Exsubsecretario de Sedatu denuncia falsificación de su firma en convenio

El exsubsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, denunció penalmente ante la PGR que la firma que aparece en el convenio general realizado con la Universidad Francisco I. Madero en enero de 2016 y que derivó en el presunto desvío de 185 millones de pesos, no es suya, sino que fue falsificada.
El exsubsecretario de Ordenamiento Territorial desconoció su firma en el convenio mediante el cual se iniciaba la relación con la universidad para realizar diversos servicios, por lo que interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después, éste denuncio penalmente contra quien resultara responsable ante la PGR. Así inició el proceso de investigación de dicho convenio.
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Sin embargo, de acuerdo con Julio Hernández Barros, el abogado de González Tiburcio, peritos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que la firma contenida en el documento es verdadera, por lo cual el exfuncionario pasó de denunciante a imputado por el delito de “falsedad de declaración”. Es decir, por haber mentido respecto a la falsificación de su firma, según la Procuraduría.
En entrevista con Animal Político, Hernández Barros asegura que en un año y cinco meses después de interponer la denuncia, la PGR no le notificó a González Tiburcio sobre el cambio de estatus jurídico, sino que fue hasta el 3 de diciembre de 2018 para solicitar su presencia en la primera audiencia del 15 de enero de 2019.
El abogado negó que su defendido haya solicitado un amparo para no acudir a declarar y también se presentó a la segunda audiencia realizada el 24 de enero donde se confirmó que González Tiburcio no está siendo investigado por desvío de recursos públicos, sino por falsedad de declaración.
Este lunes Animal Político publicó que González Tiburcio, quien también fue Coordinador de asesores de Rosario Robles en Sedesol, es uno de los funcionarios de más alto rango en la Sedatu que firmó el convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 con la Universidad Francisco I. Madero y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos de 185 millones de pesos.
Este y otros convenios fueron analizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría número 196-DS y encontró diversas irregularidades como que las empresas subcontratados eran de “papel”, los comprobantes de servicios fueron apócrifos o copiados de convenios con otras universidades, por lo que el organismo interpuso una denuncia penal ante la PGR en octubre de 2018.
Firmas falsificadas
Pese a que el exsubsecretario denunció la supuesta falsificación de su firma ante el Órgano Interno de Control, a cargo entonces de Miguel Ángel Vega, éste no investigó la posible responsabilidad de quien haya hecho la falsificación.
“El OIC presenta la denuncia ante la PGR y se cruza de brazos, no vuelve a realizar ninguna investigación. Hubo una tremenda omisión en investigar y fincar responsabilidades administrativas”, asegura el abogado Hernández Barros.
Un elemento indispensable de investigación sería determinar quiénes autorizaron la liberación de los recursos de la Sedatu para pagar los supuestos servicios a la universidad. De acuerdo con una nota publicada por el periódico Reforma el sábado 26 de enero, otro de los imputados es el exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez, encargado justamente de pagar este tipo de convenios. Él era subalterno de Emilio Zebadúa, el Oficial Mayor de la dependencia, responsable de administrar el presupuesto.
El abogado Hernández Barros afirma que la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR), también se está limitando sólo a determinar la autenticidad de la firma en el convenio, más no en encontrar a posibles imputados en la falsificación y, sobre todo, la responsabilidad sobre la salida de recursos públicos de la dependencia.
De acuerdo con la defensa de González Tiburcio, el convenio tampoco cumple con otros criterios legales como la falta de firma del titular del área jurídica de la dependencia, la justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de funcionarios en todas las hojas del documento, y la inexistencia de registro de las reuniones que siempre se hacen previo a un convenio de este tipo. Además, el 4 de enero de 2016, día de la firma de convenio, González Tiburcio aún se encontraba en periodo de vacaciones decembrinas, sostiene su abogado.
La Auditoría Superior señala también a Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, y subalterno de González Tiburcio, como el firmante del convenio específico SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, el 2 de febrero de 2016, en el que se establecen los servicios que haría la Universidad y el pago por hasta 224 millones de pesos.
Sin embargo, durante la investigación de la Auditoría, Saldaña declaró que su firma había sido falsificada, por lo que también denunció penalmente.
En tanto, Noemí T., quien aparece como accionista mayoritaria de la empresa Contabilidad y Soluciones INNER, que recibió 42 millones de pesos de este convenio, “no reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato de prestación de servicios” y negó ser dueña de dicha empresa, por lo que interpuso una denuncia de hechos en septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra quien resultara responsable por haber utilizado su nombre para estos documentos.
Como parte de la declaración de González Tiburcio en la audiencia del 24 de enero, aseguró: “nunca firmé contrato o convenio alguno con la Universidad Tecnológica Francisco I. Madero. Y soy el primer interesado en que se aclare todo lo que parece ser una serie de irregularidades en el ejercicio de funciones como servidor público”.
Este martes 29 de enero se realizará la tercera audiencia donde la defensa del exsubsecretario presentará como prueba el análisis por otro perito grafólogo para determinar si la firma en el documento es auténtica o falsificada. Al siguiente día está prevista la cuarta audiencia donde el juez determinará si González Tiburcio es o no vinculado a proceso.
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