordinados le mintieron y no tuvo la capacidad ni la templanza de intuir, cuidar y medir su vocería.
Que más de la mitad del cuerpo de oficiales de Intendencia de Carabineros estén envueltos en defraudaciones de dineros a su propia institución, que parte sustantiva de lo que era su estructura de inteligencia esté formalizada por montajes en contra de personas inocentes, que en sus operativos se destruyan pruebas y sus efectivos les mientan a los mandos y a las autoridades políticas, es un indicativo de una enorme descomposición, de una crisis moral institucional y de formación.
Ello amerita una urgente intervención drástica por el poder civil, sometiendo a la policía uniformada a una reestructuración completa, incluida la designación de un director externo –sea civil o militar– y la instalación de mecanismos permanentes de auditoría administrativa y de procedimientos, hasta que se normalice y sanee el funcionamiento. Difícil y duro, pero imprescindible.
Por lo tanto, es la hora de la política, pura y dura, de construcción de instituciones y no de meros actos declarativos o –a estas alturas– irrelevantes llamados a retiro de oficiales.
También de acciones positivas en La Araucanía, como el restablecimiento del diálogo encabezado por el ministro Moreno, obviamente que sin perjuicio del actuar libre y sólido de la justicia.
Si bien una democracia no se concibe sin un Parlamento, un Estado de Derecho no se concibe sin una policía profesional, honesta y sana, y el mejor apoyo que puede y debe recibir desde la institucionalidad política es el cuidado y voluntad de (re)construir una institución sana.
En La Araucanía no se necesita un Comando Jungla, este ya perdió, es mejor retirarlo ahora y es menester concentrarse en la reforma a Carabineros. La porfía de instalar más violencia en una zona –ya con muchos recursos de fuerza– solo empeora las cosas.
Sometido a la lupa de la desconfianza el actuar de Carabineros y ahora, también, el actuar del Gobierno en el manejo político de la seguridad, no queda otra cosa que esperar las pericias técnicas y que ellas permitan reponer algo de confianza y normalidad en la zona. Particularmente porque es evidente que asomó, de manera casi espontánea, la ira en el mundo mapuche y el debilitamiento de los instrumentos de diálogo y confianza en toda la ciudadanía, lo que no es fácil controlar, debido a la acción de los violentos de lado y lado.
Y para eso es clave que el Gobierno cobre efectivamente las responsabilidades políticas y policiales que corresponde. Si no lo hace, no podrá sacar adelante la tarea.
