Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el lunes a Corea del Norte pagar más de 500 millones de dólares a los padres de un estudiante estadounidense que estuvo preso en ese país y murió poco después de ser liberado. La jueza Beryl Howell condenó duramente a Corea del Norte por el “maltrato bárbaro” que dio a Otto Warmbier y coincidió con la familia en que el aislado país debe responsabilizarse por su muerte el año pasado. Howell ordenó un pago por daños y para cubrir los gastos médicos, las pérdidas económicas y el dolor y sufrimiento causados a Fred y Cindy Warmbier, quienes aseguran que su hijo fue mantenido como rehén y torturado. Warmbier estudiaba en la Universidad de Virginia y estaba de visita en el país asiático con un grupo turístico cuando fue arrestado y sentenciado a 15 años de trabajos forzados en marzo de 2016 bajo la sospecha de robar un poster con propaganda. Murió en junio de 2017, poco después de regresar a Estados Unidos en coma y mostrando aparentes señales de la tortura que habría recibido estando bajo custodia. Al responsabilizar a Pyongyang, Howell acusó al gobierno de usar a Warmbier como “peón en las jugarretas de ese Estado totalitario y enfrentado con Estados Unidos”. “Antes de que Otto viajara con un grupo a un recorrido turístico de cinco días a Corea del Norte, era un estudiante de economía y negocios sano y atlético en la Universidad de Virginia, con grandes sueños y con habilidades de inteligencia y como persona que lo hicieron alumno destacado”, escribió la jueza. “Estaba ciego, sordo y con muerte cerebral cuando Corea del Norte lo entregó a las autoridades estadounidenses para su viaje final a casa”. El arresto y muerte de Warmbier sucedieron durante un tiempo de fuertes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte por el programa de armas nucleares norcoreano. Los presidentes Donald Trump y Kim Jong Un tuvieron una reunión histórica en junio de 2018 y hay planes de hacer otro encuentro el año entrante. El juicio posiblemente sea solo una victoria simbólica dado que Pyongyang todavía debe responder a las acusaciones en la corte y no existen mecanismos prácticos para obligarlo a hacerlo. Sin embargo la familia podría recuperar algo a través de un fondo que administra el Departamento de Justicia para víctimas de actos de terrorismo patrocinados por un Estado, y podrían intentar congelar activos que el gobierno norcoreano tenga fuera de su territorio.
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