Para decenas de extranjeros estudiar la maestría en Educación en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), que se localiza Pátzcuaro, Michoacán, era una oportunidad ideal, por tratarse de un organismo reconocido por los países del continente, con una excelente plantilla docente y los gastos de manutención y matrícula asegurados, pero con la llegada de su nueva administración las condiciones cambiaron a tal grado que hasta los alimentos que reciben los alumnos son limitados.
Además, el Crefal cambió su enfoque de centro de investigación y consultoría por el de administrador de las 100 nuevas universidades que creará el Gobierno de México, pese a que se trata de un organismo internacional y, por tanto, es ajeno a la administración pública.
Este último cambio no solo implica hallar un instrumento legal para que el Centro reciba y opere mil millones de pesos presupuestado para el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que están etiquetados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino que también impacta a los estudiantes de la institución.
El Crefal es un organismo internacional, autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, “al servicio de los países de América Latina y el Caribe”, y que fue creado mediante el Convenio de Cooperación Regional entre la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y 12 países de América Latina y el Caribe en 1951.
El Consejo de Administración, conformado por los embajadores de los países miembro es el máximo órgano de decisión, pero es administrado por un director general. Hasta noviembre de 2018, el cargo era ocupado por Sergio Cárdenas, cuyo mandato concluiría en 2020, pero en diciembre de 2019 salió de manera abrupta y Raquel Sosa, lo sustituyó para que desde ese organismo coordinara la creación de las 100 nuevas universidades del Gobierno Federal.
En mayo de 2018, el Crefal lanzó la convocatoria para participar en la segunda edición de la Maestría en Aprendizaje y Políticas Educativas (MAPE), dirigida para estudiantes mexicanos y extranjeros, para formar especialistas con “conocimientos y habilidades para contextualizar y analizar las políticas educativas de su país y la región”, y creada durante la administración de Sergio Cárdenas.
Los seleccionados recibirían una beca que cubría los costos de inscripción al programa, colegiaturas, servicio médico, hospedaje y alimentación de lunes a viernes en las instalaciones del Crefal. Además de un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos para solventar gastos adicionales durante la estancia por un año.
Después de aprobar el proceso de selección que incluyó un ensayo, carta de exposición de motivos y entrevistas, además de documentación académica, y la aprobación del Comité Académico, los estudiantes se enteraron que fueron aceptados en septiembre de 2018.
A partir de entonces, iniciaron los trámites en su país para conseguir la estancia en México como estudiante del Crefal, que entonces estaba dirigido por Sergio Cárdenas, quien se encontraba en el primero de tres años de gestión.
Sin embargo, el abrupto cambio en la administración en diciembre pasado, que colocó a Raquel Sosa como directora general, trajo consigo diferentes condiciones para los estudiantes que ni siquiera habían llegado a territorio mexicano, pues el curso comenzaría en enero de 2019.
Todos los seleccionados recibieron un mail de Gabriela Vázquez, la nueva directora académica, el 22 de diciembre de 2018 en el que les informaban las nuevas condiciones sin mayor explicación: se cancelaba la entrega del apoyo económico y solo se mantendría una comida entre semana como parte de la beca.
Para entonces, muchos ya habían realizado los trámites en su embajada, habían renunciado a empleos o pedido permiso para estudiar en México. Recibieron la noticia como balde de agua fría.
Estaban a unos días de llegar al Crefal y el mail no contenía ni siquiera un sello institucional, por eso es que algunos estudiantes entrevistados que prefieren mantenerse en anonimato por temor a represalias, hasta dudaron que esa comunicación fuera real.
Por ello es que de los 18 seleccionados, apenas 8 aceptaron las nuevas condiciones y viajaron como lo tenían planeado, aunque el primer incumplimiento fue que los alumnos tuvieron que pagar sus vuelos, pese a que los haría el Crefal.
La segunda diferencia fue en la reunión de recibimiento, la nueva administración les informó que el Centro solo se haría cargo de la comida, pero no del desayuno ni cena, lo cual era contrario a la promesa de la anterior administración de hacerse cargo de toda la manutención.
Dicho compromiso incluso estaba asentado en la documentación que entregaron a sus respectivas embajadas y a la representación consular de México para que les otorgaran una visa de estudiante, lo que, además, les prohibiría trabajar.
“Cómo íbamos a pagar el resto de alimentos si no podemos trabajar y renunciamos a nuestros empleos en nuestros países”, dice uno de los alumnos mientras narra esa primera reunión. “Intentamos negociar, les dijimos que podríamos pagar nuestra comida con trabajo en sus nuevas universidades, pero Gabriela respondió que ‘aquí no se estaba negociando nada’.
Después de un intenso debate, los alumnos recién llegados consiguieron que las nuevas autoridades cedieran y otorgaran la alimentación completa de lunes a viernes, pero la cancelación del apoyo económico no tenía marcha atrás.
La batalla no estaba ganada del todo: por el argumento de austeridad, la dieta de los alumnos es limitada. Apenas incluye “lechugas y tortillas, no hemos comido carne en los últimos 15 días. De proteína nos dan medio huevo o un pedazo de queso”, cuenta otro de los alumnos.
Esto es otra diferencia notable en el trato con respecto a la anterior generación que en cada alimento tenía servicio tipo buffet con variedad de carnes, verduras y frutas. Por eso es que algunos han bajado de peso en estos dos meses. “A veces siento que nos tratan peor que reclusos, dándonos puras tortillas”, dice otro alumno.
En otra de las reuniones donde algunos estudiantes confrontaron a Gabriela Vázquez, quien les dijo que la educación “deberían pagarla nuestros países”, por eso es que algunos creen que ese correo del 24 de diciembre era una señal de que a la nueva administración ya no le interesaba que extranjeros estudiaran en la joven maestría.
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Los maestros despedidos
Otra diferencia que vivieron en cuanto llegaron es que la plantilla docente había cambiado. Ya no tendrían como maestros a doctores formados en el extranjero y expertos en investigación educativa y ni siquiera les entregaron el nuevo plan de estudio para las primeras clases.
La coordinadora académica era Eugenia Garduño, doctora en Educación por Harvard, quien además de dedicarse a la investigación, dirigió el Centro de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) en México para América Latina y fue coordinadora general de @prende.mx, órgano desconcentrado de la SEP, responsable de coordinar el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (piad).
Como investigadoras de tiempo completo estaba Ilse Brunner, quien fue una de las directoras generales en el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación (IIIEPE)de Nuevo León. En Estados Unidos fue coordinadora regional del proyecto Accelerated Schools de la Universidad de Stanford, y en las regiones europeas de habla alemana (Alemania, Austria, Suiza, Italia del Norte, Luxemburgo).
Los salarios oscilaban entre 35 mil y 50 mil pesos mensuales, más vivienda en Pátzcuaro, pero la nueva administración, encabezada por Raquel Sosa, no estaba dispuesta a sostener esa cifra, por eso es que fueron despedidos.
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A mitad de noviembre, los investigadores y docentes tuvieron una primera reunión con Raquel Sosa, Gabriela Vázquez y Fidencia Luna, quienes encabezaban la administración, donde les informaron que el Crefal coordinaría la aplicación del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, pero serían bienvenidos al nuevo proyecto siempre y cuando no estuvieran “detrás de un escritorio, sino en campo”.
Pero tras la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación cambió. En otra reunión del 13 de diciembre, Sosa les informó que el área de investigación desaparecería y, por tanto, “no los iban a requerir” y no importó que algunos eran profesores de la Maestría en Educación y los alumnos de la primera generación terminarían curso hasta febrero de 2019. Es decir, despedían a la plantilla académica dos meses antes de concluir.
Entre las molestias de Raquel Sosa con la plantilla docente estaba que parte de la bibliografía para la maestría era en inglés o que los académicos eran jóvenes y con poca experiencia en el aula, aunque varios de ellos tuvieran doctorados en el extranjero, dice en entrevista uno de ellos que prefiere el anonimato para evitar represalias.
Pese a que los nuevo docentes e investigadores les dieron dos días para salir de la vivienda que tenían como prestación, la comunicación oficial de su despido llegó hasta el 26 de diciembre a través de una carta firmada por Gabriela Vázquez, directora académica, y después de la mediación de un abogado.
“Nos permitimos informarle que no nos será posible renovar su contrato como personal académico del CREFAL. Tal como le hemos manifestado, estaremos en condiciones de plantearle las bases para un acuerdo de separación a partir del 15 de enero próximo. La propuesta de convenio deberá estar lista a más tardar el día 10, fecha en que le solicitamos haya desocupado la casa que el CREFAL ha puesto bajo su resguardo durante el tiempo en que ha laborado para la institución”, decía la carta que recibió prácticamente toda la plantilla.
Los docentes e investigadores recibieron el finiquito de ley en enero de 2019 y aún no entienden por qué tuvieron que salir pese a que estaban dispuestos a colaborar en la nueva administración, aunque de hacerlo hubieran tenido que aceptar que su sueldo bajara a 20 mil pesos como parte de las nuevas políticas de austeridad.
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