Luego de que se viralizara un video-denuncia contra el presidente del directorio de Gasco, Matías Pérez Cruz, donde se ve al empresario echando a un grupo de mujeres del Lago Ranco, por estar en un “sector de su propiedad”, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, afirmó que “en Chile no existen las playas privadas”, razón por la cual aumentarán “la fiscalización en cada una de ellas para que no se incurra en este tipo de infracciones”.
El ministro de la cartera declaró que “hemos instruido a nuestra Seremi de la Región de Los Ríos”, para dirigir un equipo de fiscalización en el sector de Lago Ranco e “investigar el caso denunciado por redes sociales”. En este sentido, el primer paso de la investigación es “determinar si la porción de espacio que estaban estas personas ocupando, corresponde a un bien nacional de uso público, es decir, playa, cuyo acceso y uso no está nunca restringido, o si corresponde a propiedad privada”, explicó Ward.
En este caso, la seremi deberá establecer si las tres mujeres estaban en un lugar de uso público o un sector privado. “Hay que ver qué dice el título de dominio de esa persona, probablemente, dice que colinda con el Lago Ranco, pero ese límite se marca por la más alta marea, entonces hay que ver hasta dónde llega el agua en invierno y ver si la porción que ocupa de agua es donde están estas personas descansando”.
Ante la denuncia, también se pronunció el alcalde de Lago Ranco, Miguel Meza, quien aseguró a La Tercera, que altercados como éste suelen ocurrir entre veraneantes y el presidente de Gasco.
El jefe comunal sostuvo que durante el mes de diciembre, habrían ocurrido dos hechos similares por ocupación en la costa de la playa. En este sentido, Meza afirmó a La Tercera que actualmente, el municipio está “haciendo la pega de la Capitanía de Puertos”, la cual tiene la jurisdicción de las playas y determinar si el sector donde ocurrió el conflicto es público.
¿Privado o libre acceso?
Cabe destacar que, en enero pasado se aprobó en el Congreso la ley que sanciona a quienes impidan el libre acceso a playas, ríos y lagos. “Gracias al proyecto de ley que se promulgará en los próximos días, quienes no permitan el acceso a playas podrían ser sancionados hasta con 5 millones de pesos”, dijo el ministro.
Esta ley también señala que el acceso a cualquier playa debe estar garantizado, y en caso de ser propiedad privada, es responsabilidad del propietario abrir un espacio para que las personas puedan hacer ingreso. En caso de incumplir, el intendente de la región fija el acceso.
