Señor Director:
Respecto a la opción de penalizar las expresiones que nieguen públicamente las violaciones a los derechos humanos realizadas por la dictadura cívico-militar de Pinochet -opción que esta semana aprobó la Comisión DDHH en la Cámara de Diputados al despachar el primer trámite del proyecto de ley que prohíbe la “incitación a la violencia”-, me atrevo a disentir con las y los diputados que promueven la medida.
Por desagradable y/o doloroso que resulte escuchar a un negacionista vociferante, al estilo de algunos diputados que se han vuelto célebres con sus intervenciones este año, me temo que expulsarlos –penalmente- del espacio público constituye un yerro garrafal por partida doble. Es ineficaz, pues esta medida no reducirá el negacionismo (al contrario, quienes sean procesados y sancionados por este motivo acusarán persecución y probablemente se multiplicarán los negacioncitas “mártires” y rebeldes que volverán atractiva su causa). Y su fundamento último -se trataría, dicen su promotores, de una limitación necesaria a la libertad de expresión que busca proteger la democracia-, es de dudosa admisibilidad.
Un espacio público democrático debe propender y asumir en su seno discusiones vibrantes entre posiciones bien fundamentadas, qué duda cabe, pero también debe asumir, me temo, la inevitabilidad de que surjan voces demagogas, indolentes e irresponsables. Y hay que hacerle frente enérgicamente a tales voces, pero no hay que encarcelarlas.
Eduardo Vodanovic U.
Abogado
