translated from Spanish: Otra vez la municipalidad de San Ramón en la mira: CDE anuncia querella

Bajo el argumento de “la gravedad de los hechos materia de la investigación, que pudieran ser constitutivos de delitos, y la eventual intervención en ellos de funcionarios públicos”, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó presentar una querella que pone nuevamente a la municipalidad de San Ramón, que encabeza el ex socialista Miguel Ángel Aguilera, en la mira de la justicia.
Esta indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Sur es independiente de la investigación causa RUC 1700831127-7, abierta tras un reportaje de “Informe Especial” de TVN donde se reveló que en dicha municipalidad estuvo contratado el líder de un clan de narcos, identificado como Jorge “Chino” Pinto. En dicha arista, finalmente el fiscal Leonardo Zamora desistió de acusar al jefe edilicio, y decidió formalizar solamente a Pinto por delitos ligados a drogas; receptación de vehículo motorizado y tenencia ilegal de arma de fuego.
La nueva investigación
Ahora, el recurso del ente fiscal corresponde a la causa RUC Nº 1700921438-0 de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y apunta a un eventual fraude al Fisco, designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible. El recurso del CDE no individualiza hacia quién va dirigido. Además, se trata de una investigación que se encuentra en reserva, y solo los fiscales de la causa pueden acceder a ella.
En noviembre pasado El Mostrador reveló nuevos antecedentes de irregularidades en San Ramón a partir de una investigación de la Contraloría por la adjudicación de seis proyectos por un monto superior a los $280 millones.
Dicho informe fiscalizador apunta al concejal José Miguel Zapata –cercano al alcalde Aguilera– por uso de información privilegiada, dado que en su calidad de Director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de San Ramón, SECPLA, un puesto con alto rango de acción en el manejo de recursos, “tomó conocimiento preciso y detallado de las licitaciones que posteriormente fueron adjudicadas a la empresa de la cual fue dueño, y con la que, aun fuera de su propiedad (Asesoría en Investigación Social, AIES), mantuvo un vínculo, comprobándose que en su rol de secretario comunal, participó en la evaluación y supervisión técnica de la formulación de las propuestas y luego, en su calidad de Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE Metropolitano, visó los convenios entre esa entidad y el mencionado municipio”, según establece el informe del ente fiscalizador.
En el informe de la Contraloría también se cuestiona que el municipio haya aprobado sucesivas prórrogas, sin aplicar las multas que establece la ley. En su momento, la municipalidad respondió a estos cuestionamientos señalando que este tema no estaba radicado en el alcalde sino en la Secplac, que es “la unidad técnica a cargo de vigilar y fiscalizar el cumplimento” de dichos contratos y por lo tanto se sancionó con suspensión del cargo al director de dicha repartición.

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