La campaña del entonces candidato Sebastián Piñera creó grandes expectativas de que el cambio de gobierno permitiría, por si solo, la recuperación de la capacidad de crecimiento. Muchos ciudadanos fueron presa de este desatado optimismo. También el Banco Central; que en el IPOM de septiembre sin mayores fundamentos, elevó desde un rango de 3,25 – 4% la estimación de crecimiento de junio a una de entre 4 y 4,5% (en el IPOM de diciembre el Banco Central (BC) reconocería que subestimó la desaceleración de la economía) para el presente año. Mucho menos crédulo resultó el mundo empresarial. Para ellos lo concreto era que el IMACEC se venía desacelerando desde mayo y junio al alcanzar un 4,9% y un 3,3% en julio (última cifra conocida al presentarse el IPOM de septiembre) y que el Gobierno a fines de agosto todavía no había presentado ninguna de las reformas que tanto las organizaciones empresariales como el propio programa del candidato Piñera, consideraban cruciales para recuperar la capacidad de crecimiento. Al mismo tiempo, los resultados en el campo del empleo (más allá de los problemas metodológicos) eran decepcionantes.
En este contexto, el IPOM de diciembre fue de dulce y agraz para el Gobierno. Por una parte, en lo referido al IMACEC la cifra de octubre fue sustancialmente mejor que la de septiembre (2,1) al alcanzar el un 4,2% en 12 meses (cabe señalar sin embargo que el mes de octubre del presente año presentó dos días hábiles más que el del año pasado, lo que se implica en un mayor IMACEC cercano a los 0,8 puntos ). Del mismo modo, el BC confirmó que según sus estimaciones la economía crecería en 4% en el 2018, la mejor cifra desde 2013. Al mismo tiempo, otras cifras del IPOM constituyeron un balde de agua fría para la administración del Presidente Piñera: en contraposición con la amplia campaña gubernamental y de los principales medios escritos que anunciaban que la economía reencontraba su camino, el BC anunció que el ritmo de crecimiento de la economía iba hacia abajo en los próximos 2 años. En efecto, la economía chilena crecería entre 3,25 y 4,25% en 2019 y entre 2,75 y 3,75 en el 2020 (la última encuesta de perspectivas económicas habla de un crecimiento de 3,6% en el 2019). Estas proyecciones son consistentes con que las holguras de capacidad están disminuyendo y que las expectativas respecto de la inversión son positivas pero no suficientes para recuperar decididamente la capacidad de crecimiento. Lo más probable es que, si nada cambia, en los próximos años estaremos creciendo en torno al 3%, que corresponde al crecimiento de tendencia estimado en 3% el año pasado por el BC.
La estrategia fundamental del Gobierno para recuperar la capacidad de crecimiento radica en lograr la aprobación de las contra reformas. Al mismo tiempo, que más parece una “no” estrategia, su análisis deja en evidencia sus escasas posibilidades de éxito.
En primer lugar, la reforma tributaria que tras la justificación de simplificar y modernizar la estructura tributaria busca una fuerte reducción de la tributación de los grupos económicos más poderosos a través de la reintegración del sistema tributario y el debilitamiento de las capacidades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII). La idea subyacente es que el incremento de la rentabilidad que generaría la reducción de los tributos llevaría a esos grupos, responsables de una parte sustancial de la inversión, a incrementarla, contribuyendo así al desplazamiento de la mano de obra desde ámbitos menos productivos a otros de mayor productividad. El problema que no se toma en cuenta, es que sin una acción emprendedora del Estado, que conjuntamente con los diversos actores económicos genere nuevas actividades productivas significativas, el mundo empresarial seguirá haciendo más de lo mismo lo que solo difícilmente, puede generar incrementos de productividad y capacidad de crecimiento que lleve a superar el 3% de crecimiento tendencial.
Juega también un papel central en esta estrategia la reforma laboral, tendiente a debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores y a flexibilizar las condiciones de trabajo. Si bien los cambios tecnológicos requieren mayores niveles de flexibilidad, lo cierto es que la flexibilidad existente en el país es difícil de encontrar en otras latitudes del mundo desarrollado y democrático. A esto se suma la debilidad del movimiento sindical que lo pone en una posición precaria para incidir en la gobernanza del cambio tecnológico. El informe reciente del BC sobre el mercado laboral es en este sentido desmistificador cuando señala que existe la “paradoja de la movilidad laboral”:
Si bien la mayoría de las transiciones de empleo se asocian a ganancias salariales (54% de los casos), parte importante de la rotación no trae consigo mayores ingresos (46%). De forma análoga, si bien la mayoría de los movimientos de empleo son hacia empresas de mayor productividad (51% de los casos), el margen respecto a movimientos en sentido contrario (49%) es mínimo (BC, Mercado laboral: hechos estilizados e implicancias macroeconómicas, Diciembre 2018, p. 9).
La asimetría existente en el mercado laboral hace posible que las empresas puedan despedir sin mayores dificultades a sus trabajadores, lo que conduce a que casi la mitad de ellos se vea obligado a aceptar trabajos de menores remuneraciones. Tampoco es esta una buena noticia desde el punto de vista del crecimiento de la productividad. El problema de fondo, es que a la política laboral que ha dado a conocer la administración subyace la idea de que el único sector relevante para el crecimiento económico es el empresariado. No valorar el aporte del 95% de la población es un error de grandes proporciones.
Con la reforma del sistema de pensiones, el Gobierno busca consolidar el sistema de AFPs introduciendo un aumento de los montos entregados por las pensiones solidarias y del Aporte Previsional Solidario, mejorar las pensiones para quienes empiezan a cotizar o están en el medio de su vida activa aumentando la cotización con base en el aporte patronal e introducir algunos beneficios menores a favor de los grupos medios. Con ello se espera legitimar el sistema de capitalización individual, de manera de asegurar al gran empresariado, la continuidad del sistema de financiamiento a bajos costos de que ha venido disfrutando desde hace décadas. El problema es que los beneficios que genera para el gran empresariado el sistema de AFPs no ha sido suficiente para superar el estancamiento de la productividad que afecta a la economía desde hace ya varios años. Tampoco para generar nuevas actividades significativas que permitan la real expansión de la capacidad productiva. No es claro por qué ello pueda cambiar ahora.
A las dificultades que los elementos de esta estrategia encuentran para resolver las dificultades que impiden recuperar la capacidad de crecimiento, se agrega que las reformas indicadas son altamente polémicas y auguran que su trámite legislativo generará altos grados de polarización social y política lo cual es probable afecte negativamente el crecimiento.
A las insuficiencias de esta estrategia, se suman las dificultades crecientes que enfrenta la economía internacional. Ellas no derivan solo de la guerra comercial, de la política monetaria de la Reserva Federal, del deterioro de las instituciones del comercio internacional; derivan de carácter disruptivo de la actual administración estadounidense que busca desmontar el sistema internacional de comercio. Un efecto similar está teniendo la creciente influencia de la ultraderecha y el ultranacionalismo en varios países de Europa.
En suma, la (no) estrategia gubernamental no parece capaz de recuperar la capacidad de crecimiento perdida en los últimos años.
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