En el Chile que murió con el Golpe de Estado, existían organizaciones sociales, agrupaciones, cuerpos intermedios, que cobijaban y protegían a distintos agremiados, titulares de los más diversos oficios vigentes en nuestra sociedad durante buena parte del siglo XX. Todavía es posible observar, particularmente en regiones, placas de bronce colocadas a la entrada de edificios y locales que los describen como pertenecientes a la “unión de suplementeros”, a la “asociación de artesanos”, a “funcionarios de ferrocarriles”, etc. Es el Chile en que se jugaba al run run con un botón de chaqueta y un hilo grueso o lana.
En ese Chile, antecesor del experimento neoliberal de Milton Friedman, existían clubes deportivos de barrios, asociaciones gremiales, cooperativas de ahorro y préstamo, de funcionarios, cajas, mutuales, sindicatos, etc., y el Estado tenía una proyección – de país subdesarrollado y pobre- de aspirar a un constante crecimiento en sus reparticiones públicas, de manera de articularse a través de ellas con estas organizaciones intermedias de la sociedad y por esta vía generar condiciones de satisfacción de las necesidades sociales.
Buena parte de ese “tejido social” terminó con el golpe militar de 1973, y una vez proscrita la actividad política, emergieron las privatizaciones de empresas públicas, las AFP, los seguros privados de salud, la regionalización y el desmantelamiento del sistema provincial de la estructura de servicios públicos, incluyendo el traspaso de salud y educación a la administración municipal y el fin de funcionarios públicos en esas áreas.
Por la represión de la dictadura, por el desinterés de las autoridades por incentivarlos, o derechamente por una cultura que se fue asentando con el individualismo propio de la nueva sociedad de consumo en Chile, los espacios de reunión, de colectivismo, de asociatividad fueron desapareciendo. Hoy quedan algunos vestigios de este mundo que se nos aparece como tan ajeno a lo actualmente chileno; al jaguar que viaja por el mundo con la tarjeta de crédito de la tienda de ropa.
En ese contexto, el colegio público, el que atiende a sus alumnos con financiamiento fiscal, administrado por un agente privado, o por un agente del Estado, se mantiene como un exclusivo espacio de asociatividad dentro de nuestra sociedad. En el colegio, con motivo de la enseñanza impartida y el cuidado diario prodigado a los menores de edad, se aúnan los anhelos y esfuerzos de docentes y asistentes de la educación, de directivos y administradores, y desde luego, de padres y apoderados. ¿Para qué? Para todo, considerando que los colegios por definición no atienden en función de necesidades locales o territoriales, ni están articulados institucionalmente con esas realidades. (Ese es desafío, entre otros, de la nueva educación pública). En las comunidades educativas – término legal y no político- se discute de todo, desde lo propiamente educativo, hasta las deficiencias en atenciones de salud, en los subsidios para obtener viviendas, en la conectividad del transporte público, las acciones preventivas frente a la delincuencia, la drogadicción en adolescentes, etc.
El colegio chileno representa en la actualidad entonces un verdadero botín, a mi juicio, en una guerra permanente por -nuevamente- asentar visiones político – culturales sobre cómo deben funcionar las cosas en el país. Que si esto o aquello lo debe abordar el Estado, a través de un funcionario calificado, o si corresponde que los propios incumbentes concurran a la administración y solución de problemas comunitarios. Más Estado o menos Estado.
Las reformas escolares propiciadas por el gobierno de Michelle Bachelet son expresión de esta tensión, que es utilizada por el actual gobierno para reponer la discusión y revisar en la opinión pública un modelo de gestión, sobre la base de defender méritos y rendimientos. Y así nos vamos como el run run, de un extremo al otro, y sin un derrotero definido para brindar una educación digna a nuestros niños y jóvenes, que les permita servir de verdadero aporte a sus generaciones.
¿Es negativo que este péndulo político-cultural permanezca por más de cincuenta años bamboleándose de un extremo a otro en la educación pública subvencionada?
Si todas la estructuras instaladas por reformas legales son revisadas tan pronto existe cambio de gobierno, o son susceptibles de servir como moneda de cambio, para sacar adelante el programa en iniciativas no propiamente educativas, es evidente que se atenta contra la necesaria estabilidad de condiciones que requieren todos los usuarios del sistema escolar para desarrollar sus instituciones. Eso en lo teórico.
En lo más concreto, la modalidad del run run refleja todas las inconsistencias y faltas a la debida coherencia en la administración de un sistema global de protección a menores de edad, qué decir sobre entregarles educación de calidad. Ya lo vimos con la Ley de Aula Segura, que como ley propia de seguridad ciudadana derivó en nuevas responsabilidades legales para un profesor a cargo de un colegio. ¿Y no era que las reformas escolares propendían, entre otros objetivos, a mejorar el soporte de gestión de los colegios, y que no distrajeran tiempos laborales de los directores a tareas de administración extraacadémicas?
Es paradójico que estas nuevas obligaciones sean exigidas incluso respecto de los directores de colegios de los servicios locales de educación, que cuentan con profesionales capaces de atender vulneraciones a los derechos de niños y niñas. Esta elección por el director de colegio como brazo armado del sistema de protección de menores es lo más fácil como solución, en un contexto en que las oficinas de protección de derechos carecen de facultades legales, en que la articulación entre las decisiones que afectan a menores dependen de la buena voluntad y criterio de jueces de familia y de la disposición esporádica de fiscales locales del Ministerio Público. Lo más fácil: cargarle la mano a los directores.
Otro ejemplo es la estructura burocrática de las distintas agencias estatales que operan en la educación escolar. ¿Conocen cómo funciona ese elefante blanco denominado “Ministerio de Educación”? Intenten tramitar una petición bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, tan simple como actualizar datos de un colegio, o reclamar por la cantidad e alumnos autorizados para percibir la subvención. El primer escollo a nivel regional será la funcionaria de 70 años a cargo de la oficina de partes. Ella va a decidir dónde debe distribuirse la presentación, y cuándo se comenzará la tramitación interna.
Después, este “papelito” será analizado políticamente por sesudos asesores que escasamente se han relacionado con el sector educacional y que regularmente se insertan en un ministerio para realizar una práctica en su desempeño como operadores políticos. La asesoría justificará su procedencia a través de una minuta manuscrita e ilegible, que contendrá la instrucción sobre la atención del caso, dirigida al técnico de planta que habrá de darle una fundamentación presentable a la decisión del asesor.
Si la respuesta es negativa, replique el trámite en el “nivel central” desde la oficina de partes. Cantidad de funcionarios involucrados en un simple trámite de buzón denota que algo anda mal. Hoy se pueden observar a funcionarios que ingresaron con el gobierno anterior, “castigados” en distintas unidades del ministerio, que calientan su asiento, porque no se les asignan tareas; porque no son de confianza del actual gobierno.
Esto se da porque el Ministerio de Educación pretende replicar tantos funcionarios como órganos de la Administración del Estado requeridos para el examen permanente del reconocimiento oficial. O sea, si el particular presenta un certificado de regularización de edificios escolares, emitido por el departamento de obras de una municipalidad, corresponde que un profesional del ministerio revise lo certificado por el arquitecto responsable de la recepción municipal. Horrible y caro.
Es deseable que agencia de calidad, superintendencia de educación escolar, centro de perfeccionamiento, no repliquen esta pesada estructura funcionaria y privilegien la eficiencia de sus procesos. La realidad, sin embargo, nos demuestra que van en sentido contrario, a lo menos sus funcionarios permeables a los regalos, almuerzos, viajes, etc.
¿Y con ese soporte burocrático, excesivo, a veces poco calificado, pretendemos dar el salto cuantitativo y cualitativo en la educación de calidad que necesitan nuestros jóvenes? Imposible. Incoherente.
¿Por qué en cincuenta años no hemos logrado dar con un marco estable de educación de calidad y protección a los menores de edad?
Por distintas razones existe una discusión constitucional que se ha postergado para que se mantenga la técnica del run run, de ir de un extremo a otro, con la consiguiente disposición de cuantiosos recursos públicos para asentar culturalmente, en los colegios, las visiones que se enfrentan periódicamente y que no se han logrado superar entre ellas.
Se hace urgente tener esa discusión, que genere una cláusula constitucional en educación pública (a cargo de privados o de agentes públicos), que ratifique, sancione y fortalezca lo que se ha instalado, y resuelva aquellas materias que no han quedado suficientemente atendidas por el esfuerzo reformador, por ejemplo, si un colegio desea prestar un servicio de excelencia respetando la inclusión y las becas, con rendimientos académicos más que aceptables al momento de la opción, y se financia con un copago alto (más de 40 mil pesos), por qué no establecerle un estatuto propio, dado que es indudable que a sus padres y apoderados no les interesa la gratuidad; saben que el Estado es incapaz de financiar la excelencia.
Por otro lado, en servicios locales de educación es fundamental que aquellos ya activados vayan mostrando sus mejores resultados, ya no por la vía de los viajes escolares y las “nuevas” experiencias educativas, sino por el cambio cultural que representa la examinación permanente y la exigencia. Sincerar qué entrega como excelencia un colegio público y cuál es su estrategia para mejorar los rendimientos en el corto plazo. Y en contingencia, qué problema existe en que los liceos excelencia y tradicionales seleccionen, sí, seleccionen dentro del territorio de educación pública directa a aquellos alumnos que están en disposición de responder a una alta exigencia académica, y ya no al mínimo de calidad que postula la nueva educación pública como principio general y excluyente.
Cambiar toda la Constitución para hacer operativo este marco de funcionamiento, es una mala excusa frente a nuestros niños y jóvenes que sirve para seguirlos postergando como beneficiarios de una educación de real y efectiva calidad. Es una excusa política de un sistema de segregación que no cambia en generaciones.
Lo concreto, la inversión real en nuestra gente, depende de un pacto constitucional en educación, sólo en educación, sin extenderlo a otras consideraciones ni materias, tal vez de la mano con el sistema de protección de los menores, en el que se pudiera convenir una estrategia de desarrollo propia de nuestro país, que permita a las nuevas generaciones poder aportar efectivamente al desarrollo de nuestra sociedad.
Un pacto en el que convivan la educación pública y sus necesidades más urgentes, como el mínimo de educación de calidad que debe entregar, con el rescate y promoción de los liceos de excelencia, y con los proyectos privados que brindan educación de calidad y excelencia, y que también necesitan seguir creciendo. Este pacto podría servir incluso para definir qué profesiones o técnicos profesionales necesitamos como país, y no seguir llenándonos de cesantes ilustrados. Si existen condiciones claras y definitivas las comunidades educativas podrán comprometerse decididamente en un esfuerzo de país. #Nomásrunrun.
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