Coca Cola Argentina justificó la solicitud ante una caída del consumo y la necesidad de reubicar a su personal, ¿pero realmente la empresa número uno de gaseosas del mundo está en crisis? Según marca la ley N°24.013, una empresa puede llamar a un procedimiento preventivo de crisis cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores.
El procedimiento preventivo de crisis es una herramienta que está en la ley de empleo sancionada en 1991 y que implica que la empresa que quiera efectuar despidos o suspensiones tiene que realizar un procedimiento especial ante el ministerio de Trabajo. “Fue regalmentado pero se aplicó de distintas maneras, requiere muchísima importancia la participación del ministerio de Trabajo si es activo o no”, dice Horacio Meguira, director del Departamento jurídico de la CTA.
Hoy fue Coca Cola.
El promedio de empresas que se han presentado en Procedimientos Preventivos de Crisis es de aproximadamente 60 por año, desde 2005 hasta acá.
El 2018 marcó el pico con un total de 108 empresas. pic.twitter.com/Hgo4BJQpCT — Santiago Bulat (@Santiagobulat)
20 de febrero de 2019
Desde 2016, los procedimientos preventivos de crisis presentados ante Trabajo casi se duplicaron, ya que eran 55 en el primer año de Macri y 108 en 2018. “Si el ministerio no participa activamente, es prácticamente un permiso para despedir”, agrega Meguira. Según sostienen, desde el Estado se pueden gestionar incentivos, como el freno de importaciones de productos de competencia. En estos momentos, aseguran que el ppc se utiliza para despedir mediante el artículo 247 de la ley de contratos de trabajo, que alega causales causas económicos y falta o disminicuión de trabajo.
Un detalle importante es la celeridad con la que el ministerio, degradado a secretaría, abre los procedimientos. “El único objetivo de las empresas es bajar el costo del despido, se presenta cualquier cosa”, considera Meguira. El verdadero objetivo de los procedimientoes es la preservación de los puestos de trabajo, aunque ahora, según denuncian, las empresas persiguen la posibilidad de pagar las indemnizaciones al 50%, entre otros beneficios que otorgan.
