Pasadas las seis de la tarde del miércoles 14 de noviembre, comenzó a circular la información de que había “un mapuche gravemente herido” en La Araucanía y un mensaje de voz por WhatsApp daba cuenta de un “violento allanamiento” de Carabineros, en Temucuicui. Jorge Huenchullán, vocero de la comunidad, describió en sus redes sociales el operativo en el que terminó asesinado el joven Camilo Catrillanca (24). Las miradas, y especialmente las dudas, cayeron de lleno sobre el actuar de Carabineros y la responsabilidad de la cadena de mando, a cargo del general director de la institución, Hermes Soto.
Es que, tras hacerse pública y oficial la muerte de Catrillanca, el primero que habló fue el –ahora– ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quien catalogó al joven comunero como “un delincuente”, que tenía “antecedentes de receptación” y que había participado en el robo a vehículos que terminó con la persecución del Comando Jungla hasta la comunidad de Temucuicui. La información le había sido entregada por el jefe de zona de la policía uniformada.
El general Soto se sumó al poco rato y sin matices a dicha versión. Incluso detalló que el joven mapuche había sido detenido el 22 de octubre, versión que reiteró ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Lo que no aclaró es que dicha detención fue declarada ilegal y que Camilo Catrillanca salió en esa oportunidad caminando del tribunal.
Soto ha desplegado un manejo y vocería confusa ante el crimen de Catrillanca, además de una pésima coordinación con el Gobierno. El sábado 17, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, destacó la buena evaluación del trabajo hecho por el Comando Jungla, pero –según el general director– ninguno de los funcionarios que estuvo en el operativo ha pasado por el entrenamiento previo en Colombia, un curso que han tomado varios miembros del GOPE desde el año 2007. No hay que olvidar que fue solo en junio cuando el Presidente Sebastián Piñera lanzó, con bombos y platillos, la llegada de este comando militarizado para controlar la zona de La Araucanía.
Pero esas no han sido las únicas equivocaciones del alto oficial de la policía uniformada. Soto dijo que los efectivos de Carabineros no llevaban las cámaras GoPro que, por protocolo, van adheridas a los cascos y, por lo tanto, no existía registro de la operación. Esto, pese a que el único testigo del incidente, un menor de 15 años, que fue detenido por Carabineros, ya había declarado ante el INDH que uno de los efectivos policiales sí llevaba una cámara y que había eliminado la tarjeta de memoria.
No solo eso, en una entrevista que salió publicada el domingo 18 en La Tercera, el general mantuvo la versión de que no había cámaras, no obstante que el mismo sábado 17, a puertas cerradas, ya le había informado al Gobierno que uno de los policías, Raúl Ávila, había grabado el operativo y posteriormente había cortado con una tijera la tarjeta de memoria, para evitar que quedaran expuestas otras imágenes de índole personal. Cuando aún no se secaba la tinta del matutino con las palabras del general director, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió a informar el cambio de versión y que cuatro de los carabineros que participaron en el operativo habían sido dados de baja y dos oficiales superiores de la zona habían renunciado.
Desde ese momento, el Gobierno de Piñera veía cómo se le desarmaba el diseño implementado en marzo, en el que el general Soto era la pieza clave para sacar a flote a Carabineros, tras la crisis institucional de credibilidad que generaron el “Pacogate” y la “Operación Huracán”.
“Él era el rostro de la credibilidad, de que se había barrido con todo el alto mando involucrado en los escándalos”, se lamenta un asesor de Palacio.
En el Ejecutivo han resentido su falta de liderazgo en estos días y no por nada esta semana el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que los Carabineros habían “engañado” a sus superiores y al Gobierno.
Todo el conflicto gatillado desde la muerte de Catrillanca tendría en un mal pie a Soto. Ya en el oficialismo consideran que “el poncho le quedó grande” al general, porque ante la primera gran prueba de fuego para la nueva cadena de mando de Carabineros, “solo se cometieron errores, que arrastraron al gobierno y a Andrés Chadwick”. Para algunos personeros de la derecha la operación de salvataje a la que estaba destinado el general director fracasó y, pese a que es prácticamente imposible que se le llame a retiro a solo nueve meses de haber asumido, es indiscutible que sus errores contribuyeron a que la credibilidad respecto a la capacidad de la administración de Piñera haya sido “puesta en duda por todos”.
La diputada PPD, Andrea Parra, emplazó ayer al alto oficial durante la sesión de la Comisión de Seguridad: “Usted es el general que puede hacer historia o, puede ser el general que profundiza la crisis de Carabineros, convénzame de que usted tiene que seguir siendo la cabeza de esta institución”. Esa es la principal duda que ronda en La Moneda en estos momentos: si la renovación y recuperación de la confianza en Carabineros logrará ser sustentada por el actual general director.
Si no, el problema –reconocen desde el oficialismo– es mayor, porque se considera que no hay un funcionario que reemplace a Soto, porque en la reformulación de marzo se tuvo que barrer con casi el total de la planta mayor, dejando a muy pocos oficiales con la edad para asumir ese cargo. “No hay ningún carabinero que pueda cumplir esa labor”, reconocieron desde Chile Vamos.
En la oposición aseguraron que Soto “tiene responsabilidades de mando en todos los operativos que se generan, más allá de si es o no el Comando Jungla”, señaló la diputada Gael Yeoman (FA), quien además puso el foco en la “autonomía y poder en sus definiciones internas”, que aleja a Carabineros de cualquier control civil.
Otro conflicto son las redes que ha tejido la institución policial con el poder político. “Lo que he podido constatar durante estos años, y resultó muy evidente en la comisión investigadora del fraude de Carabineros, es que distintos parlamentarios y autoridades se concebían a sí mismos como una suerte de defensores de la institución y a todo evento, sin importar las conductas, a veces defendiendo lo indefendible. Por lo tanto, ha existido la decisión de dejar actuar, dejar hacer, sin someterlos a controles”, precisó el ex diputado DC, Sergio Espejo.
Cirugía mayor a carabineros
El crimen de Catrillanca marca un punto de no retorno para Carabineros, porque el desprestigio de la institución no da para más, tanto así que, en las mediciones internas de redes sociales realizadas por La Moneda en estos días, concluyeron que todas las responsabilidades recaían en el actuar de los policías y en Hermes Soto.
La institución, que en los años 2000 era calificada como la más querida y respetada por la ciudadanía, ha visto un desplome al mismo tiempo progresivo y estrepitoso de su respaldo, lo que –advierten en el oficialismo– complicaría “el desarrollo y la confianza en el Estado y en una sociedad democrática (…). Carabineros era nuestro bastión, y hay que cuidarlo, pero no a ojos cerrados”.
Para el jefe de la sede en La Araucanía del INDH, Federico Aguirre, en el caso de Catrillanca hay “una responsabilidad individual que va a ser penal, pero también uno se pregunta si hay responsabilidades institucionales. El nivel de preparación, control y cómo se corrigen las conductas impropias, tiene un peso. Si un carabinero mata a un mapuche y la primera reacción es apoyarlo, darle el respaldo del alto mando, la sensación de la tropa es que tiene el espacio para encubrir pruebas. El carabinero se siente con el espacio para cometer delitos”.
Una especie de supremacía y autonomía que abre la puerta al libre albedrío, que también es destacado por el ex diputado Espejo: “La principal política pública en materia policial ha sido el dejar hacer y el suponer que Carabineros, a diferencia de cualquier otra organización pública, no requería de ningún tipo de controles. Esto es una responsabilidad política de los distintos gobiernos, particularmente desde fines de los años 90”.
Esta idea del respaldo irrestricto del mundo político, producto de la legitimidad que tenía Carabineros en la población, debe ser mirada con cuidado, según la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Alejandra Mohor. “La estructura militarizada y (debido) a la resistencia al control del propio Ejecutivo, no es mucho lo que sabemos de la institución de Carabineros (…) hay sectores de la población chilena que nunca han tenido una buena imagen, los más jóvenes y más pobres. No podemos seguir creyendo que Carabineros es la institución más querida, porque hay parte de la población que le tiene miedo”.
La única salida al conflicto parece ser una reforma profunda, una cirugía mayor a la institución de Carabineros. Una reforma en profundidad que necesitaría de un alto mando fuerte, respaldado por el Gobierno y que cuente con la ciudadanía. Características que Hermes Soto habría perdido a pocos meses de haber asumido su cargo. La gran pregunta para el Gobierno, entonces, es cómo evitar que se profundice la crisis en Carabineros. Un zapato chino que, según personeros del oficialismo, “parece no tener solución”.
