Existen distintos factores que determinan la capacidad de crecimiento y desarrollo de los países. Los niveles de corrupción están entre ellos. Pero los países con altos niveles de desarrollo y bajos niveles de corrupción enfrentan nuevos desafíos como, por ejemplo, el riesgo de captura regulatoria. La OCDE ha definido este fenómeno como “el resultado o proceso a través del cual, las leyes, regulaciones o políticas se alejan del interés general de manera consistente y repetida, acercándose a los intereses de pequeños grupos de interés”. Y ha advertido que puede ocurrir de manera perfectamente legal. Por ello se encuentra permanentemente elaborando propuestas comprehensivas para limitarla.
Frente a este riesgo, por cierto, que las recomendaciones internacionales no apuntan a aislar completamente el proceso de formulación de políticas públicas de cualquier influencia externa. Ello atentaría contra principios democráticos básicos y generar un deterioro en la calidad de las políticas al impedir que se nutran de mejor información.
Las preguntas clave, entonces, son cómo, cuándo y dónde permitir al regulado manifestar su opinión sobre una futura regulación que lo afecte. Si damos una mirada a las recomendaciones de la OCDE, vemos que existen dos grandes grupos: las que podemos denominar restricciones o limitaciones (ley de lobby, regulación del financiamiento político, etc.) y los caminos proactivos de diálogo (cuerpos consultivos de los reguladores, política de white papers, etc.).
Es importante combinar virtuosamente elementos de prohibición y canalización. Prohibir y sancionar adecuadamente prácticas abiertamente corruptas y también aquellas menos evidentes. Pero, al mismo tiempo, canalizar de manera adecuada la participación de los grupos de interés en el proceso de definición de políticas públicas. De alguna manera, asumir que el afán de influir existirá siempre y diseñar los caminos correctos para que dicha influencia potencie sus elementos positivos (aporte de mayor información experta, revelación de preferencias, explicitación de posiciones frente a distintas alternativas regulatorias) y atenúe los negativos (influencia indebida, sobornos, etc.).
Un ejemplo interesante de análisis es la participación del sector privado en la implementación de la agenda de Energía en años recientes. Por una parte, tuvo un espacio de intervención formal mayor al habitual, pero, al mismo tiempo, se lograron grandes acuerdos en el Congreso y la aprobación de diversas leyes de alta complejidad en tiempos bastante cortos.
Quizás es hora de analizar de forma más sistemática el proceso de formulación de políticas públicas en nuestro país y decidir los mecanismos formales y transversales que se encontrarán disponibles para la participación del sector privado. La práctica de superintendencias y organismos regulatorios de poner en consulta borradores de normas es también un buen ejemplo, pero quizás requiere de reglas estandarizadas que los amplíen y perfeccionen.
Un reciente informe de la OCDE sobre Chile identificó espacios de mejora sobre estructura regulatoria. Uno de ellos fue el alto grado de complejidad en la materia. Este factor no solo impide un mayor desarrollo económico, sino que genera incentivos para intervenir en dicha maraña, sacando provecho del conocimiento experto y de las redes de influencia.
Quienes ejercemos de manera profesional la actividad de lobby debemos prestar especial atención a estos aspectos, actuando bajo el convencimiento de que nuestra actividad es legítima y necesaria, pero al mismo tiempo, no olvidando la existencia del interés general. Y nuestro aporte puede estar además en diseñar mecanismos y procedimientos eficaces y transparentes que permitan y aseguren mejores políticas públicas.
Debemos prestar atención no solo a los procedimientos a través de los cuales se elaboran las políticas públicas (que sean lo más abiertos, inclusivos y transparentes posibles), sino también al contenido y mérito de ellas (que busquen compatibilizar el interés privado legítimo con el interés colectivo). Solo de esta manera lograremos potenciar la capacidad de desarrollo de nuestro país y legitimar nuestra actividad.
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