“Como profesional de vasta trayectoria en el ámbito de la infancia tanto en nuestro país como internacionalmente y con activa vocación de servicio público, siempre he tenido el adecuado respeto y proceder transparente en la gestión pública con pleno respeto a las leyes y las instituciones del Estado”.
Estas son las palabras de la ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia (Conain), Estela Ortiz, quien en esta oportunidad se defiende de la investigación especial de la Contraloría General de la República que indicó que recibía $3.047.568 millones más de lo que le correspondía por su cargo.
En su defensa, Ortiz argumentó que la investigación de la Contraloría “primero que todo omite el hecho de que todos los contratos y remuneraciones pactados fueron visados a través del procedimiento regular de la toma de razón de la CGR. Además, contiene errores manifiestos y preocupantes en algunos de sus acápites”.
Añadió que el informe “refiere como jurisprudencia que para definir las remuneraciones de funcionarios y personal en base a contrato a honorarios que, a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes, se debe asignar iguales retribuciones”.
“Es precisamente lo que no hace el fiscalizador al analizar y establecer como base de comparación las rentas promedio del escalafón directivo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia sin analizar, homologar y exponer las funciones y responsabilidades que mi contrato estableció para ejercer las funciones de Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia consignadas en el propio Decreto Supremo N° 21 de 2014 que crea este consejo Interministerial”, precisó.
“Dicho escalafón (directivo) -continuó- como base de comparación y según la ley de plantas del ministerio parte en el grado 9 de la escala única de remuneraciones (EUR) y termina en el grado 2 (Jefes de División). Como se entenderá hay una dispersión mayor de funciones y responsabilidades lógicas en la estructura organizacional. Entonces: ¿Cómo es posible analizar en base a un promedio de rentas con diferentes funciones y responsabilidades y concluir lo que señala la CGR?”, agregó.
Finalmente, indicó que “las remuneraciones asignadas en base a mi contrato de honorarios durante el periodo 2014/18 fueron establecidas por las autoridades respectivas teniendo en consideración dichas responsabilidades y objetivos a lograr, los que fueron cumplidos según señala el propio informe del órgano fiscalizador”.
“Los servidores públicos debemos tener una conducta intachable. Por eso siempre he estado disponible para clarificar cualquier duda y evitar cualquier suspicacia, sobre esta y otras materias”, concluyó.
En respuesta a los decargos de Ortiz, la Contraloría señaló que “al efectuar la revisión de legalidad de la contratación a honorarios de la Sra. María Estela Ortiz Rojas, la Contraloría verificó el cumplimiento de los requisitos que la ley establece, pero en dicho control no existe un pronunciamiento sobre el monto específico de a cuánto puede ascender su remuneración”.
El ente fiscalizador agregó que “en lo que concierne a la observación efectuada en el marco de una investigación especial, como en esta misma se señala, fue el mismo Minsegpres (Ministerio Secretaría General de la Presidencia) el que proporcionó el promedio de rentas brutas mensuales por escalafón para analizar las remuneraciones pactadas por Conain”. “De ahí que el análisis -añadió- basado en el principio de eficiencia, ha sido objetivo y tomando algunos casos para graficar las diferencias que podían observarse entre remuneraciones.
Finalmente, en este caso, el informe señala que en lo sucesivo se deben considerar estos principios en las contrataciones que se efectúen”, concluyó la Contraloría.
