Recorte de presupuesto 2019 suspende 14 encuestas del Inegi

A consecuencia del recorte en su presupuesto para 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se vio obligado a hacer ajustes en proyectos de información, prestaciones y salario de personal, informó su presidente, Julio Santaella Castell.
En conferencia de prensa, Santaella Castell no descartó la posibilidad de que el organismo autónomo presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por este este ajuste presupuestal y salarial; “nos reservamos el derecho a hacerlo”.
Detalló que con el recorte aprobado por la Cámara de Diputados, de 500 millones de pesos, el Inegi quedó con un presupuesto de 12 mil 129 millones para este año, el cual le obligará a cancelar o suspender una decena proyectos y hacer ajustes en los paquetes de remuneración de los servidores públicos del organismo.
Informó que como parte de las medidas de austeridad de la nueva administración y la promulgación de la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, a 68 altos funcionarios del Inegi se les redujo el salario, más de ocho mil perdieron su seguro de separación individualizada y más de 12 mil se quedaron sin seguros de gasto médicos mayores.
Con estas medidas, expuso, ahora la curva salarial de los 15 mil 950 empleados del organismo va de los 10 mil a los 106 mil pesos mensuales, sobre lo cual opinó que no es el mejor instrumento para una política de recursos humanos que permita reclutar, desarrollar, retener y hacer crecer al personal.
“Esta serie de decisiones, si bien en el corto plazo suenan razonables, y nosotros ya las hemos asumido, cuando las vemos con una perspectiva de largo plazo, creo que pueden ser consideradas relativamente miopes”, argumentó Santaella Castell.
Para lograr un verdadero servicio civil de carrera, dijo, los servidores públicos tienen que ser evaluados a lo largo de 15 o 20 años, de lo contrario habrá una alta rotación y solo quedarán funcionarios sin las mejores competencias, “el servicio público puede tener problemas de incompetencia y la evidencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción”.
El funcionario señaló que del presupuesto por 12 mil 129 millones de pesos del Inegi para este año, su Junta de Gobierno asignó 5 mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (2 mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (2 mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento de otros estudios como el Censo Agropecuario.
Apuntó que para el programa regular del organismo quedaron 6 mil 682 millones de pesos, recursos presupuestales menores en 6.1% en términos nominales y en 10.5% real, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas.
Los proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados y/o cancelados con el recorte presupuestal son:
La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED).
La Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH).
La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.
La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID).
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).
El Censo Agropecuario.
La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
La Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO).
La Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP).
La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).
La Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN).
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.
La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).
Santaella Castell dijo que a pesar del recorte, el INEGI mantiene el compromiso de autonomía técnica y de gestión, “es decir, de hacer nuestro trabajo libre de presiones políticas y apegándonos a los principios fundamentales de la estadística y al espíritu de lo que nuestra Constitución nos está mandando”.
No descarta que ante esta situación, funcionarios del INEGI presenten una controversia constitucional ante la SCJN por la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que prohíbe que los servidores públicos ganen más de los 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente.
“No descartamos hacerlo (…) estamos revisando el sustento jurídico que tenemos y estamos revisando las comunicaciones que los ministros de la SCJN han notificado en las distintas manifestaciones que se han presentado”, expresó.
Aclaró que el Inegi no discrepa con las medidas de austeridad, honestidad y honradez, promovidas por la actual administración, no obstante consideran que debe haber una valoración de costo beneficio para la asignación de los presupuestos, para darle prioridad a los programas que tienen más beneficio social.
Santaella Castell estimó que, a la larga, las medidas que afectan el paquete de remuneraciones de los servidores públicos pudieran ser contraproducentes para tener un servicio público de calidad y competente.
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