La sociedad ha enfrentado, y las sociedades enfrentan actualmente, de diferentes maneras el tema de las drogas. En Chile el alcohol y el tabaco son drogas que la sociedad ha aceptado como legales, pese a que el alcohol causa un número importante de muertes por accidentes bajo sus efectos, y el tabaco es cancerígeno.
Tanto el alcohol como el tabaco pueden transformarse en adicciones, pero la adicción a ellos no genera más problemas que los relacionados con el individuo adicto, su salud y la de su entorno familiar y laboral. Las adicciones al alcohol y el tabaco son un grave problema social, pero contenidas en sus efectos.
No ocurre lo mismo con las drogas ilícitas. En estos casos tanto los consumidores esporádicos como los adictos recurren a proveedores que se encuentran en la ilegalidad y la clandestinidad para poder satisfacer su deseo o necesidad. Por lo tanto, deben ponerse fuera de la ley y en una acción clandestina para conseguirlo. A su vez, los proveedores deben desarrollar mecanismos similares para abastecer su demanda.
No es frecuente que se analice el narcotráfico como una industria económica que tiene redes de proveedores y de distribución, en la que hay competencia y colusión, ramificaciones internacionales y nacionales en diferentes esferas, y cuyo volumen de operaciones es mayor a varias industrias legales.
También es necesario tener claridad sobre el creciente control que esa industria va tomando del territorio, a través de clubes deportivos, dirigentes sociales vecinales y otras organizaciones que ven a los narcotraficantes como “benefactores”. La muestra más evidente de ello son los ya habituales fuegos artificiales para informar la disponibilidad de “materia prima”.
Como toda industria de riesgo, la prima por abastecer es muy alta, y ello permite que la industria compre seguridad de diversas formas: “soldados” que corren riesgos, personas normales que aceptan “guardar” la droga por un precio que supera el ingreso laboral esperado de la mayoría de la población, y otros. Resulta imprescindible recordar también que en los últimos meses se ha sabido de vínculos entre el narcotráfico y miembros de la policía y el ejército, y de acuerdo con una declaración no ratificada por el General Director de Carabineros, con grupos políticos de raíz indígena.
Chile sigue el derrotero que otros países del continente ya han vivido, y las políticas seguidas hasta ahora, que han consistido en la prohibición del consumo y la represión a los consumidores y traficantes, no han tenido efecto, de acuerdo con las últimas informaciones entregadas por el Gobierno.
Cabe entonces preguntarse si se tendrá éxito manteniendo la misma estrategia, o si habrá que innovar al respecto.
No resulta lógico abandonar la persecución al narcotraficante, pero si al consumidor, y con mayor razón al adicto, que debe ser entendido como un enfermo y no como un delincuente. Pero ¿qué hacer?
Primero: Diferenciar y definir políticas diferentes respecto del el consumo, las personas adictas y los narcotraficantes.
Uno de los principales problemas de las políticas seguidas hasta ahora es que no se distingue estas categorías, aunque a ley lo hace en teoría, pero en la práctica la distinción de la ley resulta tan sutil que queda a juicio del policía el catalogar o no al consumidor que porta droga para si, del narcotraficante.
Segundo: Abordar una política sostenida y eficaz de prevención del consumo de drogas, lícitas o ilícitas.
Las políticas desarrolladas hasta ahora han sido intermitentes, descontextualizadas y desfocalizadas, y centradas en la negación. Si se quiere prevenir, se debe realizar programas permanentes, enfocados en los distintos grupos de riesgo, y con un enfoque de acompañamiento positivo. La experiencia de Islandia, con un enfoque comunitario del trabajo infanto juvenil resultaría replicable, si se tuviera disposición a destinar los recursos correspondientes.
Tercero: Despenalizar el consumo.
La despenalización efectiva del consumo tiene varias ventajas. La primera es enfocar los recursos de investigación y persecución criminal en lo que efectivamente importa, pero también permite que los consumidores transparenten su comportamiento, y que los adictos puedan ser identificados y atendidos.
Cuarto: Tratar a los adictos como enfermos y no como delincuentes.
Esto es necesario de atender, tanto en término de recursos como en términos de persecución criminal, dado que un problema frecuente es que el adicto termina cometiendo delitos para financiar su dependencia. Una opción interesante es que se provea la droga, al mismo tiempo que se trabaja su rehabilitación.
Quinto: Perseguir el narcotráfico entendiendo que es una industria ilegal.
El principal problema de las industrias ilegales es legalizar sus flujos de ingresos y gastos. El trabajo de la Unidad de Análisis Financiero resulta fundamental para identificar estos procesos, y para perseguirlos. Sin embargo, esto siempre será insuficiente. Simultáneamente se debe legislar en perfeccionar la delación compensada, los regímenes penitenciarios y otras materias similares.
Sexto: Limitar más el acceso ciudadano a armas, y perseguir efectivamente las armas ilegales.
El narcotráfico es una industria armada, y se abastece de armas por medios legales e ilegales, y utiliza su poder de fuego para controlar territorios. Por ello debe perfeccionarse o utilizarse a cabalidad las normas de control de armas, simultáneamente se debe limitar las nuevas autorizaciones a posesión de armas a casos muy excepcionales e implementar una política de requisición de armas autorizadas y no autorizadas, mediante incentivos si es necesario.
Séptimo: Avanzar a que lo que es una poderosa industria ilegal, sea una industria regulada.
La industria ilegal, cuando es rentable, como es el caso de esta industria, siempre genera mayores males sociales como corrupción creciente, incremento en la criminalidad y la consecuente sensación de inseguridad que solo beneficia la industria de la seguridad (que siempre se opone a estas regulaciones), destrucción de las estructuras sociales de base, e incremento de la desconfianza, entre otros.
Estas siete medidas cambiarían la manera de abordar este grave problema, es cierto que no tendrían gran efecto en el corto plazo, pero permitirían avanzar decididamente a recuperar la convivencia, tanto en el barrio, como en la ciudad y el país.
Seguir haciendo lo que se hace hasta ahora, solo fortalecerá la industria del narcotráfico.
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