Una de las integrantes del grupo de mujeres que denunciaron el violento episodio protagonizado por el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, fue la religiosa Claudia Figueroa Ovando, una monja de la Congregación de Hermanas Carmelitas, que reveló los detalles de las agresivas amenazas que recibió por parte del empresario.
El altercado ocurrió cuando Figueroa junto a su madre y su prima, se encontraban descansando a orillas del Lago Ranco, sector que según el empresario Matías Pérez, sería de su propiedad. Fue en ese contexto cuando el sujeto las amenazó con “sacarlas de manera no tan pacífica” del espacio que según él, era “su jardín”. “Fue muy agresivo y reaccionó violentamente cuando le pedimos que nos mostrara un papel que acreditara que era dueño”, contó Claudia Figueroa a Radio ADN , acusando que Pérez incluso intentó arrebatarles el teléfono y las amenazó con “lanzar el móvil al lago”.
“Dado el amedrentamiento tomamos nuestras cosas y nos fuimos. Me fui más adelante temblando, entré en pánico”, aseguró la monja carmelita, quien alcanzó a estar en las orillas del lago “durante sólo cinco minutos”, cuando llegó Pérez con una actitud prepotente “increpándonos de manera muy agresiva”, afirmó a Radio Cooperativa.
Según el relato de Figueroa, la molestia del empresario se desató cuando solicitaron un documento que respaldara que “su terreno deslindaba con el lago” y así confirmar que efectivamente, “no podíamos hacer uso de ese espacio”.
A pesar de que Matías Pérez, uno de los principales financistas de la campaña presidencial de José Antonio Kast, no pudo demostrar que el sector en cuestión era de su propiedad, insistió con echar a las mujeres del lugar, indicándoles que fueran a “instalarse allá donde revientan las olas”.
“Éramos tres mujeres indefensas contra un hombre que debe medir por lo menos 1.85 mts. y pesar más de 100 kilos. La verdad es que yo terminé temblando y casi llorando de impotencia, de rabia y de miedo”, lamentó la hermana Figueroa.
Mientras el Ministerio de Bienes Nacionales realiza actualmente una investigación para determinar si el sector es de uso público o privado, Claudia Figueroa espera que se apliquen las sanciones correspondientes y que “no primen otros intereses” al momento de resolver el incidente.
“Las playas son un bien público, el Lago Ranco es de todos y no tenemos por qué ser amedrentados al hacer uso de la playa (…) No le faltamos el respeto a nadie ni hicimos nada indecoroso”, puntualizó.
La afectada también considera que “lo mínimo” que Pérez debería hacer es pedir disculpas por sus “actitudes misóginas”, ya que a su juicio, hubo intentos de “aprovecharse de que éramos tres mujeres solas y él era una figura imponente”.
