Tras la polémica generada por eso uso de viáticos tanto internacionales como nacionales, por parte de la Cámara Baja, el diputado DC Raúl Soto, integrante de la Comisión de Trabajo, solicitó “analizar el tema de fondo y abordar una reforma a las altas remuneraciones de la administración del estado, estableciendo un límite ético, de tal forma que podamos disminuir efectivamente las brechas de desigualdad”. Soto ingresó el proyecto en el mes de junio.
Por lo anterior, Soto anunció que pedirá a la Comisión de Constitución –donde se encuentra el proyecto- que ponga en tabla la iniciativa que cuenta con las firmas de los diputados DC Gabriel Ascencio, Gabriel Silber, Miguel Angel Calisto y Víctor Torres.
El proyecto establece una reforma constitucional que propone la fijación de un tope para las remuneraciones de las autoridades que se desempeñen en la administración del Estado, en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial o en los órganos autónomos del Estado.
A juicio de Soto, es el “momento indicado para su análisis, sobre todo en un contexto económico y social, donde las brechas de desigualdad en nuestro país, siguen siendo tremendamente grandes y no hemos sido capaces de dar una respuesta efectiva como país a esa problemática, donde la concentración de la riqueza sigue siendo muy importante y donde existe una falta de credibilidad en la institucionalidad política y particularmente en el Congreso”.
El legislador explicó que el límite ético se refiera a “10 sueldos promedio de los trabajadores y trabajadoras del país” y agregó que “hoy día el sueldo promedio nacional está en el orden de los $550.000 y creo razonable es que el límite ético, esté dado por no más allá de 10 sueldos del promedio nacional, es decir, alrededor de $5.500.000, eso significa no solamente un techo ético, sino que también una rebaja efectiva considerable a los actuales sueldos de los parlamentarios, incluso una rebaja superior a las que propusieran hace años atrás, parlamentarios del Frente Amplio”.
Asimismo, señaló que es hora de “dar señales de total y absoluta transparencia y cambiemos las regulaciones para que toda la información pública pueda ser accesible, que podamos regular de mejor manera, controlar y fiscalizar de forma mucho más eficiente el uso de los recursos públicos, pero al mismo tiempo, es momento de que abordemos la rebaja en la dieta parlamentaria y para eso, el proyecto hoy día, que está a disposición desde junio en la Cámara de Diputados, es el que establece un límite ético a todas las dietas parlamentarias, pero además a todos los sueldos de las altas autoridades de Estado, del Ejecutivo, legislativo y Poder Judicial”.
El parlamentario, exige además dar señales claras de completa austeridad y dar la confianza a la ciudadanía de que se van a “reducir los gastos en la gestión parlamentaria, poniéndonos a tono con lo que está ocurriendo en el resto del mundo en esta materia y al mismo tiempo damos una señal clara de transparencia y de mayor eficiencia en el uso de estos recursos. Necesitamos acercar la función pública y parlamentaria a la realidad de los chilenos y chilenas que sin duda es lo que más nos exigen hoy día”.
