El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que también llevó adelante la exposición de los Panama Papers, publicó un informe que les tomó un año planificar y otro para ejecutarlo donde junto a más de 250 periodistas de 36 países para analizar cómo se prueba, aprueban, comercializan y monitorean los dispositivos médicos.Se analizaron más de 8 millones de registros de salud relacionados con todos los dispositivos, incluidos los informes y de muertes y lesiones de los pacientes.A pesar que muchas personas se salvaron o mejoraron su vida gracias a dispositivos médicos implantados en el cuerpo, en los últimos 10 años se registraron más de 1,7 millones de lesiones y casi 83.000 muertes sospechas de estar relacionadas con estos objetos, y sólo en Estados Unidos.
En Argentina, gracias a la participación en ICIJ de periodistas de La Nación, Infobae y Perfil, se detectó en los documentos de la Comisión de Valores de Estados Unidos que por lo menos las empresas Biomet Inc, Olympus Latin America Inc y Stryker Corp, pagaron sobornos a médicos argentinos para introducir sus productos en el país.La ANMAT -Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica- autoriza los implantes, prótesis, implantes y equipamientos médicos que se comercializan e importan en el país.Por lo menos una docena de productos tuvieron que ser retirados o corregidos por sus fabricantes del exterior debido a la detección de fallas que podrían provocar la muerte de los pacientes.Entre los dispositivos se encuentran dispositivos cardíacos y vasculares, sistemas para asistir a los médicos durante las cirugías cardíacas o de cráneo, respiradores y equipos de diagnóstico por imágenes.Desde la ANMAT declararon que sólo emiten una notificación pública “cuando hay una amenaza a la salud pública” y que no lo hacen “si son casos muy puntuales de efectos adversos, para no alarmar a la población”. En esas circunstancias, se hace una comunicación privada en la que el paciente y el médico definen el procedimiento a seguir.
