Este fin de semana regresa a Chile el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el lunes 18 estará instalado en su oficina en el patio de Los Canelos de La Moneda. Una reincorporación que distará mucho de ser apacible, porque llegará a enfrentar los cuestionamientos públicos en su contra por los terrenos adquiridos en la Región de La Araucanía y sortear el debilitamiento de su capital político como autoridad gubernamental que esta situación le genera.
No han sido días fáciles para Ubilla, a pesar de estar en Escocia de vacaciones, a donde viajó por el nacimiento de su cuarto nieto. El 3 de marzo, el portal Interferencia informó que en el año 2009 el histórico RN había comprado tres terrenos a Guadalupe Moris en la comunidad indígena Mariano Millahual, ubicada a unos 10 kilómetros de Pucón, y ayer, este mismo medio añadió que el subsecretario del Interior registra una segunda operación en el año 2012, cuando adquirió –por un monto de 24 millones de pesos y a la misma propietaria– otra parcela en esa comunidad de 3.316 metros cuadrados, segunda compra que se realizó cuando, en la primera administración piñerista, ejercía en Palacio el mismo cargo que hoy.
Las críticas estuvieron a la orden del día. El nuevo presidente del Senado, Jaime Quintana, dijo ayer que esta es una situación “que se aparta del espíritu y letra de la Ley Indígena” y el PS anunció que el equipo jurídico del partido está evaluando la posibilidad de presentar una demanda civil contra el subsecretario: “No vamos a prejuzgar, pero se debe investigar no solo la adquisición irregular, sino que además el eventual conflicto de interés”, advirtió el timonel socialista Álvaro Elizalde.
En las redes sociales se pidió insistentemente su renuncia, un terreno altamente sensible para La Moneda, ya que estas son monitoreadas permanentemente para sondear la temperatura de la opinión pública y son, también, un espacio privilegiado donde el Gobierno despliega sus estrategias comunicacionales.
Lo delicado del tema es que los terrenos donde compró Ubilla gozan de un título de merced vigente desde 1908 y están registrados como tierra indígena en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) desde el año 2000. La Ley Indígena (19.253) establece que la propiedad de la tierra indígena “tendrá como titulares a personas naturales indígenas o a la comunidad indígena” y que “por exigirlo el interés nacional, no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”.
A principios de marzo, el subsecretario del Interior explicó que ha actuado “con apego a la ley y la normativa vigente, cumpliendo los requisitos que ella establece”.
La norma establece –agregó en ese momento la explicación de Ubilla– que, además de los títulos de merced, para que una tierra sea indígena “es requisito que personas o comunidades indígenas sean propietarios de ella, lo que no ocurría al momento de la compraventa”.
En La Moneda ayer afirmaron que el subsecretario “no está complicado”, ya que para el Gobierno la información de los nuevos terrenos es parte “de la misma situación que ya se sabía y estaba informada al Ministerio del Interior”, según explicó una autoridad gubernamental. En Palacio agregaron que dicho antecedente no cambia el escenario para Ubilla y que, por lo mismo, “no está en mal pie” en el seno de la administración piñerista, tratando de poner paños fríos a una situación que genera suspicacias.
Cuando partió esta polémica, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, pidió a la Conadi que emitiera un informe sobre la legalidad de la transacción, el cual determinó que no había irregularidades y que los terrenos no eran indígenas. No pensó lo mismo el presidente de la Comisión de Tierras del Consejo Nacional de dicha instancia, José Millaquén, quien consideró que hay “una ilegalidad” en este proceso de compra, ya que la Ley Indígena es explícita en que las tierras son intransferibles.
Chadwick respaldó categóricamente a su subsecretario, pero sí despertó varias suspicacias la respuesta que tuvo en esos días el Presidente Sebastián Piñera sobre el tema: “No conocía la existencia de los terrenos (…) lo estamos investigando”, dijo en una entrevista al matinal “Mucho Gusto” de Mega. Una reacción que varios en el oficialismo consideraron “tibia”, si se compara con la defensa cerrada que ha realizado el Mandatario a otro de sus subsecretarios, Luis Castillo.
Las sospechas
Si bien en la derecha y en Palacio hay quienes consideran que Ubilla tiene el capital político suficiente para sobrevivir a este episodio, hay quienes creen que el panorama efectivamente se le tornó complejo y que, sin lugar a dudas, se le generó una “herida política” no menor.
Una condición de debilidad –advirtieron en la derecha– que es terreno fértil para iniciar la temporada de “facturas políticas” a una autoridad que, dadas sus funciones, ha acumulando “enemigos” fuera del oficialismo, pero también dentro.
Así, sin desconocer el cuestionamiento por el tema de los terrenos y los errores cometidos por la autoridad RN, este episodio ha instalado en ciertos círculos del oficialismo la sospecha de que podría haber intenciones premeditadas de querer hacer tambalear en su cargo al subsecretario más poderoso del piñerismo y que, para muchos, ejerce un papel gubernamental y político de similares características al que cumplía Mahmud Aleuy en la última administración de Michelle Bachelet.
Algunos en el oficialismo no descartan que desde la ultraderecha existan intenciones de presionar para que el subsecretario salga del Ejecutivo, ya que a ojos de este sector se considera que ha tenido mano blanda, especialmente en el manejo del tema mapuche en la Región de La Araucanía. Otros, inquilinos de Palacio, no ponen las manos al fuego para descartar que la UDI esté moviendo algunos hilos para bloquear a Ubilla.
Incluso, en algunos círculos gubernamentales hay quienes miran con cierta suspicacia al jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet, con quien Ubilla no tiene mayor sintonía.
Ambos son dos poderes distintos en La Moneda, responden a miradas diferentes sobre el tono, forma y fondo del Gobierno, además del hecho de que el ex ministro vela por los intereses y poder del gremialismo, mientras que el subsecretario es uno de los pocos representantes de peso de RN en Palacio.
“Si le perdonan la vida, quiere decir que la operación fue de la ultraderecha, si no, efectivamente venía de adentro de La Moneda”, recalcó un RN.
